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Diez países de América condenan el plan de Daniel Ortega para poner fin a las elecciones libres en Nicaragua

Un grupo de 10 países de América condenó este martes el plan del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para que deje de haber elecciones libres en el país centroamericano, con el argumento de que esa intención es contraria a los derechos de las personas y a los principios de la democracia.

En una declaración conjunta difundida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), los gobiernos de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay dijeron que tienen “profunda preocupación” por las declaraciones que Ortega hizo el 20 de julio, cuando aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

Tras esta declaración, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo que sí habrá elecciones pero se harán reformas para impedir que “golpistas” participen en ellas, entre otras medidas.

“Condenamos la intención anunciada por Ortega, así como toda medida constitucional, legislativa o administrativa, dirigida a eliminar la competencia electoral genuina y el pluralismo político”, dijeron los países inconformes en la declaración de este martes.

“Tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son incompatibles con los principios de la democracia representativa consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana”, insistieron.

CNN contactó a la Cancillería de Nicaragua para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

La declaración se da a conocer un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA discuta este miércoles la situación política en Nicaragua, un país que en noviembre de 2023 salió del organismo regional tras argumentar que este buscaba tener una injerencia indebida en sus asuntos internos.

De cara a la discusión, los países firmantes dijeron que seguirán de cerca lo que ocurra en Nicaragua y llamaron a las autoridades del país “a garantizar que toda medida constitucional, legislativa o administrativa respete los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, preserve la competencia electoral multipartidista y sea coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Tras las declaraciones de Ortega, quien gobierna desde 2007 y desde hace un año tiene a su esposa Rosario Murillo como “copresidenta”, algunos otros países del continente habían criticado su intención de limitar las elecciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue de los primeros altos funcionarios en rechazar lo dicho por el mandatario.

“La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua nunca más celebrará elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Daniel Ortega y Rosario Murillo han abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular”, señaló Rubio el 21 de julio en un comunicado.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas. Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para unir fuerzas y demostrar a la dictadura Murillo-Ortega que no puede esperar mantener la normalidad en sus relaciones con otras naciones mientras está socavando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático”, concluyó.

The-CNN-Wire
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Propietarios de viviendas demandan por la aplicación del impuesto a segundas viviendas en Nueva York

Un grupo de propietarios de viviendas de la ciudad de Nueva York demandó el viernes al alcalde Zohran Mamdani y al director de finanzas de la ciudad debido a la implementación del nuevo impuesto sobre segundas viviendas llamado pied-à-terre.Tres demandantes —Simon Hedley, Rachel O’Brien y Carmine Morano— alegan que “la ciudad identificó incorrectamente sus viviendas como potencialmente sujetas al recargo pese a que esas propiedades sirven como sus residencias principales”, según un comunicado de prensa.Aunque la demanda en sí no cuestiona la legalidad del impuesto, sí examina minuciosamente la publicación por parte de la ciudad de un padrón fiscal que incluía nombres y direcciones de más de 900.000 propietarios de viviendas de la ciudad de Nueva York, incluso si no estaban sujetos al impuesto, así como la distribución de avisos enviados a algunos de esos residentes.Según el Departamento de Finanzas de la ciudad, el padrón incluye viviendas familiares, así como cooperativas y unidades de condominio, pero señaló que “la gran mayoría de las propiedades y unidades listadas” no están sujetas al recargo. Un total de 17.000 propietarios recibieron las cartas que advertían que posiblemente estaban sujetos al impuesto.Una de las propietarias que interpuso la demanda afirma que fue incluida erróneamente en el registro de propiedades.“Es absolutamente absurdo que la ciudad identificara públicamente nuestra casa como una posible segunda residencia cuando mi esposo y yo vivimos aquí, criamos a nuestra familia aquí y la hemos convertido en nuestro hogar permanente”, dijo la demandante Rachel O’Brien en el comunicado. “La ciudad tenía registros disponibles que podrían haber confirmado eso antes de publicar nuestro nombre y dirección. Las familias no deberían verse obligadas a corregir los errores del Gobierno porque se apresuró una implementación políticamente conveniente”.Los demandantes están representados por Randy Mastro, quien se desempeñó como primer vicealcalde del exalcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.La demanda solicita al tribunal que declare ilegales tanto las notificaciones como el registro de propiedades del Departamento de Finanzas, y pide la retirada inmediata de la lista del dominio público. Asimismo, los demandantes buscan suspender cualquier obligación de respuesta para los propietarios que recibieron las notificaciones mientras el caso avanza, así como impedir nuevas medidas de aplicación hasta que el tribunal emita una decisión.Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde Mamdani, declaró: “Tal como ha señalado el alcalde, somos conscientes de que, siempre que el Gobierno solicita algo nuevo a los neoyorquinos, tenemos la responsabilidad de garantizar que el proceso sea claro, transparente y accesible. Por ello, el Departamento de Finanzas ha trabajado sin descanso para resolver dudas, brindar asistencia y asegurar que los propietarios sujetos a este recargo dispongan de la información necesaria”. Añadió que “el Departamento Jurídico está preparado para defender enérgicamente a la ciudad frente a esta demanda”.El impuesto pied-à-terre, que impone un recargo a las segundas residencias en la ciudad de Nueva York valoradas en más de US$ 5 millones, así como a cooperativas valoradas en US$ 1 millón o más, se implementó como parte del presupuesto del año fiscal 2027 del alcalde Mamdani en un intento por cerrar la brecha presupuestaria de la ciudad. La gobernadora Kathy Hochul respaldó a Mamdani en esta idea.El Gobierno fue objeto de críticas por parte de propietarios de toda la ciudad debido a una lista pública publicada en internet el mes pasado, la cual incluía los nombres y direcciones de residentes de los cinco distritos, incluso de aquellos cuyas propiedades no estaban sujetas al impuesto. Aunque el registro fiscal se publica anualmente, esta vez generó una mayor atención pública debido a la implementación del nuevo gravamen.Los residentes afectados por el impuesto recibieron una carta del Departamento de Finanzas de la ciudad en la que se les informaba que debían acreditar que sus viviendas constituían su residencia principal antes de una fecha determinada para evitar el recargo. Tras las críticas recibidas, Mamdani anunció durante el fin de semana que el plazo se ampliaría cuatro semanas, hasta el 18 de septiembre.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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