Una jueza federal afirmó este lunes que la demanda presentada por el presidente Donald Trump contra el IRS buscaba “manipular el proceso judicial” y concluyó que actuó de mala fe al presentar el caso.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenó imponer sanciones a los abogados involucrados en la demanda, que dio lugar al intento de crear el ya desaparecido fondo de US$ 1.800 millones contra la supuesta “instrumentalización política” de las instituciones (“anti-weaponization”) en beneficio de aliados del presidente. La demanda también se utilizó para justificar una orden del Gobierno de Trump que otorgaba al presidente y a sus empresas inmunidad frente a cualquier asunto tributario del pasado.
En una opinión de 56 páginas, Williams criticó duramente tanto al Departamento de Justicia —al considerar que la respuesta del Gobierno al caso ignoró las políticas de la entidad y posiblemente la ley— como a los abogados privados que presentaron la demanda en nombre de Trump.
“La naturaleza misma de la demanda y la conducta de las partes y de los abogados desde su presentación dejan claro que este fue un intento de utilizar al tribunal para dar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conceder inmunidad a personas y entidades vinculadas con el presidente y a destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para reparar agravios que la ley no contempla”, escribió la jueza.
Williams ordenó además que su opinión fuera remitida a los organismos disciplinarios de abogados de Nueva York y Washington, que ya revisan denuncias previas por presuntas faltas éticas contra el secretario de Justicia interino Todd Blanche y el secretario de Justicia adjunto Stanley Woodward.
“Al renunciar a su responsabilidad de defender con firmeza los intereses de Estados Unidos, el Gobierno celebró un ‘acuerdo’ que se apartó de su postura procesal en casos similares, ignoró las políticas del Departamento de Justicia y logró objetivos que excedían los autorizados por la ley, así como otros expresamente prohibidos”, escribió Williams.
La jueza también remitió al Colegio de Abogados de Florida a uno de los abogados privados que representó a Trump para que evalúe posibles medidas disciplinarias y prohibió a otro abogado del presidente comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida durante el próximo año.
La opinión de Williams responde a una solicitud presentada por un grupo de jueces retirados después de que ella desestimara la demanda, para que examinara el acuerdo. La nueva orden de Williams —designada por el presidente Barack Obama— indica que esos jueces retirados podrían tener derecho al reembolso de sus honorarios legales.
Los abogados de los exjueces calificaron este lunes la decisión como “una contundente victoria para el Estado de derecho”.
CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
Un portavoz del equipo legal privado de Trump dijo: “El IRS permitió erróneamente que un empleado deshonesto y con motivaciones políticas filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump a The New York Times, ProPublica y otros medios de izquierda, que luego fue divulgada ilegalmente a millones de personas. El presidente Trump sigue exigiendo responsabilidades a quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses”.
El acuerdo entre el IRS y Trump este año surgió a raíz de una importante filtración de información tributaria de miles de personas adineradas, entre ellas Trump, realizada hace seis años por un contratista del Gobierno.
Charles Littlejohn fue acusado en 2023 de filtrar esa información tributaria a medios de comunicación mientras trabajaba para una firma consultora contratada por el IRS. Se declaró culpable en 2024 y fue condenado a cinco años de prisión.
El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump anunció en mayo que había llegado a un acuerdo con el presidente por la filtración de esa información, que incluía un fondo de US$ 1.776 millones para quienes consideraran que habían sido perseguidos injustamente por el Departamento de Justicia.
En medio de fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas, Blanche dijo el mes pasado a los legisladores que el fondo había sido descartado, aunque se negó a cumplir la solicitud de un juez federal de presentar una declaración firmada que certificara oficialmente que el fondo ya no existía.
Más importante aún para Trump, el acuerdo incluía un memorando de Blanche —incorporado discretamente al anuncio del Departamento de Justicia al día siguiente— que prohibía al IRS investigar al presidente, a su familia o a sus empresas por asuntos tributarios del pasado, e incluso por otros tipos de reclamaciones del Gobierno federal relacionadas con conductas anteriores al acuerdo.
Incluso antes de la decisión de Williams de este lunes, era poco probable que la orden de inmunidad emitida por Blanche impidiera que un futuro Gobierno demócrata investigara a Trump, dada la dudosa base jurídica del acuerdo.
Pero la nueva orden de la jueza podría debilitar cualquier intento de Trump de utilizar ese supuesto acuerdo como defensa ante los tribunales si un futuro Gobierno presenta acciones contra él, su familia o sus empresas.
Williams dedicó una parte importante de su decisión a cuestionar la actuación del Departamento de Justicia en este litigio y señaló que la institución “permaneció llamativamente ausente y en silencio cuando surgieron serias dudas sobre este asunto”, para explicar por qué concluyó que no se trataba de una controversia jurídica legítima.
La jueza también insinuó que Blanche y Woodward podrían haber violado las normas éticas aplicables a los abogados al suscribir un acuerdo que ella considera ilegal.
Williams sostuvo que ambos funcionarios del Departamento de Justicia debieron inhibirse de participar en el caso debido a su trabajo previo como abogados privados de clientes que podían beneficiarse de la resolución del litigio.
Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, Blanche fue su abogado en varios procesos penales, mientras que Woodward representó a acusados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y a un colaborador de Trump procesado junto con el presidente en el caso de los documentos clasificados.
La jueza recordó este lunes que el fondo contra la supuesta “instrumentalización política” de las instituciones estaba concebido para pagar reclamaciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y con el caso de los documentos clasificados.
“En lugar de inhibirse por sus representaciones previas o defender enérgicamente esta demanda, como exigen las políticas y procedimientos del Departamento de Justicia, estos abogados aceptaron un ‘acuerdo’ que implicaba una suma descomunal de dinero y que potencialmente beneficiaba a antiguos clientes”, escribió Williams.
La jueza añadió que la segunda parte del “acuerdo” —la orden de amnistía tributaria firmada únicamente por Blanche— “contraviene directamente” una ley federal que prohíbe a los presidentes y a otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo influir en auditorías fiscales.
Williams afirmó que “acceder a una exigencia de ese tipo es totalmente incompatible con el deber de los abogados del Departamento de Justicia (así como del director ejecutivo [Frank] Bisignano en el IRS) de hacer cumplir la ley y proteger el interés público”, lo que también plantea la posibilidad de que la orden sea inconstitucional.
La decisión se conoce mientras Blanche tiene previsto comparecer este miércoles ante el Comité Judicial del Senado en una audiencia de confirmación para convertirse en el titular permanente del Departamento de Justicia. En una nota al pie, Williams escribió que estaba “sumamente preocupada” por el testimonio que Blanche ofreció ante el Congreso en mayo, cuando afirmó que el tribunal no tenía ningún papel en la revisión del acuerdo.
“Aunque esa respuesta es cronológicamente correcta, en el mejor de los casos es engañosa y, en el peor, poco sincera”, escribió la jueza.
Esta nota fue actualizada con información adicional.
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