El gobierno y parte de la oposición de Venezuela culminaron el miércoles la primera tanda del diálogo político bajo la supervisión de Estados Unidos en medio del escepticismo de los venezolanos por los fracasos de iniciativas similares en los últimos 10 años.
El diálogo comenzó hace poco menos de dos semanas y, de acuerdo con un comunicado oficial, en su primera fase, tiene como objetivo avanzar con la reconstrucción del país después del terremoto de junio pasado y en la recomposición del sistema judicial.
Dos factores indican que esta vez, y a pesar de que el camino es incierto, está lleno de obstáculos y excluye a la oposición liderada por María Corina Machado, podría haber un resultado distinto, que desemboque en el rediseño de las instituciones y en elecciones generales, con la garantía de futuro para ganadores y perdedores.
Hasta ahora, nunca un tercer actor había tenido tanto poder en las negociaciones para hacer cumplir los eventuales compromisos que acuerden el chavismo y la oposición.
Luego de capturar y trasladar a Estados Unidos a Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump monitorea los asuntos internos de Venezuela. Hoy, la administración Trump, más que un facilitador, es parte interesada en el proceso. Fue el Departamento de Estado el que anunció el comienzo de las conversaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la comisión delegada de la Asamblea Nacional de 2015 —la última instancia democrática reconocida por Estados Unidos— incluso antes que los propios involucrados.
Son múltiples las evidencias del protagonismo de la administración Trump en el gobierno de Venezuela. La embajada estadounidense en Caracas fue la encargada de informar la firma de un contrato entre una compañía argentina y la estatal Corpoelec para modernizar las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua, en el sur del país, una medida que busca aumentar la generación de electricidad y evitar los recurrentes apagones, que son más prolongados en la provincia.
También el gobierno estadounidense informó primero que las autoridades locales la muerte de Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, en un bombardeo dentro de territorio venezolano.
Por todo eso y más, Donald Trump ha celebrado el cambio de la relación con Venezuela con halagos constantes a su presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
“She is doing a fantastic job” (“Ella está haciendo un trabajo fantástico”), dijo el presidente en varias ocasiones. Y precisamente allí se concentran las principales dudas de los analistas y de parte de la oposición.
¿Le interesa al presidente estadounidense promover la democracia en Venezuela si ya ha obtenido lo que quiere —acceso al petróleo— y dice que se ha cobrado todo lo que invirtió en la preparación de la captura de Maduro y la primera dama, Cilia Flores? ¿Cómo se concilian esas declaraciones tanto con el plan de tres fases para Venezuela anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, como con el relanzamiento de la Doctrina Monroe?
Muchos analistas piensan que si Estados Unidos quiere contar con una fuente confiable de petróleo ahora que está en guerra con Irán y sacar provecho del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, le toca hacer algo más que llevarse bien con el gobierno encargado de Venezuela.
Apenas se han dado los primeros pasos en esa dirección: se modificó la Ley de Hidrocarburos cuatro semanas después de la captura de Maduro, con lo cual han llegado nuevas inversiones al sector petrolero, aunque claramente insuficientes para modernizar un sector destartalado por años de desinversión. En julio, el gobierno encargado de Venezuela reportó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) un aumento promedio de 187.000 barriles de crudo por día si se compara con el reporte del primer trimestre de 2026, para llevar la producción a 1,2 millones de barriles diarios. Pero alcanzar los 3 millones de barriles diarios de 2013 requiere no solo un esfuerzo sostenido en el tiempo, sino cuantiosas inversiones de los actores principales del negocio.
Lo dijo en enero el CEO de Exxon Mobil, Darren Woods, cuando fue convocado a una reunión con Trump para que invirtiera en la industria petrolera venezolana. “Nuestros activos han sido confiscados en dos ocasiones. Por tanto, volver a entrar por tercera vez requeriría cambios muy significativos respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual. Si analizamos las estructuras legales y comerciales —los marcos normativos— vigentes hoy en Venezuela, el país no resulta apto para la inversión. Es necesario realizar cambios importantes en dichos marcos comerciales y en el sistema jurídico; deben existir garantías de inversión duraderas”, dijo.
Y es ahí donde entra en juego el segundo factor determinante para el futuro del diálogo entre chavismo y oposición.
De la primera declaración conjunta de las partes surgen dos líneas de trabajo: centrar esfuerzos en acceder a las reservas de oro de Venezuela bloqueadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en más de US$ 4.000 millones al precio actual del metal, para atender a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, y transformar el sistema de justicia mediante la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esa renovación supone, como deja entrever el comunicado, subir el listón del perfil de los candidatos a jueces: profesionales de comprobada credibilidad, preparación e independencia.
En todos estos años, las distintas delegaciones del gobierno y de la oposición han tenido pocas coincidencias en sus diálogos políticos. Pero después de la extracción de Maduro, y al menos tras la primera tanda de reuniones, las partes están encontrando otra disposición en el otro, según coinciden dos fuentes cercanas a las negociaciones. Por un lado, según estos observadores, en la delegación opositora existe el convencimiento de que solo con la elección de magistrados medianamente honestos y competentes será posible atraer nuevas inversiones, algo que no logró captar Maduro en todos estos años de gobierno a pesar de los reiterados llamados que hizo en los meses finales de su presidencia. El gobierno también necesita dejar atrás la imagen de una justicia partisana de los años previos en los cuales el TSJ siempre falló a favor del régimen, especialmente en aquellos asuntos que comprometían su estabilidad.
Por el otro, la recomposición del Supremo busca restarle el poder al chavismo dentro del máximo tribunal, cuyas decisiones apuntalaron a Chávez, primero, y, luego, a Maduro en todos estos años.
Algunas de las sentencias clave del TSJ, como la suspensión del referéndum revocatorio contra Maduro que intentaba promover la oposición en 2017, alimentaron la crisis política del país sudamericano y derivaron en protestas reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano.
Ese TSJ impidió que la oposición pudiera controlar las dos terceras partes de la Legislatura 2016-2021 al invalidar la elección de cuatro diputados del estado Amazonas por acusaciones de fraude. La juramentación de esos legisladores le habría garantizado a aquel Parlamento un fuerte control político sobre las decisiones del Ejecutivo.
Más atrás, en 2008, el tribunal aprobó la celebración de un referéndum para someter a consulta una propuesta de enmienda de la Constitución impulsada por Hugo Chávez. Esa enmienda planteaba entonces eliminar los límites a la reelección para todos los cargos de elección popular y ya había sido sometida a votación en la fallida reforma constitucional de 2007, que perdió el chavismo por escaso margen.
Antes de que vuelvan a verse las caras, el chavismo y la oposición se han comprometido en aterrizar el enunciado de la transformación de la justicia con un cronograma. A la Asamblea Nacional, que dirige Jorge Rodríguez, el líder de la delegación del gobierno y hermano de Delcy, le toca ver cómo puede alinear estos compromisos con el trabajo que ya viene realizando el Comité de Postulaciones del Parlamento.
Ese comité se juramentó el 19 de mayo pasado, con diputados y miembros de la sociedad civil, y ya está trabajando para renovar parcialmente el elenco de magistrados.
A la oposición le toca esperar. “Dependemos mucho del látigo de Estados Unidos para avanzar”, reconoció una de las fuentes cercanas a las delegaciones. Del interés de Washington sigue dependiendo el futuro de Venezuela.
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