A siete meses del derrocamiento de Nicolás Maduro, el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, parece encaminarse hacia una transición política al iniciar diálogo con la oposición, un proceso impulsado por Estados Unidos, un factor que esta vez podría ser clave en la negociación.
Las conversaciones que tenían previsto iniciar el 1 de agosto se postergaron para esta semana, y serán conducidas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, coordinador del diálogo y hermano de la presidenta encargada; y por un sector de la oposición liderado por la dirigente opositora Dinorah Figuera. La exdiputada, última presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 —la última Asamblea considerada legítima por EE.UU. y la oposición—, llegó a Caracas el miércoles por la noche.
Desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la llegada de Maduro al poder en medio de denuncias de fraude, más de una decena de instancias de diálogo y negociación con distintos actores han intentado tender puentes entre oficialismo y oposición, incluso bajo auspicio de otros países. Pero ninguno de esos intentos se tradujo en hechos concretos.
Algunas razones hacen pensar que este proceso podría desarrollarse de manera diferente. La principal es que este es el primer diálogo promovido (y en parte conducido) por EE.UU., apuntan los especialistas consultados por CNN.
Esta vez, podría no ser tan sencillo para el chavismo “desconocer” o “retrasar” los acuerdos asumidos, como sí ocurrió en situaciones anteriores.
Atención a las víctimas del terremoto, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas son los tres ejes que, según el oficialismo, se conversarán en la primera reunión presencial.
Ambas partes acordaron la composición de las delegaciones de trabajo y fijaron una cronograma. “Hemos establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables”, dijo el presidente del Parlamento venezolano el sábado. Figuera publicó un comunicado similar en el que agradeció además a EE.UU. y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por acompañar “la transición en Venezuela”.
Esta instancia de diálogo es parte del plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela, que culmina en elecciones. “Este proceso contribuye de manera significativa al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, así como una transición hacia elecciones democráticas”, dijo el lunes Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en una declaración.
Marco Rubio ya había dejado en claro a mediados de julio que el acuerdo entre ambas partes (el grupo en representación de la Asamblea Nacional de 2015 que reconocen como legítima y el Gobierno interino) era no solo para iniciar conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar “el proceso de transición, que es lo que el pueblo de Venezuela necesita”.
“Evidentemente, es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, dijo sobre las conversaciones que ocurrirán en Caracas.
Este factor parece ser la diferencia central del proceso actual. “Los hilos de esta negociación no los está llevando el oficialismo, sino que los está llevando el Departamento de Estado. Y eso es cada vez más claro, por más que se maquille y por más que se trate de hacer menos obvio”, dice a CNN la analista venezolana Carmen Beatriz Fernández, directora de la consultora DataStrategia y doctora en Comunicación Pública.
Rodríguez, por su parte, ha reiterado en varias oportunidades que Venezuela sostiene una agenda de cooperación diplomática y comercial con Estados Unidos, pero rechaza que se trate de una subordinación o una injerencia extranjera.
El Gobierno de Estados Unidos “tiene una influencia real sobre ambos partidos esta vez”, dice Christopher Sabatini, director del programa de América Latina del centro de estudios Chatham House. Lo atribuye a dos razones: la elección de Figuera como representante de la oposición (antes de que surgiera de forma natural de la oposición) “y por la influencia económica, política e incluso legal” que ejerce sobre Delcy Rodríguez, su hermano y Diosdado Cabello, ministro del Interior, a través de las acusaciones y sanciones.
Fernández señala otra diferencia que considera clave: en esta oportunidad, la instancia de diálogo se ha presentado ante la opinión pública como un espacio de acuerdo no tan enfocado en el diálogo —como sí ocurrió en intentos anteriores—, sino puntualmente en la transición política y electoral en Venezuela.
Si bien parte de la oposición formará parte de estas reuniones, María Corina Machado y Edmundo González, reconocidos con legitimidad popular y quienes denuncian que las elecciones de 2024 fueron fraudulentas, se distanciaron de las negociaciones pero no las rechazaron. Dijeron que evaluarán el proceso “con base en logros concretos y verificables”, entre los que pidieron la “recuperación de instituciones democráticas”, liberación de presos políticos y un cronograma electoral sin exclusiones.
Esto, en palabras del analista de Chatham House, “genera dudas sobre la inclusividad y la representatividad de este nuevo proceso”.
La presidenta electa de la Asamblea Nacional de 2015 asegura que con funcionarios de Estados Unidos comparten la convicción de que el proceso “debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino” para lograr acuerdos que lleven a unas elecciones “libres y justas”.
Figuera, una representante del movimiento que lideró Juan Guaidó —que tuvo el reconocimiento de legitimidad por EE.UU. y más de 50 países—, estaba desde 2018 exiliada en España y regresó por primera vez a Caracas en junio de este año para reunirse con Jorge Rodríguez.
Los dirigentes del chavismo, dice Sabatini, utilizaron en ocasiones del pasado estos acuerdos para retrasar plazos con el fin de mantenerse en el poder y evitar cualquier compromiso real o un cronograma que pudiera poner en riesgo su lugar en el poder.
“Lo mismo podría ocurrir si el Gobierno estadounidense no es consciente o no le importa que el Gobierno interino lo esté manipulando”, apunta.
El director del programa de América Latina de Chatham House argumenta que, para que las negociaciones prosperen, la agenda que resulte de la reunión debe ser específica y establecer plazos concretos en dos niveles: un compromiso para unas “elecciones abiertas” y la reforma del Estado de derecho.
“De lo contrario, las tres partes (Gobierno interino, oposición y el Gobierno de Trump) estarán negociando en vano”, dice.
La directora de DataStrategia cree que en esta oportunidad no será fácil desconocer lo que salga de ese proceso. “Y lo que va a salir de ese espacio son las elecciones, no cabe duda, de allí va a salir un arreglo electoral”, afirma.
La figura de Estados Unidos sin duda ejerce una presión sobre este encuentro, una que tiene un antecedente concreto el pasado 3 de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en un operativo a Nicolás Maduro, que enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas en Nueva York, acusaciones por las que él se declara inocente.
Los tiempos para que los resultados de las negociaciones sean visibles podrían ser más apremiantes esta vez, señalan los analistas.
Entre estas definiciones señalan un nuevo Tribunal Electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral y un cronograma electoral que establezca pautas para redefinir los cargos de elección popular en Venezuela, fundamentalmente la elección presidencial y de la Asamblea Legislativa.
“La prueba ácida va a ser a muy corto plazo, yo diría que la paciencia ni siquiera alcanza los primeros 100 días, que es esa fecha mágica que se pone en los espacios de Gobierno que se estrenan”, dice Fernández.
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