Hace ya dos años que España aprobó la polémica ley de amnistía para extinguir la responsabilidad penal de quienes promovieron el proceso de independencia en Cataluña entre 2014 y 2017. La normativa sigue sin haber sido implementada del todo.
No obstante, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abre la puerta a que eso pueda ocurrir en breve. Concretamente, este órgano ha avalado la medida de gracia promovida por el Gobierno español tras las consultas elevadas dos años atrás por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional de España, quienes preguntaban si esta amnistía era contraria al derecho comunitario.
“La gran sala del TJUE juzga que el derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía”, sintetizaba en un vídeo Koen Lenaerts, presidente del TJUE.
Con esta resolución, se espera que se desencalle su aplicación sobre varios casos que la justicia había paralizado o desestimado. Entre otros, el caso del expresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de la formación política Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, quien reside desde hace más de ocho años en Bélgica tras eludir el llamado de la justicia por los presuntos delitos de desobediencia y malversación de caudales vinculados a la celebración de un referéndum de independencia en el año 2017.
Con su entrada en vigor, Puigdemont esperaba poder regresar a España sin temer ser detenido por parte de las autoridades. Pero el Tribunal Supremo -órgano que lideraba la causa en su contra- rechazó aplicarle la medida de gracia por una posible incompatibilidad de los delitos de los que era acusado con el redactado de la norma.
El líder independentista presentó en 2025 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su esperanza es que con el fallo de la TJUE lo resuelvan favorablemente lo antes posible.
“Es una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán ante los poderes del Estado español”, celebró Puigdemont a través de sus redes sociales.
“Si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral no sólo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo”, agregó el político catalán.
El Gobierno celebra el fallo
No solo quienes aguardan beneficiarse de la amnistía celebraron este fallo, también lo hizo el propio Ejecutivo español.
“Siempre dijimos desde el Gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo: la amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”, valoró en una declaración institucional el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
“La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación”, agregó.
Una celebración que se comprende desde la perspectiva parlamentaria. Esto es, por el tejido de alianzas diseñado por el Gobierno para lograr apoyos en el Congreso durante esta legislatura.
Sin ir más lejos, esta ley de amnistía fue fruto de los acuerdos tejidos con dos formaciones independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), de cara a lograr su apoyo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en noviembre de 2023.
Sin embargo, las dificultades que presentó su implementación a nivel judicial terminó distanciando al Ejecutivo de JxCat, complicando así la obtención de mayorías en la cámara baja con las que sacar adelante iniciativas legislativas.
Con la luz verde de la UE, desde el Ejecutivo esperan que eso allane el camino para facilitar nuevos acuerdos legislativos con la formación que lidera Puigdemont. Sin ir más lejos, lograr posiciones más favorables de cara a negociar los presupuestos generales para el próximo año, dado que el Gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso unas nuevas cuentas desde el año 2023.
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