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¿Por qué el francés se ha convertido en un punto conflictivo en la disputa comercial entre Canadá y EE.UU.?

Ante la inminente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá tras el fracaso de las negociaciones la semana pasada, ha surgido una cuestión clave que ha avivado aún más las tensiones entre estos aliados de larga data: las leyes sobre el idioma francés.

Canadá es un país bilingüe y cuenta con leyes que protegen sus dos idiomas oficiales: el inglés y el francés, la lengua materna de aproximadamente una quinta parte de la población, incluyendo a casi el 85 % de la provincia de Quebec, predominantemente francófona.

Entre las leyes, las etiquetas de los productos deben mostrarse tanto en inglés como en francés, y las plataformas de streaming estadounidenses deben apoyar y promocionar el contenido canadiense (incluido el contenido indígena y francocanadiense) entre el público al norte de la frontera.

Los requisitos lingüísticos de Canadá han sido considerados durante mucho tiempo por Estados Unidos como una barrera comercial, pero generalmente son una línea roja para Ottawa, algo que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo cumplir al retirarse de un acuerdo que, según él, incluía “amenazas a la lengua y la cultura francesas”.

El lunes, Carney afirmó que Canadá “no podía aceptar” el acuerdo propuesto, que habría debilitado la protección del idioma francés, y declaró a los periodistas que su Gobierno “no concederá (a Estados Unidos) lo que han pedido”.

Muchos canadienses han respaldado la decisión de Carney, y en particular sus comentarios sobre la protección de la cultura francesa, una parte fundamental de la identidad nacional de Canadá.

Después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificara el lunes las preocupaciones de Ottawa sobre el francés como una “historia falsa y ridícula”, el líder canadiense negó que el tema fuera motivo de risa, afirmando que existe una “enorme brecha entre nuestra perspectiva y la de Estados Unidos”.

“Para los estadounidenses, el idioma francés, la cultura francófona y la cultura canadiense son elementos irritantes”, dijo Carney en francés en una conferencia de prensa en Lévis, Quebec.

“Aquí en Quebec, aquí en Canadá, estos son derechos”, dijo, mientras un grupo de periodistas aplaudía.

El presidente Donald Trump no se ha pronunciado directamente sobre el tema francés, pero ha revivido viejos ataques contra Canadá, calificando al país de “arrogante” y “una de las peores naciones del mundo con las que tratar” en una publicación de Truth Social el lunes.

Desde que las negociaciones se estancaron el viernes, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 50 % a productos canadienses por un valor aproximado de US$ 20.000 millones.

Inicialmente, Carney se comprometió a igualar los aranceles “dólar por dólar”, pero el lunes dijo que su Gobierno podría considerar un enfoque más específico para maximizar el efecto, dado el tamaño de la economía estadounidense.

“Todo está sobre la mesa”, dijo en francés.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, y otros tres ministros del Gabinete anunciarán el martes la respuesta de Canadá a los aranceles, que incluirá medidas para proteger y apoyar a los trabajadores y las empresas canadienses, según un comunicado del Gobierno. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Carney para obtener más detalles.

Los derechos lingüísticos llevan décadas consagrados en la Constitución canadiense y son especialmente importantes para Quebec, que ha luchado por proteger su identidad lingüística y cultural distintiva en una Norteamérica dominada por el inglés.

Esta búsqueda ha generado en ocasiones conflictos entre la provincia y el resto de Canadá. Quebec ha celebrado dos referéndums sobre la secesión del resto del país, el más reciente en 1995, donde el “no” ganó por un margen mínimo de tan solo 1,16 %.

Las leyes lingüísticas abarcan desde el derecho de los canadienses a acceder a los servicios oficiales en ambos idiomas hasta la obligación de que las empresas de productos para el cuidado del cabello muestren la palabra francesa “shampooing” (champú) junto con el texto en inglés en sus envases.

Para las empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Canadá, esto significa barreras adicionales, ya que deben rediseñar el empaque y pagar costos de producción adicionales.

Stewart Prest, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica, afirmó que pedirle a Canadá que flexibilice estas normas “no es una petición razonable al Gobierno canadiense en una negociación comercial”, y que Canadá “no tiene más remedio que decir que no”.

“En Canadá se habla francés. No es un país donde todo el mundo hable inglés, y a algunos les gusta usar el francés”, dijo. “No es muy diferente a pedirle a Francia que flexibilice su requisito de que el empaquetado deba incluir texto en francés”.

En Montreal, es común que los trabajadores del sector servicios saluden a los clientes con un “Bonjour-Hi”.

En cualquier circunstancia, sería increíblemente perjudicial para Carney, quien se ha forjado una reputación mundial por enfrentarse a Trump, ceder en un tema tan fundamental para la identidad canadiense, dijo Stéphanie Chouinard, profesora asociada de estudios políticos en el Royal Military College y la Queen’s University en Kingston, Ontario.

Pero la situación es particularmente delicada ahora que Quebec está a pocas semanas de unas elecciones provinciales en las que el Partido Quebequense, de corte separatista, está repuntando en las encuestas, dijo.

El líder del partido declaró recientemente que aplazaría un posible referéndum de independencia hasta que finalice el mandato de Trump, pero cualquier concesión en materia de leyes lingüísticas podría “avivar el sentimiento secesionista” en la provincia donde el debate sobre la independencia ha quedado en un segundo plano, afirmó Chouinard.

En los últimos años, Quebec ha implementado políticas nacionalistas estrictas para reforzar el francés como único idioma de la provincia, incluso a través de la controvertida ley lingüística Proyecto de Ley 96, que incluye requisitos más estrictos para el uso del francés en productos, electrodomésticos, envases y señalización.

Esta legislación se incluyó en la lista de barreras al comercio mundial de 2025, elaborada anualmente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la Ley de Transmisión en Línea de Canadá, que exige a los servicios de video y música en línea como Netflix y Spotify que inviertan en contenido canadiense y lo promuevan.

Washington también se opuso a otra regulación sobre plataformas de streaming, conocida como Proyecto de Ley 109, aprobada en Quebec el pasado diciembre, que obliga a dichas plataformas a priorizar el contenido en francés. En marzo, Estados Unidos incluyó esta medida como una posible barrera comercial en su informe de estimación comercial.

En una entrevista con CNBC el lunes, Greer afirmó que Estados Unidos no tiene ningún problema con el idioma francés, sino con lo que él denominó un “impuesto discriminatorio a las empresas estadounidenses”.

“Me gustan los quebequenses y me gusta que hablen francés. Lo que no nos gusta es una situación en la que el Gobierno federal de Canadá obligue a las empresas tecnológicas estadounidenses a tomar sus ganancias y dar un porcentaje a sus competidores”, dijo.

Para muchos en Canadá, la disputa suscita preocupación por la injerencia estadounidense en la identidad nacional canadiense.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, afirmó que Carney tomó la decisión correcta al abandonar la mesa de negociaciones.

“Nuestra cultura, nuestro idioma, es fundamental para nuestra identidad, y es importante excluirlo de la mesa de negociación”, dijo Fréchette en una conferencia de prensa, según CBC News, socio informativo de CNN.

“Aunque nos amenacen con diferentes aranceles, eso no cambiará. Seguiremos como estamos.”

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire
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Judge in Don Lemon indictment asks to see grand jury records, adding to growing scrutiny of Justice Department cases

(CNN) — A federal judge in Minnesota will probe this week whether grounds exist to toss the Justice Department’s case against journalist Don Lemon. It’s the latest example of judges’ growing skepticism of whether the department is behaving ethically behind closed doors in grand jury proceedings.Judges across the country have signaled they are willing to give far less deference to federal prosecutors than in previous administrations and have raised concerns about DOJ’s apparent abandonment of regular practices.Federal judges in Wyoming, Illinois and Virginia have either thrown out charges or seriously admonished federal prosecutors for missteps in front of the grand jury. The botched grand jury presentments have prompted a historical review of cases in Chicago and, in some courts, new rules requiring defendants to be notified when a grand jury declines to indict.On August 18, Minnesota federal Judge Laura Provinzino issued a short but extraordinary order demanding the Justice Department provide her a wide swath of grand jury materials related to Lemon and his co-defendants, including presentations made by prosecutors and case agents, and the totality of communications prosecutors had with grand jurors resulting in their indictments.Provinzino set a Tuesday deadline to provide her with the presentation by federal prosecutors and case agents related to grand juries empaneled in January and February. Further, Provinzino told DOJ to provide any introduction, legal instructions, witness testimony, closing arguments, and answers to questions from grand jurors.Lemon’s team has aggressively pursued obtaining grand jury materials and had asked for either grand jury records to be provided to the defense or, at a minimum, reviewed by the judge privately, citing “irregularities” in the grand jury that resulted in his indictment.“There is substantial evidence of grand-jury irregularities in this case,” Lemon’s team wrote in a recent filing.“Multiple judges, including at the Eighth Circuit, found there was no probable cause to charge Lemon” and his co-defendant Georgia Fort, the filing said.Mark Wolf, a former Massachusetts District Court judge and federal prosecutor, said it is rare for defense attorneys to ask for grand jury transcripts in federal court. It is even more rare that judges grant the motions, he said.“There is a high bar to getting grand jury materials,” Wolf said. “You have to have some direct or circumstantial evidence that there has been some defect in the grand jury proceeding.”In her two-page order, Provinzino wrote that she weighed the necessity of maintaining grand jury secrecy against whether grounds may exist to dismiss the case due to a “matter that occurred before the grand jury.”She did not say she had already found evidence of any misconduct.The Justice Department’s initial attempt to charge Lemon in January for appearing alongside protestors who disrupted a church service in St. Paul, Minnesota, was rejected by a federal magistrate judge, which “enraged” then Attorney General Pam Bondi, according to a source who spoke to CNN at the time.Lemon, a former CNN anchor, was later indicted by a grand jury along with several other defendants, including independent journalist Georgia Fort. Lemon has been charged with conspiring to violate someone’s constitutional rights and violating the FACE Act, which prohibits the use of force or threats to intentionally interfere with someone expressing their First Amendment right to practice religion.Lemon has pleaded not guilty to both charges. His team has aggressively pursued obtaining grand jury materials throughout the case, and earlier this month filed a motion to dismiss the case altogether.Justice Department losing credibilityWolf told CNN he does not believe the Justice Department’s credibility remains intact.“For good reasons, the Department of Justice’s reputation with judges generally has been injured,” Wolf said.In Chicago, defense attorneys urged Judge April Perry to release grand jury transcripts in the highly publicized case against protestors at an ICE detention facility outside the city.After reviewing those transcripts, Perry found federal prosecutors engaged in inappropriate actions, such as interacting with grand jurors outside the proceeding, ordering some jurors to leave in another hearing, and “vouching” to the grand jurors.Vouching is a practice where prosecutors present their own reputation while delivering their case to a grand jury. It is forbidden in grand jury proceedings because the practice effectively asks jurors to trust the prosecutor personally rather than only on the merits of evidence.“I have never seen the types of prosecutorial behavior before a grand jury that I saw in those transcripts,” Judge Perry said during a May 21 hearing.US Attorney Andrew Boutros then dropped the case against the protestors. Later, after reviewing the prosecutor’s conduct, Boutros opted to drop at least two more criminal cases, ordered a historical review of more than 100 grand jury transcripts, and launched reforms such as more training on grand jury presentations.“If I was a federal public defender or a private defense attorney, every case I get that’s indicted, I’m going to file a motion that is asking the judge to review the transcripts,” said Mike Fox, a current Cato Institute fellow and former Colorado public defender.“In my view, at this point, it doesn’t matter in which court it is, doesn’t matter if I have binding case law,” Fox said. “Every single case, the defense attorney should be filing, and the judge should be inquiring.”In May, a panel of three federal judges in Wyoming dismissed felony drug and gun indictments against nine defendants after the judges found the acting Wyoming US Attorney referred to defendants as “bad guys,” and “murderers,” and handed out business cards to jurors outside of the proceeding.Prosecutors opted not to appeal the judges’ order. Later, Wyoming federal prosecutors empaneled a new grand jury which issued a new indictment. The case remains ongoing.Fox believes the remedy is a more engaged judiciary where judges routinely witness grand jury proceedings.The current law doesn’t require judges to listen to proceedings, but some courts are issuing new local rules to ensure greater oversight. This spring, the Northern District of Illinois, where Boutros is US Attorney, enacted a rule requiring grand juries to alert a magistrate judge when a grand jury fails to issue an indictment.A spokesperson for the Justice Department told CNN in an email the executive office of the US Attorney provides training for prosecutors which includes grand jury practice.“On rare occasions where there is an issue, as noted in our Chicago US Attorney’s office, we took immediate corrective action and provided renewed, in-depth instruction on ethics and grand jury practice,” the spokesperson wrote.“Our US Attorneys will always follow the law and prosecute cases without fear or favor. Nobody is above the law, regardless of political affiliation. Beyond that, we don’t comment on pending litigation.”Grand jury presentments in the spotlight last yearLast fall, in the most high-profile and politically charged example of a problematic grand jury presentment, then-interim US Attorney for the Eastern District of Virginia, Lindsey Halligan, took a proposed indictment against former FBI Director James Comey through a grand jury on her own. A magistrate judge in Alexandria, Virginia, reviewed the transcript and found Halligan may have incorrectly presented the law to the grand jury. The judge called the debacle “profound investigative missteps … to potentially undermine the integrity of the grand jury proceeding.”Halligan later admitted to a judge the grand jury hadn’t supported the initial version of the proposed indictment of Comey, and the full grand jury hadn’t signed off on the final charging document. That Comey case was dismissed for a separate reason, when a federal district judge determined Halligan wasn’t serving as a legitimate prosecutor. The Justice Department is appealing.But the grand jury handling in the Comey case and other cases continues to hover over prosecutors.Comey’s defense team, for instance, is attempting to pry into grand jury records in the separate, newer case against him, out of Eastern North Carolina. He is charged there with threatening the president by posting on social media a photo of the numbers “8647” written in seashells on a beach.The phrase 86 is sometimes used to say nix or get rid of something. Trump is the 47th president. Comey has denied wrongdoing in the case.“The highly irregular procedures that led to the indictment create a significant risk that the government misrepresented key issues of fact and law to the grand jury,” Comey’s lawyers wrote in a recent court filing, citing federal searches of Comey that they question.If Comey’s defense cannot gain access to the grand jury transcript, they at least want a judge to look at it to check the Justice Department’s work.Wolf said he is deeply troubled by the Justice Department’s recent actions and told CNN he believes it shows the American people that the department will use the law for partisan purposes.“It sends a message that a Department of Justice that should institutionalize our ideal of equal justice under law is not doing that,” Wolf said. “And that means anybody is vulnerable.”The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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