La mujer que enfrenta el primer caso en la historia del Tribunal de Deportación de Extranjeros por Terrorismo impugnó la constitucionalidad del tribunal, lo que supone una prueba crucial para la decisión del gobierno de Trump de activarlo, un tribunal que nunca se había utilizado en sus 30 años de historia.
Los abogados de Nazira Haji Zada —una residente permanente legal oriunda de Afganistán y acusada de simpatizar con ISIS y de ayudar a su hijo en un complot terrorista frustrado contra las elecciones de 2024— afirmaron durante una audiencia inicial este jueves que el procedimiento del tribunal contraviene varias enmiendas de la Constitución.
“Todo este plan viola el debido proceso y es inconstitucional”, declaró Matthew Farley, defensor público federal designado para representar a Haji Zada.
Sus argumentos podrían dar pie a meses, si no años, de litigio sobre la constitucionalidad del tribunal, una cuestión que podría llegar hasta la Corte Suprema.
La jueza Joan Ericksen, presidenta del tribunal y encargada del caso, denegó la solicitud de liberación inmediata de Haji Zada. Sin embargo, indicó que estas cuestiones constitucionales se debatirán junto con otras disputas legales ya surgidas en este caso sin precedentes.
El Congreso creó el tribunal en 1996 para que el gobierno protegiera los secretos de Estado en casos de deportación donde la divulgación de pruebas contra un presunto terrorista extranjero pusiera en riesgo la seguridad nacional. (Terrorista extranjero es un término definido en la ley de inmigración).
Hasta la decisión del Departamento de Justicia de presentar la demanda contra la mujer a principios de este mes, las administraciones anteriores evitaron recurrir al tribunal, optando en cambio por los procedimientos habituales de deportación para el manejo de información clasificada.
Los documentos que se han hecho públicos en el caso contra Haji Zada ofrecen una visión muy limitada de por qué el gobierno la considera terrorista y por qué cree que revelar esas pruebas pondría en peligro la seguridad nacional. Los procedimientos judiciales permiten al gobierno ocultar esas pruebas no solo al público, sino también a la propia acusada de terrorismo extranjero.
Farley calificó esos procedimientos de “lamentablemente inadecuados” y señaló que el resumen no clasificado del caso que se le entregó a Haji Zada constaba de solo dos párrafos, y que uno de ellos simplemente describía las condenas previas de su hijo y su yerno por el complot terrorista.
El verano pasado, los hombres —Abdullah Haji Zada y Nasir Ahmad Tawhed— se declararon culpables de los cargos que los acusaban de comprar rifles y municiones para un atentado terrorista planeado para el día de las elecciones de 2024. Los fiscales alegaron el jueves ante el tribunal que la acusada, Nazira Haji Zada, había contribuido a “radicalizar a la familia”.
Ericksen indicó que planeaba examinar minuciosamente la justificación del gobierno para mantener ocultas las pruebas a Haji Zada y al público. La jueza afirmó que una explicación general no sería suficiente y que, para cada dato que el Departamento de Justicia no pudiera revelar, exigiría “una razón y un fundamento que justifiquen por qué su divulgación sería perjudicial para la seguridad nacional”.
La audiencia de 45 minutos —la primera audiencia pública ante un tribunal, tras una sesión a puertas cerradas con solo el Departamento de Justicia y la jueza a principios de este mes— tuvo como objetivo explicar a la presunta terrorista extranjera las acusaciones generales en su contra y algunos de los procedimientos judiciales. Haji Zada fue arrestada el martes en Texas, donde reside. Se comunicó con dos intérpretes, principalmente asintiendo con la cabeza para confirmar que entendía lo que se decía.
Más allá de las alegaciones constitucionales que sus abogados afirmaron plantear, ya está surgiendo una controversia en torno al intercambio de información clasificada en el caso. La ley otorga a Haji Zada, como residente permanente legal, el derecho a un abogado especial que puede examinar pruebas clasificadas e interrogarlas en su nombre, pero no compartir esa información con ella. Sin embargo, el Fiscal General Adjunto Interino, Hayden O’Byrne, quien representó al Departamento de Justicia en la audiencia, afirmó que otra disposición de la ley permite al gobierno retener cierta información clasificada también a dicho abogado especial.
Ericksen indicó que el asunto se presentará por escrito y que necesitará argumentos muy sólidos del Departamento de Justicia para respaldar su postura.
La jueza reconoció que, dado que este era el primer caso en un tribunal que había estado inactivo y sin ser puesto a prueba durante tres décadas, aún se encontraba en las primeras etapas de la implementación de su infraestructura. Tanto ella como los abogados consultaron copias impresas del estatuto pertinente durante la audiencia, y parte del procedimiento se centró en la logística de la presentación de documentos judiciales, ante la ausencia de un sistema digital de presentación de expedientes, que se encuentra en proceso de implementación.
La jueza reconoció que podría haber momentos que parecieran “menos elegantes”, al tiempo que expresó su compromiso de llevar adelante el caso con “fidelidad a la Constitución”.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.