Un juez federal autorizó oficialmente este miércoles al Gobierno de Trump a poner fin a las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de haitianos, marcando el paso final, por ahora, en un caso que duró meses y llegó hasta la Corte Suprema.
El anuncio de la jueza federal Ana Reyes se produce más de un mes después de que el Tribunal Supremo revocara un fallo que ella misma había emitido a principios de este año, que suspendía los planes del Gobierno para poner fin al programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos que huyeron del país en los últimos años debido a la inestabilidad política y a los desastres naturales.
“La orden del tribunal, que había suspendido la fecha de entrada en vigor de la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de terminar la designación de Haití para el Estatus de Protección Temporal, pendiente de revisión judicial, ya no está vigente”, escribió Reyes.
La orden aclara una duda que había generado confusión entre los aproximadamente 350.000 haitianos beneficiarios del programa. Tras la decisión del Tribunal Supremo a finales de junio, seguía sin estar claro cuándo, exactamente, se eliminarían oficialmente las protecciones.
Según dos fuentes familiarizadas con los planes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya había comenzado a perseguir a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), incluidos los haitianos, cuyo estatus estaba por expirar. La orden de este miércoles allana el camino para que la administración comience a deportarlos a un país que el Departamento de Estado ha advertido repetidamente que es peligroso e inestable.
“Los estamos persiguiendo ahora mismo”, declaró el secretario del DHS, Markwaye Mullin, a NewsNation esta semana. “Estas personas pueden deportarse voluntariamente o las arrestaremos y las enviaremos de regreso. Así de simple”.
Algunos de los que se habían beneficiado del programa podrían no verse afectados por su cancelación si estaban tramitando otras medidas de alivio migratorio, como asilo u otras solicitudes de estatus legal.
Mientras tanto, el caso supervisado por Reyes continuará, y los haitianos seguirán insistiendo en su demanda de que el Gobierno actuó con intención discriminatoria al eliminar las protecciones que les permitían vivir y trabajar en Estados Unidos.
En varios otros casos que impugnan la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de Etiopía, Birmania y Sudán del Sur, los jueces han bloqueado en las últimas semanas su implementación mientras evalúan nuevas demandas legales, lo que ha provocado una fuerte reacción pública por parte del Gobierno de Trump, que argumenta que dicho estatus siempre tuvo un carácter temporal.
La decisión de la Corte Suprema a principios de este verano dictaminó que los tribunales federales no tienen la facultad de revisar las impugnaciones a la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para varios países, basándose en alegaciones de que el Gobierno no siguió el procedimiento legal adecuado. Reyes, nombrada por el expresidente Joe Biden, basó parcialmente su decisión en la conclusión de que la entonces secretaria Noem eludió la ley al poner fin al programa.
La jueza también concluyó que la decisión probablemente estuvo motivada por prejuicios raciales contra los haitianos, pero la Corte Suprema afirmó que las pruebas presentadas en el caso no respaldaban dicha conclusión. Ahora, los abogados de los haitianos continuarán buscando pruebas adicionales para fortalecer su argumento.
“Nada en la decisión sugiere que los demandantes no puedan intentar reunir las pruebas adicionales necesarias para demostrar su derecho a la igualdad de protección”, declararon los abogados de los migrantes ante Reyes en un documento judicial presentado el mes pasado.
La pérdida de los haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS) afectará especialmente al sector del cuidado de ancianos, incluyendo residencias y agencias de atención domiciliaria.
Incluso antes de la decisión de este miércoles, algunas residencias de ancianos comenzaron a despedir a estos empleados cuando su autorización de trabajo expiró a principios de la semana pasada.
Westminster Communities of Florida despidió a 12 haitianos con TPS que trabajaban como auxiliares de enfermería certificados (CNA), personal de comedor y personal de limpieza en sus centros de atención continua. Los reemplazará con trabajadores temporales, según sea necesario, declaró Amanda Birch, directora de recursos humanos, a CNN.
Pero el cambio no es fácil, dijo Birch.
“También resulta perturbador para los residentes que lleguen nuevos miembros del equipo, a quienes realmente no conocen, después de haber forjado relaciones con los integrantes anteriores a lo largo de los años”, señaló.
Algunos de los beneficiarios del TPS han contratado abogados con la esperanza de solicitar otro estatus que les otorgue autorización para trabajar, comentó. Otros planean mudarse a Canadá, donde tienen familiares.
Otra proveedora de servicios de atención a largo plazo en la Costa Este declaró a CNN, a principios de la semana pasada, que no despediría a ninguno de sus 32 empleados haitianos con TPS a menos que se viera obligada a hacerlo. Seis de ellos trabajan en la residencia de vida asistida de la empresa y el resto en el centro de enfermería especializada. Muchos son auxiliares de enfermería certificados (CNA), mientras que otros desempeñan funciones en las áreas de alimentación y apoyo. Varios llevan más de 20 años trabajando para la empresa.
Resulta difícil contratar auxiliares de enfermería, y la mayoría de estos empleados son inmigrantes, explicó la proveedora, quien pidió a la CNN que no revelara su nombre ni el de su centro para evitar llamar la atención de las autoridades migratorias. A medida que la población estadounidense envejece, la necesidad de estos auxiliares será aún mayor.
Asimismo, los residentes y sus familias dependen del trabajo que realizan los haitianos con TPS y lo valoran, afirmó la proveedora. Destacó la gran cantidad de cartas de agradecimiento y elogio que ha recibido sobre una empleada con larga trayectoria en la empresa.
“Es una persona que realiza una labor importante que nadie más quiere hacer”, dijo la proveedora. “Vamos a enviarla de vuelta a un lugar desconocido, devastado por la guerra y peligroso. Una mujer que ha pagado impuestos, que ha criado a sus hijos aquí y que ha echado raíces en este país. ¿Para qué? ¿Qué pretenden conseguir?”
Además del sector de atención a personas mayores, los haitianos con TPS también trabajan en los sectores de hostelería, comercio minorista y restaurantes; todos ellos tendrán que afrontar la pérdida repentina de trabajadores.
A principios de 2025, cerca de 190.000 haitianos con TPS estaban empleados, según un análisis de FWD.us, una organización de defensa y políticas centrada en la inmigración que apoya el TPS para los haitianos. Aportan una cifra estimada de US$ 5.900 millones a la economía estadounidense, además de pagar US$ 1.600 millones en impuestos federales, estatales y locales.
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