Rubén Rocha Moya, político mexicano que fue acusado en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico hace casi cuatro meses —cargos que rechaza—, retomó su posición como gobernador del estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de México y cercano a la frontera con EE.UU.
En un mensaje en X este viernes, Rocha Moya dio a conocer la reanudación de su cargo y dijo que, durante el tiempo que duró su baja temporal como gobernador, se puso a disposición de la justicia mexicana para ser investigado de lo que él calificó como “falsas acusaciones”.
“Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República (FGR) lo ha informado ya, (…) no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”, escribió el gobernador de Sinaloa.
Más tarde, el Gobierno de México informó en un comunicado que el regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa fue una decisión de “carácter personal”.
“Corresponde a la FGR, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con el avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente”, agregó el Gobierno mexicano sobre el caso de Rocha Moya.
El pasado 29 de abril, una oficina del Departamento de Justicia de EE.UU. hizo pública una acusación contra Rocha y otras nueve personas (funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa), a quienes señaló de narcotráfico y de presuntamente tener una alianza con Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
La acusación del Departamento de Justicia sostuvo que los acusados se aliaron con el Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del continente, “para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”. Rocha Moya rechazó las acusaciones desde entonces y aseguró que el asunto representaba “un ataque” contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera el partido oficialista Morena.
Las autoridades de Estados Unidos solicitaron a México que los acusados fueran detenidos provisionalmente con fines de extradición, pero el Gobierno de México argumentó en esos momentos que no había pruebas suficientes para justificar esa medida y que la FGR investigaría los señalamientos.
Unos días después de la acusación, Rocha Moya se separó de su cargo para “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”. En el tiempo que tuvo licencia temporal, la FGR investigó al político sinaloense y lo recibió para declarar como testigo.
A inicios de julio, la Fiscalía dijo que no contaba con pruebas para acreditar las acusaciones en EE.UU. contra el gobernador. CNN contactó a la FGR para conocer si hay detalles adicionales en la investigación contra Rocha Moya y está en espera de respuesta.
Este viernes, el Gobierno mexicano dijo que la Cancillería “ha solicitado de manera reiterada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que aporte las pruebas correspondientes que sustenten los señalamientos realizados”, al tiempo que recordó que “en su momento, la FGR informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas” por la justicia estadounidense.
Casi cuatro meses después de estos hechos, Rocha Moya regresa al cargo de gobernador de Sinaloa repitiendo que las acusaciones en su contra fueron para “dañar (…) al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo”.
Asimismo, el gobernador de Sinaloa aseguró que su acusación en Estados Unidos tuvo “motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”.
Tanto Rocha Moya como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han insistido en que las acusaciones tienen motivaciones políticas desde EE.UU. y México, y que el objetivo es intervenir en asuntos internos del país.
Sheinbaum adoptó una postura cautelosa desde el principio. Aseguró que su Gobierno no va a “proteger a nadie” pero que “tiene que haber pruebas”.
Además, Sheinbaum consideró que este caso podría representar una acción injerencista por parte de Estados Unidos, que desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025 insiste en que México no actúa con firmeza contra los grupos del crimen organizado, a los cuales designó como organizaciones terroristas extranjeras.
Rocha Moya llegó al Gobierno de Sinaloa tras ganar las elecciones locales de 2021 y debe concluir su mandato en octubre de 2027.
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