Según varios grupos industriales que hablaron con CNN y fuentes cercanas a la Casa Blanca, diversos sectores, desde la construcción hasta la agricultura, están expresando su preocupación a la administración Trump por su actual política antiinmigratoria, argumentando que socava la agenda del presidente Donald Trump y debilita la economía.
La escasez de mano de obra ha sido un problema persistente para múltiples sectores, pero la reciente decisión de eliminar la protección contra la deportación para 1,3 millones de personas que trabajaban legalmente en Estados Unidos y la agresiva campaña de control migratorio a nivel nacional están exacerbando un problema ya de por sí complejo, según representantes del sector.
Estos grupos industriales, que generalmente apoyan otros aspectos de la agenda económica de Trump, están llevando sus preocupaciones sobre inmigración directamente a la administración, incluyendo los departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Agricultura, así como a la Casa Blanca.
Dentro de la administración, la tensión entre las preocupaciones de la industria y la aplicación de las leyes de inmigración ha generado desacuerdos internos sobre cómo abordar otros tipos de control, como en los centros de trabajo, según tres fuentes familiarizadas con el debate. Una fuente cercana a la Casa Blanca calificó de “un tanto frenética” la constante influencia del lobby en las decisiones.
En medio de esta situación se encuentra el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien ya está siendo criticado por algunos sectores de la base del presidente por parecer demasiado indulgente con la inmigración.
“Una fuerza laboral indocumentada solo fomenta la actividad ilegal. No impulsa la economía a largo plazo. Es una solución a corto plazo, pero generará problemas a largo plazo”, declaró Mullin en la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores la semana pasada, citando conversaciones con grupos laborales e industriales para encontrar soluciones.
Sus declaraciones en la reunión, donde también pidió cambios en los programas de visas de trabajo para abordar la escasez de mano de obra, provocaron una fuerte reacción de influyentes figuras del movimiento MAGA. “Estoy harta de Markwayne Mullin”, escribió Laura Loomer, aliada de extrema derecha de Trump, en X.
Horas después del evento, Mullin publicó en X: “NO a la amnistía para inmigrantes indocumentados. Jamás. Somos una nación de leyes. Si te encuentras ilegalmente en los Estados Unidos de América, serás detenido y deportado. Punto”.
Pero el episodio puso de manifiesto el delicado equilibrio que debe mantener Trump al impulsar deportaciones masivas —incluyendo, por ejemplo, a trabajadores de la construcción— mientras intenta cumplir otras promesas, como la de bajar los precios de la vivienda.
“Su campaña se centró en aumentar la oferta de viviendas”, dijo Jim Tobin, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, una de las organizaciones gremiales más grandes del país. “Estas dos cosas podrían estar entrando en conflicto en este momento. Pero seguimos defendiendo nuestra postura”.
Los funcionarios de Trump no han ofrecido ninguna garantía a cambio, dijo Tobin, más allá del compromiso de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Al ser consultado por CNN, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró: “Si la gente quiere venir a nuestro país a trabajar, debe hacerlo por la vía legal. La afirmación de que la única manera de apoyar a las industrias es permitiendo que inmigrantes ilegales y extranjeros sin verificación permanezcan en el país es totalmente falsa y una muestra de negligencia”.
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó: “No faltan talento estadounidense para ampliar nuestra fuerza laboral”, y añadió que “Trump seguirá impulsando nuestra economía, creando oportunidades para los trabajadores estadounidenses y garantizando que todos los sectores cuenten con la mano de obra legal necesaria para prosperar”.
CNN también se puso en contacto con los Departamentos de Trabajo y Agricultura para obtener comentarios.
Durante la última semana, se han intensificado las medidas de control migratorio contra personas que contaban con el Estatus de Protección Temporal (TPS), una forma de asistencia humanitaria que permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta es la última de una serie de medidas que impactan directamente a los empleadores.
“La campaña contra el TPS ha sido muy intensa”, afirmó Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración. “Esto genera mucha inquietud en las empresas y la economía”.
Los haitianos, por ejemplo, suelen concentrarse en sectores como el cuidado de ancianos y la manufactura, mientras que los salvadoreños en riesgo de perder el TPS tienen más probabilidades de trabajar en la construcción.
Murray enfatizó que los empleadores desean colaborar con la administración y cumplir con sus exigencias, pero tampoco pueden permitirse que su fuerza laboral se vea diezmada de la noche a la mañana sin un plan.
Los partidarios de una política migratoria más estricta argumentan que se debe priorizar la fuerza laboral estadounidense —una postura que comparten en gran medida los grupos empresariales, aunque con la salvedad de que se necesita tiempo para lograrlo— y que es necesario intensificar las medidas contra los empleadores mediante la supervisión en los lugares de trabajo.
“No soy tan ingenuo como para creer que sería política y logísticamente posible allanar todas las fábricas y granjas de Estados Unidos en las próximas semanas y deportar a todos sus habitantes”, declaró Simon Hankinson, investigador principal de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador. “Pero la vigilancia en los lugares de trabajo debe formar parte de la estrategia general para que tenga éxito”.
La preparación de una operación en un lugar de trabajo puede llevar meses, si no años, y a menudo se basa en una investigación criminal en curso. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generalmente notifica su intención de auditar la documentación migratoria de una empresa, realiza dicha auditoría y, si surgen irregularidades, inicia una investigación criminal.
El asesor de la Casa Blanca para la frontera, Tom Homan, ha declarado públicamente que espera que el ICE intensifique este tipo de operaciones.
“Ha quedado claro que van a hacerlo”, afirmó en un evento organizado por el Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por la reducción de la inmigración.
Trump prometió bajar los precios de las viviendas y construir más. Sin embargo, durante más de un año, las constructoras del país han comunicado a los funcionarios del gobierno que sus políticas migratorias impiden que esto suceda.
El sector de la construcción residencial tiene un déficit de entre 200.000 y 400.000 trabajadores, según Tobin. Esto se debe a décadas de escasa inversión en oficios especializados y empleos técnicos, mientras que los trabajadores mayores no fueron reemplazados por jóvenes estadounidenses. El resultado: trabajadores extranjeros cubren las vacantes.
Los trabajadores extranjeros representaron más de una cuarta parte de la fuerza laboral de la construcción en 2024, un récord histórico, según datos de la NAHB. El porcentaje es aún mayor en ciertos oficios: más de la mitad de los instaladores de paneles de yeso y techos, yeseros, techadores, pintores e instaladores de pisos son inmigrantes.
La agenda migratoria de Trump no fue una sorpresa, afirmó Tobin. Pero eso no ha impedido que las constructoras señalen las contradicciones con otros objetivos políticos. El costo de construir y, en última instancia, vender una vivienda depende del precio del terreno, las cadenas de suministro y el costo de los materiales, así como de contar con suficiente mano de obra para que la obra avance.
“Cuanto más se escasee la mano de obra, más aumentarán los precios de las viviendas”, afirmó Tobin.
El sector de la construcción se enfrenta a múltiples medidas de control migratorio, incluida la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS).
“Ha sido un caos”, declaró a CNN Michael Bellaman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Constructores y Contratistas. “Cuando los empleadores tienen empleados que llevan aquí varios años, incluso un par de décadas, y que han sido productivos, los conocen bien y quieren tratarlos bien, pero las opciones son limitadas”. Tobin y Bellaman afirmaron que sus organizaciones han planteado el problema a la Casa Blanca, al Departamento de Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional. Según Tobin, constructores de viviendas de todo el país también visitaron el Capitolio durante una conferencia reciente. Gran parte de su frustración se debe a que pasan días sin que se presenten los equipos de trabajo, ya que temen que sus obras sean allanadas.
“Recibimos comentarios de nuestros miembros con frecuencia, y parece que en los últimos meses esas voces se han alzado con más fuerza”, dijo Tobin.
Uno de los problemas clave para los contratistas generales es la postura del gobierno respecto a las personas con permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos, incluyendo a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) o a quienes buscan asilo, según Brian Turmail, vicepresidente de Imagen de la Asociación e Industria de la Asociación de Contratistas Generales de América.
Los empleadores se aseguran de que su personal tenga un estatus legal una semana y, a la siguiente, se enteran de que han perdido sus permisos porque el gobierno se los ha revocado, explicó.
“Todas estas actividades de control se producen en un momento en que al menos un segmento de la industria está operando a pleno rendimiento y es difícil encontrar mano de obra, y no contamos con una buena red de proveedores para reemplazar la mano de obra que tenemos actualmente”, dijo Turmail, citando la demanda de centros de datos.
Algunos republicanos vieron la drástica disminución de los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos como una oportunidad para presentar legislación que aborde los problemas de mano de obra que enfrenta la agricultura, la cual ha tenido dificultades para obtener visas de trabajo para sectores que necesitan mano de obra durante todo el año.
En una carta de finales de julio dirigida a los secretarios de Trabajo, Estado y Seguridad Nacional, los legisladores republicanos expresaron su preocupación por el programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A, que permite a ciudadanos extranjeros cubrir empleos de temporada, e instaron a tomar medidas para “abordar las crecientes demoras en el procesamiento, los desequilibrios regulatorios y las barreras estructurales que amenazan la eficacia del programa para los productores agrícolas en todo Estados Unidos”.
Entre los firmantes se encontraba el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, G.T. Thompson, republicano de Pensilvania, presentó un proyecto de ley agrícola que propone una vía hacia la legalización temporal para algunos trabajadores agrícolas indocumentados.
“Arreglar el programa H-2A es la pieza clave que falta y es necesario para que la aplicación de la ley sea efectiva”, declaró a CNN un asesor del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. “No podemos estar constantemente equilibrando la protección de nuestras leyes con la protección de nuestra seguridad alimentaria”.
“No queremos que la agricultura se convierta en un blanco fácil. Esa es la situación actual del sector agrícola, ya que no cuenta con una alternativa legal para subsanar esta deficiencia”, añadió el asesor.
Sin embargo, el proyecto de ley provocó una fuerte reacción de los sectores más intransigentes del Partido Republicano, incluido el Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes.
Pero Trump ya había reconocido los desafíos que enfrenta la industria agrícola y su administración ha intentado avanzar en la extensión del programa a sectores que no han podido acceder a las visas H-2A, como el sector lácteo.
“Lo más importante y singular de la industria láctea es que las vacas deben ordeñarse los 365 días del año, en varios turnos durante el día… Si los trabajadores desaparecieran, esas vacas seguirían necesitando ser ordeñadas. Hay que poder distribuir la leche. Existen preocupaciones tanto por el bienestar animal como por la economía”, afirmó Trey Forsyth, vicepresidente de asuntos gubernamentales y regulatorios de la Federación Nacional de Productores de Leche.
“Esto afecta el acceso a los productos lácteos, y el costo de estos productos repercute en toda la cadena de suministro hasta los consumidores”, añadió Forsyth.
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