La Corte Suprema ha autorizado temporalmente al presidente Donald Trump a continuar con la construcción de un nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca, lo que suspende un fallo judicial que habría obligado a detener la construcción a la medianoche del viernes.
La orden de este viernes por la tarde no aborda el estatus legal del proyecto, aunque en el pasado otros dos tribunales han dictaminado que Trump está actuando ilegalmente porque el Congreso no ha aprobado la construcción. En cambio, la medida busca dar a los magistrados tiempo adicional para considerar la solicitud de Trump de que los fallos adversos se suspendan indefinidamente.
La construcción ha avanzado rápidamente, con un equipo de 250 personas trabajando 20 horas diarias, siete días a la semana, según un documento presentado por la administración Trump ante la Corte Suprema. El gobierno indicó que el complejo del salón de baile está “completado en un 65 %”.
La orden del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien se encarga de los casos de emergencia que surgen del Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad e Washington, no estableció un nuevo plazo, lo que significa que la construcción puede continuar en la Casa Blanca hasta que el Tribunal Supremo emita otra orden.
Dado que se trata de una suspensión administrativa gestionada exclusivamente por Roberts, no hubo argumentación, votación ni disidencia. Es seguro que Roberts remitirá el caso a los nueve magistrados.
Desde que regresó al cargo el año pasado, Trump, quien dedicó décadas al desarrollo inmobiliario, ha buscado remodelar diversas zonas de Washington para adaptarlas a sus gustos personales. El proyecto del salón de baile ha sido la parte más importante de ese esfuerzo, y la demolición del antiguo Ala Este de la Casa Blanca el año pasado para dar cabida al espacio para eventos causó consternación en ambos partidos.
“Este será el mayor complejo militar/salón de baile del mundo. No habrá nada igual”, dijo Trump en agosto al hablar del proyecto.
Según fuentes cercanas a su forma de pensar, el presidente considera que el salón de baile y otros proyectos de construcción son la base de su legado, y recientemente sugirió que quienes se oponen a esta iniciativa son “muy desleales a nuestro país”.
El National Trust for Historic Preservation, la principal organización de preservación histórica del país, presentó una demanda contra el proyecto en diciembre y posteriormente convenció a un juez federal en la ciudad de Washington para que ordenara a Trump detener las obras del salón de baile hasta que el Congreso le autorizara a continuar.
El juez, Richard Leon, permitió a los trabajadores seguir construyendo un búnker de alta tecnología bajo el salón de baile proyectado, citando el argumento de Trump de que ambos espacios eran independientes.
Sin embargo, con el paso del tiempo, Trump y altos funcionarios han insistido cada vez más en que toda la estructura era necesaria por razones de seguridad nacional, citando los atentados contra la vida del presidente en los últimos años. Trump intentó, sin éxito, que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington revocara el fallo de Leon. Pero a principios de agosto, el tribunal coincidió con el juez en un fallo dividido que exigía la paralización de las obras a partir del 21 de agosto.
“La decisión sobre si se debe construir o no un salón de baile de grandes dimensiones corresponde al Congreso y no es un asunto que el Ejecutivo pueda resolver por su cuenta”, declaró el Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad en su fallo de 2 a 1.
“El National Trust ha demostrado, de manera contundente, que el Congreso no ha otorgado autoridad ilimitada al Poder Ejecutivo para rediseñar, remodelar y reconstruir drásticamente la Casa Blanca —la Casa del Pueblo— para adaptarla a los deseos de un presidente en particular”, concluyó el tribunal de apelaciones.
Días después, Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema. El procurador general D. John Sauer explicó a los magistrados que el salón de baile era necesario debido a las amenazas previas contra la vida del presidente, las necesidades de seguridad nacional y los valores arquitectónicos.
“El Presidente de los Estados Unidos de América no es un inquilino, sino el único jefe electo del Poder Ejecutivo, y el Congreso lo ha autorizado a renovar, asegurar y proteger la Casa Blanca y sus terrenos, como se les ha permitido a otros presidentes, sin excepción”, escribió Sauer, calificando el fallo de Leon como un “abuso de poder judicial”.
Uno de los principales argumentos del gobierno en el caso es que el Fideicomiso carece de la legitimación procesal necesaria para demandar. Los tribunales inferiores han dictaminado que el Fideicomiso sí tiene legitimación procesal, ya que una de sus miembros, Alison Hoagland, ha demostrado que el nuevo salón de baile perjudica su disfrute de la Casa Blanca como historiadora de la arquitectura.
“La persona dijo que pasó por allí y que no le gustó la vista, aunque no se había construido nada”, declaró Trump esta semana al hablar del caso. “La mujer no tiene ninguna legitimación procesal”.
Al solicitar la intervención de los jueces en la disputa, la administración reveló el avance de la construcción en los últimos meses. Los documentos presentados ante el tribunal indicaban que cientos de trabajadores dedicaban “20 horas al día, siete días a la semana, para mantener el proyecto adelantado y dentro del presupuesto”, y que ya estaba a más de la mitad de su ejecución.
Sauer afirmó que entre los materiales de construcción utilizados se encuentra un tipo de hormigón que también se emplea en centrales nucleares y que es prácticamente imposible de desmantelar.
Los abogados del Fideicomiso se aferraron a este punto al instar a la Corte Suprema a rechazar la solicitud de Trump. Afirmaron que la administración estaba intentando eludir la revisión judicial acelerando un proyecto que, a la larga, podría ser irreversible.
Una decisión favorable al presidente, según declaró el Fideicomiso ante los magistrados en documentos judiciales, causaría a los defensores del patrimonio el tipo de daño irreparable que los tribunales que sopesan disputas de emergencia suelen considerar favorable.
“Nada en la orden judicial cuidadosamente redactada del tribunal de distrito les impide continuar trabajando en el búnker, asegurar el sitio del Ala Este o garantizar la seguridad del Presidente, su familia y su personal”, escribieron los abogados del Fideicomiso. “La orden judicial solo detiene la construcción de un salón de baile sin la aprobación previa del Congreso. Los peticionarios no han demostrado —ni pueden demostrar— que la imposibilidad temporal de construir dicho salón de baile justifique una medida cautelar de emergencia”.
Un reciente análisis de PolitiFact reveló que, en 2026, el presidente dedicó un tiempo considerable a hablar sobre estos proyectos en sus discursos públicos, más que sobre cualquier otro tema, con la excepción de su guerra con Irán.
Y a medida que la batalla legal se ha intensificado, el costo del salón de baile ha aumentado constantemente. Inicialmente, la administración estimó el costo en US$ 200 millones. Trump declaró en otoño que costaría “alrededor de 300 millones”. Este mes, afirmó que ya se habían gastado “casi 400 millones”.
El Washington Post obtuvo contratos y documentos internos que establecen el costo de las modificaciones de Trump al complejo de la Casa Blanca, incluyendo el Jardín de las Rosas, un helipuerto y otros proyectos, en aproximadamente US$ 900 millones.
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The-CNN-Wire
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