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Mullin threatens to withhold aid from states that don’t comply with DHS election directives

U.S. Secretary of Homeland Security Markwayne Mullin speaks during a news conference in the Eisenhower Executive Office Building on July 17, 2026 in Washington, DC. (Anna Moneymaker/Getty Images)

(WASHINGTON) — Department of Homeland Security Secretary Markwayne Mullin threatened on Friday to strip states of federal election-related aid, and to possibly seek criminal penalties against election officials, if they don’t comply with the administration’s voting roll probe ahead of the midterms.

Mullin told reporters that if states want to continue to receive federal reimbursement “to run federal elections,” they must now cooperate with DHS’s efforts to “scrub” their voter rolls and update the security of their election systems.

“We’re saying that the machines had to be secure, and that your voter registration list needs to be scrubbed,” Mullin said in a news conference.

It was not immediately clear what grants or funding could be in jeopardy for non-compliant states. DHS has previously threatened to withhold Federal Emergency Management Agency counterterrorism grants unless states complied with election security mandates.

“If states want the grant funding, to recap, they must secure the election,” Mullin said.

Mullin’s news conference came one day after President Donald Trump’s primetime speech on elections, in which he announced he was declassifying a slew of documents he claims reveal vulnerabilities in America’s elections systems and foreign interference, particularly by China.

Mullin, who was sworn in as DHS secretary on March 24, claimed America’s adversaries have the “key to the back” of American voting machines, alleging that bad actors could change the registration of voters — and even manipulate votes that have already been cast.

But Mullin offered no evidence that foreign vote manipulation has occurred, nor did he elaborate on how it is possible.

Mullin also argued, as Trump did on Thursday night, that America’s elections are also vulnerable because of noncitizen voters being on the voter rolls.

A DHS report released overnight alleged more than 250,000 noncitizens are on voter rolls in four states.

Mullin did not provide more information on how DHS arrived at the claim that 250,000 noncitizens are registered to vote in California, Pennsylvania, New Jersey, and Nevada, saying only it was pulled from public voter records.

The Department of Justice attempted to compel states to turn over their voter files, and sued more than two dozen that refused to do so. But courts have thrown out those lawsuits across the board, saying the DOJ lacks a compelling reason for the data.

Mullin said it would be a “little bit tougher” to obtain data from those states.

He said DHS will continue to comb through voter rolls in search of noncitizens and others ineligible to vote, and threatened them with jail time and or financial penalties.

“We will scrub all election records, looking for illegal aliens and those who are ineligible to vote, including those that somehow voted, yet they were deceased,” Mullin said.

“If you’re illegal and attempted to vote, or you tried to vote illegally for someone else, we will find you, and we will charge you,” Mullin continued. “Illegal voter restoration and illegal voting both carry penalties up to five years in prison and up to $250,000 in fines. We will pursue maximum pressure on this.”

The secretary said election officials would be held “accountable” if they don’t comply and that the penalties would be extended to them.

“If the election officials, once we gave them the information they need to secure their elections, and they chose not to, then those individuals can also be held accountable by fines, by penalties, and even depending on how far it goes, prison time,” he said.

Mullin said DHS will look into the integrity of both early voting and post-Election Day votes during this November’s midterm elections.

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El francés se ha convertido en un punto conflictivo en la disputa comercial entre Canadá y EE.UU. He aquí por qué

Ante la inminente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá tras el fracaso de las negociaciones la semana pasada, ha surgido una cuestión clave que ha avivado aún más las tensiones entre estos aliados de larga data: las leyes sobre el idioma francés.Canadá es un país bilingüe y cuenta con leyes que protegen sus dos idiomas oficiales: el inglés y el francés, la lengua materna de aproximadamente una quinta parte de la población, incluyendo a casi el 85 % de la provincia de Quebec, predominantemente francófona.Entre las leyes, las etiquetas de los productos deben mostrarse tanto en inglés como en francés, y las plataformas de streaming estadounidenses deben apoyar y promocionar el contenido canadiense (incluido el contenido indígena y francocanadiense) entre el público al norte de la frontera.Los requisitos lingüísticos de Canadá han sido considerados durante mucho tiempo por Estados Unidos como una barrera comercial, pero generalmente son una línea roja para Ottawa, algo que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo cumplir al retirarse de un acuerdo que, según él, incluía “amenazas a la lengua y la cultura francesas”.El lunes, Carney afirmó que Canadá “no podía aceptar” el acuerdo propuesto, que habría debilitado la protección del idioma francés, y declaró a los periodistas que su Gobierno “no concederá (a Estados Unidos) lo que han pedido”.Muchos canadienses han respaldado la decisión de Carney, y en particular sus comentarios sobre la protección de la cultura francesa, una parte fundamental de la identidad nacional de Canadá.Después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificara el lunes las preocupaciones de Ottawa sobre el francés como una “historia falsa y ridícula”, el líder canadiense negó que el tema fuera motivo de risa, afirmando que existe una “enorme brecha entre nuestra perspectiva y la de Estados Unidos”.“Para los estadounidenses, el idioma francés, la cultura francófona y la cultura canadiense son elementos irritantes”, dijo Carney en francés en una conferencia de prensa en Lévis, Quebec.“Aquí en Quebec, aquí en Canadá, estos son derechos”, dijo, mientras un grupo de periodistas aplaudía.El presidente Donald Trump no se ha pronunciado directamente sobre el tema francés, pero ha revivido viejos ataques contra Canadá, calificando al país de “arrogante” y “una de las peores naciones del mundo con las que tratar” en una publicación de Truth Social el lunes.Desde que las negociaciones se estancaron el viernes, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 50 % a productos canadienses por un valor aproximado de US$ 20.000 millones.Inicialmente, Carney se comprometió a igualar los aranceles “dólar por dólar”, pero el lunes dijo que su Gobierno podría considerar un enfoque más específico para maximizar el efecto, dado el tamaño de la economía estadounidense.“Todo está sobre la mesa”, dijo en francés.El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, y otros tres ministros del Gabinete anunciarán el martes la respuesta de Canadá a los aranceles, que incluirá medidas para proteger y apoyar a los trabajadores y las empresas canadienses, según un comunicado del Gobierno. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Carney para obtener más detalles.Los derechos lingüísticos llevan décadas consagrados en la Constitución canadiense y son especialmente importantes para Quebec, que ha luchado por proteger su identidad lingüística y cultural distintiva en una Norteamérica dominada por el inglés.Esta búsqueda ha generado en ocasiones conflictos entre la provincia y el resto de Canadá. Quebec ha celebrado dos referéndums sobre la secesión del resto del país, el más reciente en 1995, donde el “no” ganó por un margen mínimo de tan solo 1,16 %.Las leyes lingüísticas abarcan desde el derecho de los canadienses a acceder a los servicios oficiales en ambos idiomas hasta la obligación de que las empresas de productos para el cuidado del cabello muestren la palabra francesa “shampooing” (champú) junto con el texto en inglés en sus envases.Para las empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Canadá, esto significa barreras adicionales, ya que deben rediseñar el empaque y pagar costos de producción adicionales.Stewart Prest, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica, afirmó que pedirle a Canadá que flexibilice estas normas “no es una petición razonable al Gobierno canadiense en una negociación comercial”, y que Canadá “no tiene más remedio que decir que no”.“En Canadá se habla francés. No es un país donde todo el mundo hable inglés, y a algunos les gusta usar el francés”, dijo. “No es muy diferente a pedirle a Francia que flexibilice su requisito de que el empaquetado deba incluir texto en francés”.En Montreal, es común que los trabajadores del sector servicios saluden a los clientes con un “Bonjour-Hi”.En cualquier circunstancia, sería increíblemente perjudicial para Carney, quien se ha forjado una reputación mundial por enfrentarse a Trump, ceder en un tema tan fundamental para la identidad canadiense, dijo Stéphanie Chouinard, profesora asociada de estudios políticos en el Royal Military College y la Queen’s University en Kingston, Ontario.Pero la situación es particularmente delicada ahora que Quebec está a pocas semanas de unas elecciones provinciales en las que el Partido Quebequense, de corte separatista, está repuntando en las encuestas, dijo.El líder del partido declaró recientemente que aplazaría un posible referéndum de independencia hasta que finalice el mandato de Trump, pero cualquier concesión en materia de leyes lingüísticas podría “avivar el sentimiento secesionista” en la provincia donde el debate sobre la independencia ha quedado en un segundo plano, afirmó Chouinard.En los últimos años, Quebec ha implementado políticas nacionalistas estrictas para reforzar el francés como único idioma de la provincia, incluso a través de la controvertida ley lingüística Proyecto de Ley 96, que incluye requisitos más estrictos para el uso del francés en productos, electrodomésticos, envases y señalización.Esta legislación se incluyó en la lista de barreras al comercio mundial de 2025, elaborada anualmente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la Ley de Transmisión en Línea de Canadá, que exige a los servicios de video y música en línea como Netflix y Spotify que inviertan en contenido canadiense y lo promuevan.Washington también se opuso a otra regulación sobre plataformas de streaming, conocida como Proyecto de Ley 109, aprobada en Quebec el pasado diciembre, que obliga a dichas plataformas a priorizar el contenido en francés. En marzo, Estados Unidos incluyó esta medida como una posible barrera comercial en su informe de estimación comercial.En una entrevista con CNBC el lunes, Greer afirmó que Estados Unidos no tiene ningún problema con el idioma francés, sino con lo que él denominó un “impuesto discriminatorio a las empresas estadounidenses”.“Me gustan los quebequenses y me gusta que hablen francés. Lo que no nos gusta es una situación en la que el Gobierno federal de Canadá obligue a las empresas tecnológicas estadounidenses a tomar sus ganancias y dar un porcentaje a sus competidores”, dijo.Para muchos en Canadá, la disputa suscita preocupación por la injerencia estadounidense en la identidad nacional canadiense.La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, afirmó que Carney tomó la decisión correcta al abandonar la mesa de negociaciones.“Nuestra cultura, nuestro idioma, es fundamental para nuestra identidad, y es importante excluirlo de la mesa de negociación”, dijo Fréchette en una conferencia de prensa, según CBC News, socio informativo de CNN.“Aunque nos amenacen con diferentes aranceles, eso no cambiará. Seguiremos como estamos.”Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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