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Quiénes eran los 17 mexicanos que murieron bajo custodia o en operativos de ICE en el segundo gobierno de Trump

Algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades que aún buscan respuestas. De otros, solo tenemos sus nombres, sus edades y el lugar donde murieron. Los 17 mexicanos que murieron en operativos o bajo custodia de ICE desde el retorno de Donald Trump al poder tenían, en definitiva, historias distintas unidas por un desenlace común.

Todos murieron en medio de la ofensiva migratoria desatada por el Gobierno de Trump, que en su segundo mandato iniciado en enero de 2025 ha ampliado los operativos de detención y deportación. Catorce murieron mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en centros de detención o en instalaciones médicas a las que fueron trasladados, según las autoridades mexicanas y estadounidenses. Los otros tres murieron durante operativos migratorios.

Sus casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y enviar notas diplomáticas a llevar algunos expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañar acciones legales y ahora a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y las fiscalías estatales.

La presidenta mexicana informó este lunes que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias por la muerte de los 17 mexicanos. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston.

“Fue prácticamente ultimado”, dijo Sheinbaum al referirse al caso y afirmó que México buscará que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

En un correo electrónico enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés,), rechazó que haya un aumento de muertes en sus instalaciones u operaciones y aseguró que las personas detenidas “reciben un debido proceso completo, son provistas con alimentos adecuados, agua y tratamiento médico, y tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”. En la misma línea, negó que sus funcionarios cometan abusos.

Estos son los 17 mexicanos cuyos casos llevaron al Gobierno mexicano a endurecer su respuesta al accionar de Washington.

Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, murió el 5 de mayo de 2025 mientras era trasladado de la cárcel del condado de Lowndes al Centro de Detención Stewart, en Georgia.

ICE informó que la causa preliminar fue una complicación médica. La agencia señaló que había vivido durante décadas en Estados Unidos como inmigrante indocumentado y había sido detenido en múltiples ocasiones desde 1979. En 1990 un juez ordenó su deportación, pero posteriormente volvió a ingresar al país. La agencia asegura que fue acusado de “delitos que van desde la posesión de marihuana hasta agresión simple —violencia familiar— y crueldad hacia menores”.

Jesús Molina Veya, de 45 años, murió el 7 de junio de 2025 en el Centro de Detención Stewart, en Georgia.

ICE informó que fue encontrado inconsciente en su celda con una ligadura en el cuello y posteriormente trasladado a un hospital, donde murió.

Según ICE, había entrado a Estados Unidos como inmigrante indocumentado en varias ocasiones y fue deportado cuatro veces. La agencia indica que fue acusado de “delitos que incluían desde agresión simple hasta abuso de menores y privación ilegal de libertad”, por lo cual cumplió una condena de 827 días de cárcel.

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, murió el 31 de agosto de 2025 mientras estaba bajo custodia migratoria.

ICE informó que padecía diabetes, contrajo covid-19 durante su detención y presentó problemas respiratorios antes de ser encontrado sin respuesta. Los intentos de reanimación no tuvieron éxito.

Entró a EE.UU. como indocumentado en una fecha desconocida. Entre 2018 y 2025, fue detenido en varias ocasiones por uso/posesión de drogas y manejar bajo la influencia de una sustancia (DUI, por sus siglas en inglés); fue sentenciado a 10 días de confinamiento en 2024 por DUI.

Óscar Rascón Duarte, de 58 años, murió el 8 de septiembre de 2025 en el Centro Médico Banner Desert, en Arizona. Según ICE, padecía Alzheimer en etapa avanzada, cáncer de riñón derecho y hepatitis C.

Etró a Estados Unidos en 1976 como indocumentado y fue deportado en 2004, pero volvió a ingresar al país el mismo día de su remoción a México, según ICE. Entre 1984 y 2000, fue acusado de “delitos que incluyen allanamiento de morada, robo y posesión de drogas”, mientras que en 2005 fue condenado a 20 años de prisión por intento de contacto sexual con un menor y abuso de menores, sentencia que cumplió en enero de 2025, cuando se reanudaron los procesos de inmigración en su contra, indica la agencia.

Ismael Ayala Uribe, de 39 años, murió el 22 de septiembre de 2025 en un hospital de California después de sufrir un paro cardiaco.

Según ICE, el mexicano, que “era hipertenso y presentaba taquicardia anormal”, fue remitido el 21 de septiembre al mediodía al Centro Médico Global Victor Valley por un absceso en su glúteo y se le programó para cirugía. Sin embargo, poco más de 12 horas después, ICE dijo que el personal del hospital encontró al mexicano “inconsciente y tomó medidas para salvarle la vida”. Ayala Uribe fue declarado muerto la madrugada del 22 de septiembre tras sufrir un paro cardiaco.

Su caso recibió atención porque había sido beneficiario del programa DACA, el programa insignia del Gobierno del expresidente Barack Obama que protegía de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años. Sin embargo, Ayala Uribe perdió esa protección años después. Su familia cuestionó las circunstancias de su muerte y la atención médica recibida.

Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, murió el 30 de septiembre de 2025 por las heridas sufridas durante un tiroteo ocurrido en una instalación migratoria de Dallas.

Los abogados de su esposa dijeron que protegió con su cuerpo a otro detenido durante el tiroteo. Fue detenido el 8 de agosto de 2025 y acusado de DUI, evadir el arresto con un vehículo y huir de la policía, según ICE. El tiroteo ocurrió el 24 de septiembre, el mismo día que ICE lo tomó bajo su custodia, señala la agencia.

Leo Cruz Silva, de 34 años, murió el 4 de octubre de 2025 en una cárcel del condado de Ste. Genevieve, Missouri, donde fue encontrado con una sábana atada a su cuello.

Las autoridades informaron que las maniobras de emergencia no lograron salvarle la vida. ICE clasificó el caso como un suicidio.

Entró a EE.UU. sin documentos en una fecha desconocida, según ICE. Entre 2010 y 2025 fue deportado dos veces y tuvo detenciones por desorden público, violación de libertad condicional e intoxicación pública. Tras una detención de un día por intoxicación, ICE lo arrestó para iniciar un nuevo proceso de deportación.

Gabriel García Avilés, de 56 años, murió el 23 de octubre de 2025 en un hospital de California.

ICE informó que el personal del Centro Médico Victor Valley Global, en California, declaró que el inmigrante murió de un paro cardiaco debido a la abstinencia de alcohol. Su familia le pidió a los servicios médicos que ya no siguiera los intentos de resucitación, añade la agencia.

Entró a EE.UU. como inmigrante indocumentado en fecha desconocida. Autoridades de inmigración lo arrestaron un par de ocasiones y le ofrecieron regreso voluntario a México, pero volvió a Estados Unidos. Entre 2007 y 2024, fue detenido en múltiples ocasiones por conducta desordenada, proporcionar información falsa a un oficial de policía, arrojar basura en la vía pública y violación de una ordenanza local, dice ICE.

Heber Sanchaz Domínguez, de 34 años, murió el 14 de enero de 2026 después de ser encontrado encontrado colgado del cuello e inconsciente en el Centro de Detención Robert A. Deyton, en Georgia.

ICE informó que fue trasladado a un hospital, donde murió, y clasificó el caso como un suicidio. Según la agencia, entró a Estados Unidos como inmigrante indocumentado en diciembre de 2023 y había sido detenido por conducir sin licencia válida.

Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, murió el 27 de febrero de 2026 después de ser trasladado desde un centro de detención a un hospital de California.

ICE informó que presentó dolor en el pecho y dificultades para respirar antes de morir pese a los esfuerzos médicos.

Según la agencia, ingresó a EE.UU. sin documentos en una fecha desconocida. En 2010 fue arrestado por agredir a su cónyuge o conviviente y recibió un programa de desvío en lugar de ir a prisión. En enero, la Patrulla Fronteriza lo detuvo en una operación migratoria y lo entregó a ICE.

Royer Pérez Jiménez, de 19 años, murió el 16 de marzo de 2026 en el Centro de Detención del condado de Glades, Florida.

ICE informó que fue encontrado inconsciente en su dormitorio y que las maniobras de reanimación no lograron salvarlo. La agencia clasificó el caso como un suicidio.

Según ICE, ingresó a EE.UU. en 2022 y fue detenido por la Patrulla Fronteriza, pero volvió a entrar al país en una fecha desconocida. En enero fue arrestado en Florida por presunto fraude de identidad y resistencia a un agente. Un mes después, ICE asumió su custodia.

José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, murió el 25 de marzo de 2026 después de ser encontrado inconsciente en el Centro de Detención de Adelanto, California.

Fue trasladado de emergencia al Centro Médico Victor Valley Global y ahí se declaró su muerte. ICE informó que la causa del fallecimiento permanecía sin determinar.

Según ICE, fue arrestado en mayo de 2025 en Redondo Beach por posesión de una sustancia controlada y robo de propiedad personal. Fue sentenciado en agosto, aunque no se especificó la condena. En febrero de 2026, ICE lo detuvo en una operación migratoria en Torrance y lo trasladó a Adelanto bajo custodia.

Jaime Alanís García, de 57 años, murió en julio de 2025 tras caer de un techo mientras huía durante una redada de ICE en un invernadero de California, según información de la familia, el hospital y fuentes gubernamentales.

Según su familia y autoridades médicas, la caída le provocó una lesión fatal en el cuello. Fue el primer mexicano conocido que murió durante una de las operaciones de control inmigratorio de la administración Trump.

Silverio Villegas González, de 38 años, murió el 12 de septiembre de 2025 tras recibir un disparó de un agente de ICE que lo mató durante una parada vehicular en Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que se resistió al arresto y arrastró al agente con su vehículo. Familiares y organizaciones civiles pidieron investigar el uso de la fuerza.

Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, murió el 11 de abril de 2026 mientras estaba bajo custodia de ICE en el Centro Correccional de Winn, Louisiana.

ICE informó que fue encontrado sin signos vitales en su celda y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. La causa permanece bajo investigación.

Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió el 19 de junio de 2026 mientras estaba detenido en el Centro de Detención del condado de Webb, Texas.

ICE informó que fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital, donde murió. La causa oficial permanece pendiente de la autopsia.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio de 2026 después de recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston.

Salgado Araujo llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en construcción y era padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses sostienen que intentó evadir el arresto, golpeó un vehículo oficial e intentó atropellar a un agente, quien disparó en defensa propia.

Su familia rechaza esa versión. Asegura que se dirigía a trabajar, que no sabía que quienes lo seguían eran agentes federales y que no tenía antecedentes penales.

Su muerte provocó la reacción más reciente del Gobierno mexicano y se convirtió en el caso que llevó a Sheinbaum a anunciar nuevas denuncias ante autoridades estadounidenses.

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Looking a school shooter in the eyes: How teenage victims confronted Colt Gray in court

Winder, Georgia (CNN) — Dark clouds hung over the Barrow County Judicial Courthouse, both outside and inside, as more than 100 people sloshed through a soggy parking lot to hear Colt Gray take responsibility for the lives he had taken, along with the ones that he forever changed.Victims of the 2024 shooting at Georgia’s Apalachee High School and their family members were there last week to make sure Gray’s voice wasn’t the only one heard.The teenager’s decision to plead guilty promised an end to a painful chapter for the community of Winder after four people – two adults and two students – were murdered and seven others injured by gunfire from the AR-style rifle purchased for Gray by his father.Loved ones of Christian Angulo and Mason Schermerhorn – the 14-year-olds killed – wore shirts with their smiling faces, anxious to make sure no one would forget what was lost on September 4, 2024. The hashtag message “#lovelikemason” was on the back of the shirt worn by Breanna Schermerhorn, Mason’s mother.Thunder from the outside could be heard in the dimly lit top-floor courtroom Friday as Gray – the long, bleached hair of his mug shot now dark and short, with a wispy mustache one of the few reminders of his previous appearance – was led into the courtroom, the chains from his leg restraints jangling.He repeatedly leaned into a microphone with a blank expression and said, “Yes, your honor,” to accept a guilty plea on 55 charges, including four counts of murder. A dozen sheriff’s deputies lined the walls of the courtroom, with a bailiff in a dark blazer monitoring from the front.On the gallery’s hard, wooden benches resembling church pews, 115 people sat quietly to hear whether there would be a tinge of regret in his voice or a troubled look on Gray’s face as he admitted to his crimes. That day, there was none.As Gray emotionlessly acknowledged his crimes, the hallway outside the courtroom showed how not just lives were taken that day, but innocence. A line of teenage girls – some who had been shot, all of whom witnessed the shooting – were prepared to share their stories and ask that Gray would never again see freedom.By Tuesday, they would get to see the impact of their words, as Judge Nicholas Primm sentenced Gray to life in prison without the possibility of parole, just two days before his father, Colin Gray – who bought the rifle for his son – is set to learn his sentence for murder and manslaughter. But on this first day of the three-day hearing, all they knew was they would be standing feet from the classmate who changed their lives, speaking directly to him for the first time.The teens, comforted by family members and court advocates – and protected by law enforcement and a leather-clad biker group called Mystic Saints formed days after the shooting to support the school – were called one at a time to tell their story, baring emotion that had been building for nearly two years.Taylor JonesWalking into court under her own power was its own victory for Taylor Jones, who was a ninth grader when Gray shot into her algebra class and shattered her femur. After the shooting, she was told she might never walk again. Surgeries along with months of therapy helped her beat the odds, but that didn’t end the trauma.The physical scars were hidden in court by her floor-length pink dress and denim vest, her skirt so long she seemed in danger of tripping over it. Her left foot nervously dug into the carpeted floor. The emotional scars could be heard in her voice.Taylor looked at the assistant district attorney guiding the victims’ testimony, getting gentle reassurance. She hoped occupying the spotlight she never asked for would make an impression on the shooter.“I hope my story makes Colt realize the horrible things that he has done and all the pain and suffering he has caused.”Natalie GriffithNatalie Griffith’s words spilled out with such rapid nervous energy, the judge had to ask her to slow down, drawing chuckles from the crowd that cut the tension that had been building all day. Leaning against the lectern and taking a breath, Natalie said her school was supposed to be her sanctuary.“I never thought something like that would happen here. Those things happen in places where the sun doesn’t shine as bright,” said Natalie, who, like Taylor and others, had been shot in their math class.Intense medical attention has helped her slowly regain much of the use of her left arm, torn open by Gray’s gun, after a year of needing other people to cut her food for her.Frustrated. Angry. Sad. Natalie described the range of her feelings over the past nearly two years. She looked directly at Gray as she said his actions were all for nothing.Natalie stepped back from the microphone but stayed in the courtroom that day and returned for the next two days, watching testimony. Twisting open the cap of her bottle of Sprite is a struggle, and she spends much of her time crocheting, a hobby that helps her build strength in her reconstructed wrist.Nautica WaltonA cell phone clutched in her right hand, her shirt cuff pulled partially over her left, Nautica Walton told the judge her dreams are simple.“About once a week, I find myself thinking about what would it feel like to be normal again.”To this day, Nautica – who was a freshman when she was shot in the leg in math class – feels uncomfortable sitting with her back to a door, she said. She wants to know she always has an escape route, just in case. Now, she is afraid of the dark. Afraid, she said, “of everything.”Hayden BowenA victim’s advocate never left the side of Hayden Bowen as she approached the microphone, keeping a hand on her right shoulder next to her dark, wavy hair. As she struggled to begin, clearly uncomfortable with the spotlight cast on her by the bowl-shaped chandelier hanging in the center of the court, the prosecutor added reassurance.Although Hayden’s voice was quiet and shaky, full of sighs, her message directly to Gray was powerful.Hayden, who witnessed the shooting but was not injured, reminded the judge that even the courthouse – a place to seek justice – is a place where she can never feel comfortable.“I now live with fear lurking behind me everywhere I go. Everywhere. I have frequent panic attacks. I can’t stay in places for too long. I can’t go out anywhere. I can’t even stay in my own bedroom without feeling fear. I’m not able to be a normal teenager anymore.”Aryanna NormanThe summer break is the best time of the year for many high school students, and the July Fourth holiday is usually a day for a picnic or relaxing time on the water. For Aryanna Norman, after watching students shot in her own school, it only brings more anxiety.“I don’t hear fireworks the same again because to me, they sound like gunshots, and when it’s far away, it can be hard to tell the difference, which always gives me anxiety. Now I feel the need to identify an escape route everywhere I go because I get scared I’m going to be trapped like I was on September 4th.”Her dark, curly hair lies freely on a blue short-sleeved shirt with black stripes. Although she speaks with a stronger voice than the students who have gone before her, Aryanna’s nerves are betrayed by a stress ball she holds onto in her left hand. At times, she squeezed so hard, it bulged from underneath her clinched fist. The heartfelt testimony from children – along with the adult survivors who preceded them – induced silent tears across the courtroom, with families exhausting boxes of tissues that had been spread throughout the gallery. The tissue box sitting in front of Gray remained untouched.During the recess after their emotionally draining testimony, the nerves faded away. The girls who had bared their pain to a judge and the world suddenly seemed like students again, escaping from their nightmare back into the real world, tapping text messages on their cellphones and speaking casually about their plans for the weekend.Natalie excitedly introduced her mother to Beau, one of the two Apalachee High therapy dogs that were quietly waiting in the hallway. A goldendoodle named Frankie weaved around the legs of people standing around in conversation, accepting pets from anyone who needed the calm.But some of the most painful reminders of day that changed their lives came later that afternoon, as prosecutors played more than two hours of recordings of Gray speaking to police shortly after the shooting.Family members of the victims shifted uncomfortably in their seats as Gray’s choking sobs and wails of apparent regret played over the loudspeakers, with Gray himself sitting impassively at the defense table.But as the recording played on, the initial wave of Gray’s emotion began to dissipate into indifferent ripples. By the time he was being interrogated at the police station, Gray was calm. Prosecutors would later assert the emotion was an act, a ruse filled with Easter eggs tying him to other mass shooters.The families were visibly weary of Gray’s meandering, inconsistent statements. Some had heads down, eyes closed. Mason Schermerhorn’s parents had their cellphones out, casually scrolling even as Gray said in the recording that he felt sorry for the victims’ parents. Although the phone use technically broke the court’s rules of decorum, the sheriff’s deputies who lined the walls, many yawning themselves, looked the other way.The families touched by the unspeakable violence have become close, leaning on each other, sometimes literally. Breanna Schermerhorn was quick to give hugs, sometimes darting across the room to greet a family member or law enforcement officer she knows. Natalie sat next to her in court after speaking to the judge and crocheted, slowly hooking loops of yarn with the hand that is still recovering from the school shooting.Natalie handed Schermerhorn her most recent work, a floppy gold star. Schermerhorn smiled and held tightly to the star, a physical token of the bond they now share in tragedy, with both hands.By the final day, with Judge Primm’s decision approaching, tensions rose in the gallery. As Colt Gray’s grandmother, Debbie Polhamus, said she hoped he could “have a chance to prove himself,” Natalie flashed fury.“Never, never,” Natalie mouthed quietly.As the judge called a recess to make his decision, and the courtroom audience emptied into the hallway with its huge arched window framing the flags of the United States and Georgia, a shriek rang out. An unidentified family member began emotionally shouting, incoherently venting her grief as a loved one grabbed her in a bear hug and escorted her away.The central hall that had served as a middle ground, shared each day by victims, reporters and the defense team sitting side by side, became unbearably tense.Supporters cordoned the victims’ families, some of whom retreated into a room set aside for them that had been little used until now. The sheriff quietly led Gray’s legal team into a conference room around the corner, away from the view of the families.The therapy dogs were gone. Instead, a police dog trained in finding hidden electronic devices roamed the building.When Primm finally delivered the sentence, with Gray surrounded by law enforcement officers, it was clear the young victims had affected the judge.“The slain will not return to life, the injured will not forget their wounds, and a 16-year-old boy will live and die in prison,” he said.Families in the packed courtroom gasped as the words “without parole” finally came out of the judge’s mouth, and Mason Schermerhorn’s relatives quietly sobbed.“Thank God,” said Schermerhorn’s grandmother, pulling away the assistive listening headset she had been wearing to hear Primm’s words.After court was adjourned, Breanna Schermerhorn stopped to thank and embrace every deputy, advocate and fellow Apalachee family she encountered – a community forged in grief.But as they poured out of the courtroom Tuesday, there were few smiles. Everyone who had agreed to bare their emotions to strangers to ensure a shooter will remain in prison faced another reality: Justice is served, but it can’t undo that day in September.“This is not a happy day. This is a relief day,” District Attorney Brad Smith said. “The depths of their loss, I cannot comprehend.”The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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