Buenaventura, en Valle del Cauca, y Quibdó, la capital del Chocó, son territorios del Pacífico colombiano donde viven poblaciones afro e indígenas que históricamente han sufrido la exclusión y el conflicto armado. El devastador terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes ha empeorado el panorama para muchas de estas comunidades.
En Buenaventura, una ciudad de más de 430.000 habitantes y donde se encuentra uno de los puertos más importantes del país, son los ciudadanos los que han liderado la búsqueda de los sobrevivientes entre los escombros y la atención de las víctimas. Sin electricidad ni agua, algunos denuncian que la respuesta gubernamental no ha tenido el mismo impacto y coordinación que en otras ciudades.
Al menos 16 personas fallecieron y 258 resultaron heridas, y la red hospitalaria de la ciudad, conformada por dos hospitales públicos y una clínica privada, superó su capacidad operativa tras el terremoto, según el tercer informe entregado por la Alcaldía distrital de Buenaventura.
“No existe un hospital público de tercer nivel para atender a las personas. Fue una crisis ver a tantos heridos que llegaban al hospital y no había lugares. Se acondicionaron carpas afuera”, dice el líder social Adriel Ruiz en una nota de voz enviada a CNN después de varias horas sin señal.
Médicos y enfermeras han tenido que improvisar puestos de salud en la calle con carpas para atender a los pacientes, en medio de una tragedia que se agudiza por las fuertes lluvias que azotan a esta región.
La crisis empeoró debido al aislamiento que vivió la ciudad durante las primeras 48 horas posteriores al sismo, por el cierre de la única carretera que conecta a Buenaventura con el centro del país como consecuencia de múltiples deslizamientos.
“Estamos incomunicados. No ha venido ningún funcionario del orden nacional. Buenaventura no aparece en el radar de las ayudas”, dice Ruíz, quien también es miembro de la Corporación Memoria y Paz, una organización de trabajo comunitario que junto a otras iniciativas de la sociedad civil recaudan donaciones como alimentos, ropa y materiales de construcción y coordinan la entrega de ayuda en el territorio.
Aunque hay presencia de instituciones locales, las comunidades han cuestionado la ausencia del Gobierno Nacional. CNN consultó al Gobierno por estos reclamos y está a la espera de una respuesta.
El sonido de una sirena fue lo que motivó al padre José Darvinson Quejada Córdoba a salir de la casa parroquial cuando la tierra empezó a temblar. Afuera, la escena era apocalíptica: postes de electricidad que caían alrededor de los vecinos y casas que colapsaban sobre las familias que no alcanzaron a salir.
Quibdó se encuentra apenas a unos 100 km del epicentro del sismo, en San José del Palmar, por lo que sufrió fuerte el impacto.
El sismo dejó en ruinas tanto las infraestructuras de cemento como los palafitos, casas construidas sobre pilotes de madera que les han permitido a estas comunidades desarrollar la vida al lado del Río Atrato y sus afluentes mitigando el impacto de las inundaciones y precipitaciones.
“Es desolador. En las calles hay familias enteras, algunas recogiendo escombros e intentando salvar algunas de sus pertenencias (…) En diferentes puntos de la ciudad hay cambuches improvisados que la gente utiliza para resguardarse y porque les permite estar cerca para excavar incansablemente”, dice Quejada Córdoba, sacerdote de la Diócesis de Quibdó.
Aunque en territorio hay presencia estatal, las comunidades sostienen que la respuesta a la emergencia no fue inmediata ni coordinada entre las diferentes entidades. CNN consultó al Gobierno Nacional por estas denuncias y está a la espera de una respuesta.
El líder religioso ha articulado a organizaciones comunitarias para atender a los damnificados: identifican a las víctimas, priorizan las necesidades, buscan refugios temporales y recaudan donaciones. “Identificamos quiénes pueden ayudar a otros con lo poco que tienen: prestando ropa, alimentos, medicamentos, agua”, dice. Además, con el apoyo de voluntarios, organizan ollas comunitarias en los barrios más afectados por el sismo.
El sacerdote reconoce que la magnitud de esta tragedia no tiene precedentes: “No hay la alegría que ha caracterizado a nuestra gente, que es muy resiliente en medio de todo. Hoy no hay rostros contentos, hay rostros apagados, sufriendo”.
Según cifras oficiales de la Gobernación de Chocó, en el departamento se registran 13 muertos, 182 heridos, 8.056 familias damnificadas, 1.144 viviendas destruidas y 8.688 averiadas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo asegura que las cifras de personas afectadas son preliminares y que “tres días después del terremoto, aún hay territorios y comunidades indígenas con las que no se ha podido establecer comunicación”.
Además, la entidad instó a las autoridades a acelerar los censos para establecer el alcance de la emergencia, especialmente en las comunidades de las que aún no se tienen reportes oficiales, y poder priorizar la atención.
Antes del sismo estas poblaciones ya atravesaban una situación crítica.
En Buenaventura, a pesar de tener el principal puerto marítimo de Colombia, por donde se moviliza la mitad del comercio internacional país, su población sufre altas tasas de desempleo. En 2024, alcanzó el 26,9 %, superando el promedio nacional (10,2 %) y departamental (12,1 %), según cifras oficiales.
Chocó es el departamento más pobre de Colombia, según las cifras publicadas este miércoles por el DANE. En 2025, el 65 % de su población no tenía ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir. Quibdó, su capital, registró un aumento respecto al año anterior.
La crisis humanitaria que enfrentan los habitantes del Pacífico colombiano no es consecuencia exclusivamente de un desastre natural sino del “racismo estructural del Estado colombiano”, señala la politóloga e historiadora Erika Parrado, es decir, un Estado que “no reconoce los derechos de las poblaciones negras e indígenas y que niega sus demandas”.
Este racismo se manifiesta en “una mirada andinocéntrica que establece una relación de desigualdad y exclusión frente al Pacífico”, según Parrado, quien ha acompañado procesos comunitarios en Buenaventura durante una década. “Los Gobiernos de Colombia han pensado a esta región bajo una lógica extractivista (…) como un territorio con recursos naturales para explotar: oro, plata, madera”.
Además, analiza cómo la inversión estatal se ha realizado bajo una lógica de desarrollo económico que favorece al país, pero no genera progreso en la región: “Buenaventura es una ciudad que históricamente se ha construido en función del puerto. Por ejemplo, el acueducto se construyó para el ferrocarril a comienzos del siglo XX. Entonces, es una ciudad que no tiene acueducto porque se pensó para abastecer de agua a los trenes y a los barcos. Hoy, los únicos lugares que tienen agua 24 horas son ciertos sectores de la isla, sobre todo la zona hotelera y el puerto”.
La presencia de actores armados en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, considerados corredores estratégicos para las economías ilegales como el narcotráfico y la minería debido a su ubicación geográfica, plantea un desafío adicional para la atención de la emergencia.
El Comite Internacional de Cruz Roja (CICR) ha advertido su preocupación por las consecuencias humanitarias del terremoto “en áreas afectadas por los conflictos armados, donde la población es especialmente vulnerable y el acceso del equipo de apoyo es complicado”.
Y este año, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los riesgos de que enfrentan las comunidades del Chocó debido a las confrontaciones entre el ELN y las disidencias Estado Mayor Central, la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en zonas urbanas y rurales, y la incursión incursión intermitente de los grupos de crimen organizado.
Colombia ahora concentra sus esfuerzos en responder a la emergencia y brindar atención inmediata a los damnificados. Sin embargo, a largo plazo deberá hacer frente a otro reto: la recuperación no dependerá únicamente de la reconstrucción física de los territorios, sino también del acompañamiento estatal a las comunidades.
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