En Ecuador, donde rige un estado de conflicto armado interno, la alianza entre el Gobierno del país sudamericano y Estados Unidos para combatir el crimen organizado enfrenta cuestionamientos tras denuncias de presuntos abusos a los derechos humanos.
Un nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), difundido este martes, señala presuntas violaciones en esta materia “en una comunidad agrícola en la frontera entre Colombia y Ecuador”, así como “ataques y desaparición de pescadores en el mar, cerca de las Islas Galápagos”. Por esta razón, hace recomendaciones a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos y a los cuerpos especializados en justicia y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Estos hechos que constan en el informe generan una preocupación porque estaríamos frente a actuaciones que pueden ser presuntamente violatorias de derechos humanos bajo el pretexto de la cooperación internacional”, afirma el constitucionalista André Benavides.
La ONG señala dos episodios: un supuesto ataque militar a una granja lechera, que las autoridades catalogaron como un laboratorio de elaboración de drogas, y otro en altamar a pescadores que fueron retenidos, en incidentes que ocurrieron entre enero y marzo.
“Cada incidente, o bien implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, o bien plantea serios interrogantes sobre su responsabilidad en lo ocurrido”, dice HRW.
El informe, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, señala que “en una operación que Estados Unidos describió como conjunta, soldados ecuatorianos torturaron y detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas y, posteriormente, quemaron y bombardearon una finca lechera”. Añade que, en otros incidentes, drones de origen desconocido “atacaron dos embarcaciones pesqueras, hiriendo a varios tripulantes”. Una tercera embarcación continúa desaparecida.
HRW advierte que en estas operaciones han primado la opacidad y un distanciamiento con el marco legal local, una situación que, según la ONG, podría repetirse en otros operativos contra el crimen organizado.
Al respecto, Benavides dice que en el combate a la delincuencia las autoridades han promovido la espectacularización de sus operaciones.
CNN contactó al Ministerio de Defensa de Ecuador y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para pedir comentarios sobre el informe y espera respuesta.
En tanto, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa “ha sido un excelente aliado del Gobierno de Trump en contrarrestar la inmigración ilegal y asegurar nuestro hemisferio”.
HRW afirma que para elaborar el informe se realizaron 62 entrevistas a víctimas, abogados y testigos, y que se analizaron imágenes satelitales, documentos judiciales, datos de la NASA para detectar movimientos de embarcaciones e incendios y más de 100 fotografías y videos.
Analistas consultados dijeron a CNN que, frente a esto, las autoridades deberían aclarar lo sucedido y las dudas sobre las acciones en seguridad.
“Las autoridades deben responder con información verificable. Se necesita otro tipo de investigación que permita aclarar lo que ha pasado. Una de las interrogantes más grandes es si efectivamente existió participación operativa extranjera y bajo qué coordinación y control se hizo”, señala Benavides.
“Existe opacidad por parte de autoridades que no dan información bajo el argumento de que son temas de seguridad nacional”, agrega el catedrático.
La internacionalista Grace Jaramillo se pronunció de forma similar.
“Es malo para la imagen reputacional del Ecuador que solo la Fiscalía ofrezca información. Ni el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, proporciona ningún tipo de información a Human Rights Watch, menos aún del lado estadounidense”, afirma.
La académica considera que los gobiernos de ambos países deberían tomar en cuenta las recomendaciones de HWR para que en el combate al crimen organizado se garantice “que se siga el debido proceso, para que no se violen los derechos humanos de seres inocentes y para que en ese debido proceso haya un acompañamiento judicial que responda con pruebas”.
En términos semejantes se pronuncia Benavides, quien agrega: “Debe existir uso legítimo y progresivo de la fuerza, el derecho a la defensa y el debido proceso y que estas personas que puedan ser detenidas tienen que ser puestas a órdenes de la justicia respetando la ley”.
“No podemos desconocer lo que ha avanzado el crimen organizado transaccional. Creo que las actuaciones de Fuerzas Armadas y Policía han rebasado su límite. Ya no dan abasto con tanta delincuencia. Pero las actuaciones tienen que hacerse amparadas en la ley”, indica.
Otras organizaciones no gubernamentales han advertido sobre posibles riesgos en operaciones militares conjuntas de fuerzas de Estados Unidos y Ecuador.
En mayo, Amnistía Internacional (AI) criticó las operaciones militares que Estados Unidos ha desplegado en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico para destruir embarcaciones cuyo gobierno arguye que buscan transportar drogas a territorio estadounidense. Para ese entonces, alrededor de 200 personas habían muerto en estos ataques, una situación que para AI “configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente”. Estados Unidos, mientras tanto, defiende sus ataques contra estos vehículos con el argumento de que representan una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos.
En enero de 2024, el Gobierno de Noboa designó como organizaciones terroristas a 22 bandas delictivas y creó un marco legal para tener más herramientas en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto en el que Ecuador es actualmente el principal puerto de embarque de la cocaína de los dos mayores productores del mundo: sus vecinos Colombia y Perú. Luego de esta designación, el Gobierno de Noboa se acercó al de Donald Trump en busca de apoyo, desde logístico y operativo hasta inteligencia y equipamiento militar.
Noboa, que heredó el imperio bananero más grande del país y nació en Estados Unidos, encontró varias coincidencias ideológicas con Trump. La antigua amistad de su familia con el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., le ayudó a tener un breve primer encuentro informal con el mandatario estadounidense en marzo de 2025.
Posteriormente, la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitaron Ecuador, mientras que Noboa emprendió este año varios viajes a Washington para conversar con altos funcionarios, desde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta el vicepresidente JD Vance.
En este marco, Ecuador y Estados Unidos han firmado varios acuerdos en materia de seguridad, pero la cooperación empezó a estrecharse desde 2023, cuando el crimen organizado vinculado al narcotráfico se afianzaba con fuerza durante los últimos meses de mandato del expresidente Guillermo Lasso.
La internacionalista Grace Jaramillo dice que la estrategia dio un giro cuando las bandas criminales fueron catalogadas como grupos terroristas en 2024.
“Esta es la ejecución de la política del corolario Trump de la ‘Doctrina Donroe’ que fue ya establecida en el 2025 y luego confirmada con la estrategia contra el terrorismo. En enero se publicó la estrategia contra el terrorismo y ahí se estableció una lista en el Departamento de Estado en donde tres grupos criminales ecuatorianos entraron en la lista antiterrorismo”, indica la internacionalista.
“Lo diferente de todo esto es que se mueve la estrategia de ser un combate al crimen organizado, al narcotráfico, a ser un combate contra el terrorismo. Si usted está combatiendo a un grupo terrorista generalmente es una estrategia de defensa nacional. Entonces, claro, la intención es generar una política pública que vaya de combate de seguridad ciudadana con la policía nada más a un combate a gran escala en la que se habla de una guerra”, agrega.
Dentro de estos acercamientos, uno de los acuerdos más recientes entre Ecuador y Estados Unidos consiste en que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) opere permanentemente en Quito. Esto ocurrió apenas meses después de que Ecuador respondió positivamente a la convocatoria de la Casa Blanca para conformar el Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Trump para que otros países del continente se unan en su intención de combatir el crimen organizado.
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