Una jueza federal anuló este viernes la prohibición de visados impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países al determinar que era “contraria a la ley” y que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
El Departamento de Estado suspendió en enero la emisión de visas de inmigrante para casi el 40 % de los países del mundo, incluidos Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia, en una medida que, según afirmó, evitaría la entrada de personas que “recibirían asistencia social y beneficios públicos”.
La jueza Jeannette Vargas del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan cuestionó la justificación del Departamento de Estado para esta política, revocando cualquier denegación de visa basada únicamente en ella, lo que supone otro revés para la represión inmigratoria de la administración Trump.
Según la ley, un inmigrante solo puede ser rechazado por ser una posible “carga pública” (alguien que se espera que dependa del apoyo del Gobierno) después de que un funcionario consular evalúe las finanzas, la edad, la salud, las habilidades y la situación familiar de esa persona.
Vargas determinó que, en la práctica, los funcionarios estadounidenses tenían la orden de rechazar las visas de los solicitantes, incluso de aquellos que podían mantenerse por sí mismos, basándose únicamente en el país de origen.
La prohibición suspendió los visados de residencia permanente para las personas que se reunían con familiares o que aceptaban trabajos en EE.UU., pero no se aplicó a los visados de no inmigrante, como los de turista o de estudiante.
Un cable que Rubio envió a todas las misiones diplomáticas y consulares, y que quedó registrado en el expediente del caso, ordenaba a los funcionarios que rechazaran a los solicitantes incluso cuando alguien “presentara pruebas adicionales que demostraran que superaba la objeción por ser considerado carga pública”.
“El resultado está predeterminado”, escribió Vargas. “La visa será denegada”.
Según ella, esta política contravenía una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas, así como una disposición aparte que niega al secretario de Estado cualquier injerencia en la forma en que los funcionarios consulares deciden los casos individuales.
Las denegaciones que se basan en otros fundamentos legales se mantienen, incluso cuando un agente también citó la prohibición, lo que deja en duda el número de revocaciones previstas.
La mayoría de los 75 países no son europeos y abarcan el Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático.
Entre ellos se encuentran varios socios de Estados Unidos, como Jordania, Egipto y Georgia.
El Departamento de Estado elaboró la lista a partir de datos del Consejo de Asesores Económicos, centrándose en países donde más del 30 % de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública.
Entre los demandantes se encontraban seis ciudadanos estadounidenses que presentaron peticiones familiares y afirmaron que la prohibición impedía a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía obtener visas.
Cinco colombianos que habían solicitado visas de trabajo, uno de los cuales recibió una notificación de denegación que citaba dicha política, también formaban parte del caso.
La administración sí logró una victoria en un punto más específico, ya que la jueza coincidió en que la política no era el tipo de norma formal que deba someterse a consulta pública antes de su implementación.
Para defender su postura, el equipo legal de la administración se basó en una decisión de la Corte Suprema de 2018 que ratificaba la tercera versión de la prohibición de viaje impuesta por Trump durante su primer mandato, la cual impedía la entrada a ciudadanos de varios países, la mayoría de ellos de mayoría musulmana.
Sin embargo, Vargas afirmó que ese caso giraba en torno al poder del presidente para decidir quién podía entrar al país, mientras que el caso de la prohibición de visas se centraba en una cuestión diferente: si se podía emitir una visa en absoluto.
Vargas, designada por el expresidente Joe Biden, dio a ambas partes hasta el 11 de septiembre para proponer cómo resolver lo que queda del caso. La administración puede apelar el fallo.
CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.
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