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Viven fuera de su país, pero su voto puede ser decisivo: así ganan peso las diásporas en las elecciones de América Latina

Que una elección sea ajustada en Perú y se defina por décimas no es una novedad. De hecho, el triunfo de Keiko Fujimori por unos 50.000 votos fue más “holgado” que sus tropiezos en 2021 y 2016. Pero la derrota de Roberto Sánchez marcó un hito inédito en América Latina: fue la primera vez que un candidato tuvo más apoyo en el territorio nacional, pero terminó perdiendo tras incorporarse el voto en el exterior.

El escenario no se repitió con el mismo impacto en Colombia, que también tuvo una muy reñida segunda vuelta, con unos 250.000 votos de ventaja de Abelardo de la Espriella. La diferencia sobre Iván Cepeda hubiese sido de menos de 75.000 de no ser por los votantes radicados fuera del país.

La polarización en la región, que en parte ha llevado a algunos escenarios muy reñidos, da mayor relevancia al voto extranjero, con especial impacto mediático, mientras varios países avanzan en normativas para facilitar y ampliar la participación de sus ciudadanos fuera del país.

El resultado en estas mesas también concita la atención porque en algunos casos es la última parte del electorado en ser contabilizada, lo que hace parecer que tienen un rol especialmente determinante, aunque valgan lo mismo que los votos de cualquier provincia o región. “Hay una trampa del calendario perniciosa. Son los votos que se cuentan al final, por lo que parece que son votos decisivos”, dijo a CNN el politólogo Manuel Alcántara Sáez, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP) en Panamá.

Para la politóloga Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), si los resultados en Perú y Colombia no hubieran sido tan estrechos, el voto de las diásporas sería un tema marginal. “No sé si podemos decir que se ha transformado o que tiene más peso, no creo que podamos extrapolar esos resultados. Depende de otras dimensiones, como cuánta población de la diáspora tiene cada país y qué porcentaje vota”, apuntó.

¿Entonces, cómo varía la realidad de los votantes en el extranjero y su posible impacto?

Ríos parte por subrayar que el ausentismo es considerablemente mayor en el exterior. “En general, las diásporas votan mucho menos que las poblaciones en sus territorios. La participación (en promedio) no alcanza el 13 %, versus un 61 % (en las mesas del país). También tiene que ver con la magnitud de las diásporas”, explicó.

Las normativas de cada país también marcan una diferencia. En Perú, donde el voto es obligatorio también para los residentes en el exterior y la inscripción es automática tras el cambio de domicilio, sufragaron más de 300.000 personas y la participación alcanzó el 27 % del padrón en la segunda vuelta de junio, en línea con el promedio histórico.

El panorama es muy distinto en México, el segundo país del mundo con mayor diáspora, con más de 13 millones de personas (no todos en edad de votar). En los comicios de 2024, participaron casi 185.000 ciudadanos en el exterior.

“La diáspora es gigantesca, pero el porcentaje que vota es extremadamente pequeño. El voto en el extranjero se ha instaurado hace poco y por ahora es restrictivo, no está masificado mientras no se cambie el mecanismo”, comentó Ríos. Además de inscribirse, los ciudadanos mexicanos deben contar con una credencial tramitada anteriormente en un consulado.

Guatemala es otro país que cuenta con una diáspora significativa, con cerca de 3 millones de personas de origen guatemalteco, pero recién en 2019 implementó por primera vez el voto en el extranjero. En la primera vuelta de 2023, hubo 1.443 votos, aunque la cifra pudo ser mayor porque muchos se acercaron a los centros de votación sin contar con su documento o no estar empadronados.

Es tal el potencial de crecimiento que el foco puede a su vez ponerse en lo que pudo ser.

Honduras tuvo también un ajustado resultado en las presidenciales de noviembre, en las que Nasry Asfura venció por 26.338 votos a Salvador Nasralla, quien a su vez ganó con más del 70 % en las mesas instaladas en 12 ciudades de Estados Unidos. En ese país viven casi un millón de hondureños, pero votaron menos de 7.000 personas, por lo que la holgada diferencia solo le representó a Nasralla una ventaja de 3.700 de votos, insuficiente para remontar el liderazgo que logró Asfura en el territorio nacional.

El potencial de incidencia es enorme en el caso de la diáspora venezolana, con cerca de cinco millones de ciudadanos con derecho al voto, pero solo cerca de un 1 % estuvo habilitado para votar en 2024, por dificultades en el registro, plazos y falta de documentos. Según la oposición, fue un intento deliberado de las autoridades chavistas para impedir la participación de los inmigrantes, que en su mayoría salieron por la crisis económica y política de los últimos años.

Los dos países que pusieron el tema en debate son justamente los pioneros en el voto en el exterior en América Latina. Colombia lo inauguró en 1962 y Perú lo siguió en 1980. En los años 90 y principalmente en los 2000, varios países comenzaron a aplicar reformas a la ley electoral para incorporar la participación en el extranjero.

“La mayoría de los países que ya tienen una legislación está buscando mecanismos para facilitarla”, dijo Ríos, que apuntó que la mayoría de los sistemas usan únicamente el voto presencial, aunque destacó que en casos como Colombia “están facilitando y mejorando el acceso”, permitiendo el voto adelantado. Pero agregó que sería necesario ampliarlo más, ya que todavía falta mucho para que la facilidad sea la misma que en el territorio nacional.

“Mientras no existe el voto postal o ampliado, o un mecanismo de voto electrónico, el poder votar sigue siendo engorroso. Muchas veces se pide documentos específicos, hay que acudir a inscribirse, no todos permiten inscribirse en línea. Hay un costo de tiempo y dinero; sigue siendo costoso para muchos latinoamericanos que viven fuera de las ciudades” donde están los consulados o se instalan las juntas receptoras de votos, agregó.

Por su parte, Alcántara afirmó que el proceso de adaptación y facilitación debe tener en cuenta la fiabilidad de los procesos para garantizar la seguridad. En cuanto a los costos y dificultades, el especialista agregó que los votantes que no cuentan con residencia legal en EE.UU. podrían tener temores de participar y exponerse, ante la campaña antiinmigratoria de la Casa Blanca. “Con la sensación de pánico a que te localicen, la gente no quiere exponerse en un lugar público donde le pueden tomar fotos”, comentó.

Si en Perú, Colombia y Honduras las diásporas dieron un apoyo marcado a candidatos de derecha, ello no es representativo del resto de países. En Chile y Bolivia, que también eligieron presidente en el último año, la tendencia histórica es más favorable a la izquierda.

“No existe un patrón regional, depende del tipo de migración, de cuándo se fueron”, indicó Alcántara. “La diáspora chilena de alguna manera se articula con el exilio político, tiene un perfil más de izquierda, de progresismo. En Colombia y Perú, hay una conformación más conservadora, no por su estrato u origen social, sino por una visión del país formulada en términos de orden, de mano dura, que es lo que proponían (Keiko) Fujimori y (Abelardo) De la Espriella”, comentó.

Las diferencias también pueden existir dentro de la misma diáspora, anotó Ríos.

“En Colombia, hay una clara diferencia sobre dónde vivían. Los votantes en Europa fueron por (Iván) Cepeda, los de EE.UU. y las Américas, por De la Espriella. El voto en algún sentido está influenciado por el lugar de residencia, también por el tipo de contiendas y el nivel de vínculos con los países de origen”, explicó.

Que el voto en el extranjero haya sido tan significativo en Perú y relevante en Colombia reflotó debates sobre el derecho de la diáspora, especialmente por parte de partidos desfavorecidos.

“La cuestión, de alguna manera filosófica, es si alguien que está fuera del país tiene derecho al voto. Por un lado, la discusión es teórica, pero también evidentemente política, como fruto de un acuerdo nacional, de una ley que en un determinado momento se decide incorporar”, repasó Alcántara.

“¿Hasta dónde llega la ciudadanía? ¿Tiene uno (residente en el exterior) derecho a expresar su opinión en las elecciones generales?”, preguntó el politólogo. “Es una decisión política, pienso que sí. Sería distinto en el voto municipal, sobre el día a día, de transporte, de servicios. Pero sí para la política general”, consideró.

A su vez, Ríos apuntó que, entre la diversidad de las constituciones, el concepto de representación política está ligado al de ciudadanía, que en muchos casos no solo aplica a quien nace en el país, sino también a hijos de nacionales en el exterior. “Tenemos una larga tradición de reconocimiento de ciudadanía extensivo. Es un derecho porque permite mantener el vínculo con sus países de origen”, comentó.

Solo tres países de América Latina, Uruguay, Nicaragua y Cuba, no han habilitado el voto de los nacionales en el extranjero. “Uruguay es una anomalía, la única de las democracias consolidadas de la región que no reconoce el voto de las personas en el extranjero. Está más instalada la idea de cuestionar el derecho de quienes viven fuera”, comentó Ríos.

La investigadora también indicó que tener importantes comunidades en el exterior contribuyó a la ampliación del derecho. “Tenemos una larga historia de diásporas por desplazamientos forzados, por guerras, persecución, exilio. Es como una reparación”, dijo.

“En México, en los países de Centroamérica o en Colombia, hay ciudadanos que salen por motivos más económicos. Permitirles que voten es permitir un vínculo con su país de origen, fortalecer los lazos. Además, muchos cumplen un rol importante: las remesas en algunos países constituyen una parte considerable del PIB”, agregó.

Los analistas coincidieron en que el tema, dependiendo de la magnitud en cada país, está ganando terreno en las campañas electorales para captar esos votos. Ríos indicó que en algunos casos hace falta una regulación clara sobre qué se permite y cómo se financia las actividades en el extranjero, mientras que Alcántara resaltó que los movimientos y candidaturas ya se movilizan en redes sociales dirigiéndose a las diásporas. “Sin duda alguna” las campañas se reajustan para llegar a ese electorado, afirmó.

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Colombia se suma a los países de la región que permiten presencia militar de EE.UU. Pero solo uno pasó a acciones concretas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el Gobierno de Colombia autorizó operaciones militares conjuntas para combatir al narcoterrorismo, con lo que el país sudamericano se une a otros tres países de la región que ya dieron luz verde a la acción de fuerzas estadounidenses.Hegseth dijo en una reunión en Panamá que el presidente Abelardo de la Espriella “ya solicitó” al Departamento de Defensa que “se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Defensa de Colombia sobre el anuncio y espera respuesta.El titular de la cartera, el general Jorge Mora, estuvo en el encuentro y formalizó la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), convirtiéndose en su miembro 19 del grupo derivado del Escudo de las Américas, liderado por EE.UU. para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.Con el giro de la política exterior tras el reciente cambio de gobierno en Colombia, el país vuelve a ser uno de los aliados clave de Washington en materia de seguridad.En su discurso, Hegseth también repasó los otros países que tomaron medidas similares.El funcionario estadounidense felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, y celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.El primer caso fue el del Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, que en marzo lanzó operaciones conjuntas en su territorio contra organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Donald Trump.En ese entonces, el Ministerio de Defensa de Ecuador dijo en redes sociales este martes que se había iniciado “una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal” y que seguiría combatiendo junto a aliados estratégicos al crimen organizado.Este miércoles, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, se reunió con Hegseth en Panamá junto al ministro del Interior John Reimberg, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado, pero el Ministerio indicó que debido a la “importancia y sensibilidad” de los temas tratados, su contenido es clasificado. Loffredo indicó que estuvieron relacionados con “los pasos a seguir y las acciones en territorio que se realizarán próximamente” en Ecuador.Sin embargo, en los otros países todavía no se producen acciones así de concretas.En junio, el Gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura, dijo que estaba en conversaciones para un posible despliegue de tropas en operaciones contra el narcotráfico.Ante la consulta en conferencia de prensa, el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, el general Héctor Valerio, apuntó: “Usted se refiere a operaciones de combate (y) en ese tipo de operaciones se está llevando a cabo un diálogo”. Dijo que sería el presidente quien decida “en qué momento se va a realizar”, pero consideró que las negociaciones van “por buen camino”.Estados Unidos tiene en Honduras una base aérea de los años 80, desde donde coordina operaciones contra el narcotráfico y de ayuda humanitaria.Por su parte, el Gobierno de Guatemala dijo en mayo que pidió ayuda a Estados Unidos para combatir el crimen, pero negó entonces que haya fuerzas extranjeras en su territorio.“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, señaló un comunicado publicado por el Gobierno luego de que The New York Times reportara que ambos gobiernos habían definido realizar operaciones conjuntas.El comunicado del Gobierno informó que Guatemala se comunicó con Hegseth “para solicitar la cooperación estadounidense” para enfrentar a organizaciones del narcotráfico, pero remarcó que las tareas están “lideradas por fuerzas guatemaltecas” y que se enmarcan en los acuerdos bilaterales existentes y a lo que establece la Constitución.Por su parte, un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. dijo a CNN que la institución no va “a especular sobre futuras operaciones ni a discutir asuntos de seguridad operativa”. Días después, en junio, el jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis Donovan, visitó Guatemala y se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Defensa y otros funcionarios para continuar el diálogo sobre “la ampliación de la colaboración bilateral en materia de defensa”.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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