A menos de 50 días para la primera vuelta electoral, la campaña presidencial en Brasil parece tener dos nuevos polos cuyos nombres no estarán en las urnas, pero que igualmente dividen a la mayoría del electorado entre partidarios y críticos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y del principal candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).
Por un lado, el hijo del actual mandatario se ha convertido en blanco de tres investigaciones y, con ello, vuelve a aparecer un espectro que ya ha perseguido otras campañas electorales en el pasado. Primogénito de Lula, Fábio Luís Lula da Silva es conocido como Lulinha, y sus relaciones con una lobista y un empresario preso por vínculos con fraudes en jubilaciones y pensiones se han convertido en un plato lleno para que los opositores del PT vuelvan a asociar al partido con esquemas de corrupción.
En contrapartida, desde hace meses otra figura amenaza con enredar el juego electoral a través de una negociación inconclusa que puede exponer esquemas ilegales de financiamiento político y lavado de dinero. Se trata del exbanquero Daniel Vorcaro, cuyos mensajes de celular con personalidades públicas incluyen al propio Flávio Bolsonaro, en pedidos de millones de reales para financiar una biopic del padre, el expresidente Jair Bolsonaro, llamada Dark Horse.
Cada uno de estos casos tiene dinámica propia, pero los mismos actores institucionales dosifican el ritmo de las investigaciones y de la información que termina saliendo a la luz cerca de las semanas decisivas de la primera vuelta: la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y, principalmente, el Supremo Tribunal Federal (STF).
Entre el 30 de julio y el 4 de agosto, el STF autorizó tres investigaciones sobre Lulinha, todas bajo sospecha de tráfico de influencias. Las dos primeras tienen como relator al ministro André Mendonça. Estos casos tratan de la supuesta actuación del hijo de Lula ante el Ministerio de Salud en favor de negocios con cannabis medicinal y de contratos de una empresa estatal que procesa datos de jubilaciones y pensiones.
La Policía Federal investiga la relación de Lulinha con un empresario, Antônio Carlos Camilo Antunes, apodado “Careca do INSS” (el Calvo del INSS, sigla del instituto de la seguridad social) y señalado como operador del esquema de descuentos indebidos en jubilaciones y pensiones pagadas por la Seguridad Social a millones de brasileños. Él se habría acercado al hijo del presidente a través de una lobista, Roberta Luchsinger, amiga personal de Lulinha y figura clave en el potencial de daño que los casos pueden representar en la campaña de reelección de Lula.
Una nueva cuestión sobre estos casos, recién conocida por el público, es que la Procuraduría General evalúa que estas investigaciones deberían estar bajo la responsabilidad de la primera instancia judicial, y no de la Corte Suprema. La tendencia es que Mendonça discrepe y mantenga los casos bajo su relatoría.
La tercera investigación autorizada por el STF es relatada por el ministro Flávio Dino, exintegrante del Gobierno de Lula, y está bajo secreto. La investigación analiza la supuesta actuación de un grupo de personas para intentar favorecer empresas ante el gobierno e involucra a otro nombre que se ha convertido en un riesgo para Lula: el exjefe de gabinete de la Presidencia Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola. Al hacerse público que recibió dinero y joyas de Roberta Luchsinger —lo que él alega fue un préstamo personal ya saldado—, Marcola se desligó de la campaña de reelección de Lula.
La defensa de Lulinha niega irregularidades y señala motivación política en las investigaciones. Los órganos del Gobierno afirman no tener contratos con las empresas objeto de las investigaciones. A pesar de ello, los casos se han vuelto recurrentes en los titulares de la semana y ciertamente serán recordados por los candidatos de la oposición. La cuestión es en qué grado de intensidad.
Flávio Bolsonaro siempre ha buscado vincular al PT de Lula con la corrupción, y ha hecho esto con las investigaciones sobre fraudes en las jubilaciones. Pero él mismo y la campaña del candidato del PL entienden que hay límites para no hacer que la elección presidencial tenga los escándalos como tema principal de la disputa.
Desde mayo, Flávio se vio impactado por la revelación de mensajes y audios extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro, controlador del extinto Banco Master que está preso y sería el presunto eje de un esquema multimillonario de fraude financiero, investigado por la Operación Compliance Zero. El candidato del PL pidió directamente al exbanquero valores que sumarían R$ 134 millones (casi US$ 26 millones) para financiar la película Dark Horse, biografía cinematográfica sobre Jair Bolsonaro cuyo intérprete es el actor estadounidense Jim Caviezel.
El 23 de julio, el mismo ministro del STF André Mendonça autorizó a la PF a investigar aproximadamente R$ 61 millones (casi US$ 12 millones) transferidos por Vorcaro a la producción. La campaña de Flávio admite la solicitud, pero niega ilegalidad: sería patrocinio privado para una película privada, sin dinero público.
El jueves, el senador calificó el episodio como “página pasada” y evitó detallar las cuentas, lo que había prometido hacer el 15 de mayo, cuando le pregunté si haría público el contrato y los números de la producción en una entrevista a CNN Brasil. “Estoy 100% dispuesto”, respondió Flávio.
A partir de esta semana, se espera que encuestas salgan a campo para medir la percepción de los electores sobre los casos y el posible impacto en las intenciones de voto de Lula y Flávio. Los sondeos más recientes muestran una reducción de la ventaja del petista sobre el candidato del PL.
El caso que involucra a Lulinha toca la máquina pública en frentes sensibles para el elector común: salud, previsión social y contratos estatales. En el pasado, las actividades empresariales del hijo del presidente fueron cuestionadas e incluso hubo rumores de que sería socio oculto de grandes conglomerados, pero nada fue probado ni tuvo el peso de tres investigaciones policiales con la gravedad de las investigaciones abiertas este año.
El episodio Dark Horse pone a Flávio tratando con recursos privados, pero sitúa al candidato como interlocutor de un banquero no solo responsable de miles de millones de reales en perjuicio para el sistema financiero, sino también como patrocinador de un esquema destinado a corromper políticos de diferentes espectros ideológicos a través de favores, fiestas y viajes internacionales.
Son naturalezas distintas con un punto en común: el impacto electoral, en este momento más desfavorable para Lula que para Flávio. Si el caso Lulinha altera el rumbo de la disputa presidencial, sería una ironía inimaginable para cualquier escritor o guionista que el hijo de Jair Bolsonaro derrote al principal adversario de su padre con la ayuda involuntaria del hijo de Lula.
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