Una conmoción silenciosa se desarrolla en hogares, escuelas, iglesias y lugares de trabajo de todo Estados Unidos, mientras las familias intentan prepararse para —o evitar— un encuentro con las autoridades migratorias.
Algunas han abandonado Estados Unidos tras décadas de construir su vida aquí. Otras han considerado dar a su hijo aún no nacido en adopción para que el bebé pueda, quizás, tener un futuro mejor.
Hay padres que designan tutores para sus hijos en caso de ser detenidos o deportados, mientras que otros han dejado de trabajar, de hacer la compra o incluso de salir de casa, dependiendo en su lugar de vecinos e iglesias.
Las decisiones son profundamente personales. Algunas son irreversibles.
Emma Confesor estaba embarazada de su cuarto hijo cuando una pregunta que nunca había imaginado empezó a quitarle el sueño: ¿tendría su bebé un futuro mejor si lo criara otra persona?
Confesor, de 39 años, emigró desde Puebla (México) hace más de dos décadas. Sin embargo, la incertidumbre en torno a los intentos del presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento la llevó a considerar dar a su hijo aún no nacido en adopción.
“No me parecía justo que el bebé no tuviera la ciudadanía”, dijo Confesor entre lágrimas. “Había considerado la adopción para que el bebé pudiera tener un futuro mejor”.
Durante semanas, esa posibilidad la obsesionó. Confesó que le costaba dormir por miedo a que a su hijo se le negara el futuro que ella creía que debía tener todo bebé nacido en Estados Unidos.
Confesor no era la única.
En una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra el decreto de Trump, otra mujer embarazada relató que llegó a estar tan desesperada por garantizar que su hijo naciera ciudadano estadounidense que preguntó a su médico si se podía inducir el parto antes de tiempo para que el niño llegara antes de que la medida entrara en vigor. Su médico le aconsejó no hacerlo.
Entonces llegó la decisión que lo cambió todo.
El 30 de junio, la Corte Suprema dictaminó que la 14° Enmienda garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento, rechazando así el intento del Gobierno de poner fin a la ciudadanía automática para los hijos nacidos en suelo estadounidense de padres que no son ciudadanos.
Para Confesor, el miedo que había marcado su embarazo empezó a disiparse.
“Me siento aliviada”, afirmó. “No dejaba de pensar: ‘No es justo’. No dormía bien porque me preocupaba que esto pudiera afectarme. No solo a mí, sino a tantas madres que van a tener a sus bebés aquí”.
Mientras Confesor temía por el futuro de su bebé, otros padres se preparaban ante la posibilidad de no estar presentes para criar a sus hijos, quienes nacieron como ciudadanos estadounidenses.
En Maryland, una madre salvadoreña firmó documentos legales para designar al padre Vidal Rivas, sacerdote de su iglesia local, como tutor temporal de su hijo de 7 años en caso de que ella y su esposo fueran deportados.
“No es fácil firmar un documento en el que sientes que estás entregando a tu hijo a otra persona”, dijo entre lágrimas a Univision, cadena afiliada a CNN.
La incertidumbre, comentó, le había pasado factura.
“No dejo de darle vueltas al asunto… Siento que mi salud se ha deteriorado porque simplemente no sabes qué va a pasar”, dijo. “Sinceramente, me he quedado en casa, rezando para que se haga la voluntad de Dios”.
Ella forma parte de un número creciente de padres inmigrantes que elaboran planes de contingencia por si llegan a ser detenidos o deportados.
Muchas familias ya se han visto obligadas a separarse. Una investigación de CNN publicada en septiembre del año pasado reveló que más de 100 niños ciudadanos estadounidenses —desde recién nacidos hasta adolescentes— habían quedado sin sus padres tras operaciones de control migratorio. Algunos fueron acogidos por familiares, vecinos o amigos de la familia; otros pasaron al sistema de acogida temporal.
En la Iglesia Episcopal de San Mateo (St. Matthew’s Episcopal Church) en Hyattsville, Maryland, Rivas ha sido designado tutor legal suplente de al menos 31 niños cuyos padres temen ser detenidos o deportados.
“Muchos de estos padres no tienen otros familiares en el país”, dijo Rivas. “Algunos quieren que sus hijos se queden aquí. Yo asumiría la responsabilidad legal de ellos para que puedan seguir asistiendo a la escuela y tener lo que necesitan. Otros padres esperan que sus hijos puedan terminar la secundaria antes de ser enviados a reunirse con ellos”.
Rivas afirmó que actuará como tutor durante el tiempo que las familias lo necesiten. “Es realmente como si fueran tus propios hijos”, comentó.
Para otros, marcharse se ha convertido en la única opción que todavía sienten como propia.
Abdiel y Adilene Domínguez habían construido casi toda su vida en Minnesota. Abdiel llegó desde México a los seis años y Adilene cuando era una bebé; ambos estaban protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga a ciertos inmigrantes traídos a EE.UU. cuando eran niños una protección temporal contra la deportación y autorización para trabajar, aunque no un estatus legal permanente.
Se casaron, criaron a cuatro hijos, compraron una casa y fundaron una iglesia en Minneapolis.
Sin embargo, a medida que se intensificaban las medidas de control migratorio, declararon a CNN que sentían miedo de ir a las tiendas o enviar a sus hijos a la escuela. Abdiel también comentó que le habían informado que su licencia de conducir comercial sería cancelada.
En lugar de esperar a ver qué sucedía, vendieron su casa, sus vehículos y sus pertenencias, y se marcharon a México.
Siete meses después, vivían con la madre de Abdiel en Morelos, donde los niños tenían dificultades con el español y con la inscripción escolar, mientras sus padres intentaban adaptarse a un país que ya no les resultaba familiar.
“No sé nada sobre México”, dijo Adilene a la CNN. “Todo lo que conozco es Minnesota. Estoy en estado de shock”.
Los Domínguez se marcharon por su cuenta, sin recurrir a ningún programa federal. No obstante, la presión que describieron refleja una estrategia más amplia del Gobierno de Trump para incentivar a los inmigrantes a marcharse voluntariamente.
El proyecto “Homecoming”, una iniciativa dotada con US$ 915 millones, ofrece vuelos gratuitos y ayudas económicas de hasta US$ 2.600 a los inmigrantes que deciden marcharse a través de la aplicación CBP Home. Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisado por CNN en marzo reveló que cerca de 72.000 personas habían salido del país a través del programa; más de la mitad ya se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al momento de inscribirse.
Asimismo, en lo que va del año fiscal, más de 72.000 casos en los tribunales de inmigración concluyeron con una salida voluntaria, frente a los más de 35.000 registrados el año anterior.
Estas consecuencias también están transformando la vida de los ciudadanos estadounidenses que forman parte de familias de estatus migratorio mixto.
En Pittsburgh, CNN acompañó a Julio Mendoza —un inmigrante mexicano indocumentado que residía en Estados Unidos desde los 11 años— mientras se preparaba para marcharse junto a su esposa estadounidense, Sasha, y sus tres hijos nacidos en el país.
Sasha comentó que temían que Julio fuera detenido un día y simplemente no regresara a casa. Para evitar ese riesgo, toda la familia decidió trasladarse junta a México.
“Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos”, declaró Julio a CNN.
Para las familias que deciden quedarse, la alteración de sus vidas suele manifestarse de forma silenciosa, a través de las rutinas que comienzan a abandonar.
En todo el país, los inmigrantes han dejado de asistir al trabajo, han retirado a sus hijos de la escuela y evitan acudir a tiendas, iglesias y otros lugares que antes eran ejes fundamentales de su vida cotidiana.
Jacobita Cortés, pastora metodista unida en Chicago, señaló que el miedo ha modificado la dinámica de su comunidad. “Tienen miedo de ir a la tienda, al supermercado”, dijo Cortés a CNN. “¿Adónde va nuestra gente? A los supermercados donde compran las tortillas y la carne; a la iglesia donde van a dar gracias a Dios”.
Algunas iglesias, señaló, han trasladado sus servicios a internet, mientras las congregaciones ayudan a las familias que temen salir de casa a hacer la compra o a organizar la recogida de los niños en la escuela mediante vecinos y voluntarios.
“Si alguien necesita que otra persona haga las compras, solo tiene que levantar el teléfono y llamar”, dijo Cortés. Para los padres que sienten miedo, añadió, el consejo es “buscar a alguien que pueda ayudar, un vecino o alguien que pueda recoger a los niños de la escuela”.
Este mismo patrón se ha observado en otros lugares. En Minneapolis y Nueva Orleans, CNN constató cómo tiendas y restaurantes, habitualmente concurridos, quedaban desiertos durante los operativos federales de inmigración, ya que algunos inmigrantes evitaban ir a trabajar y los padres no llevaban a sus hijos a la escuela.
En el barrio de Little Haiti, en Brooklyn, las calles y los negocios —normalmente muy animados— han quedado en silencio después de que la administración Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal para los haitianos.
Los líderes comunitarios también advirtieron sobre las repercusiones en hospitales, residencias de ancianos y servicios de atención médica a domicilio, sectores donde trabajan muchos inmigrantes llegados de Haití.
Para algunos, el miedo ya no se limita a la posibilidad de ser deportados; está transformando lo que significa vivir en Estados Unidos.
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