La guerra comercial del presidente Donald Trump ha regresado. Tras meses de relativa calma después de la decisión de la Corte Suprema en febrero que anuló los gravámenes generalizados impuestos por el presidente a sus socios comerciales globales, la administración vuelve a la carga.
El viernes entraron en vigor aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % sobre las importaciones procedentes de 60 socios comerciales.
Dado a que estos aranceles son muy similares a los que Trump impuso tras el fallo de la Corte Suprema, que ya han expirado, es poco probable que provoquen un aumento significativo de los precios para los consumidores estadounidenses.
Pero eso suponiendo que Trump se detenga ahí. Su historial y sus recientes anuncios sugieren lo contrario.
Desde su regreso al cargo, Trump ha ampliado progresivamente su agenda arancelaria.
Lo que comenzó con recargos generales dirigidos a las importaciones de Canadá, México y China pronto se amplió para incluir gravámenes sobre automóviles, acero y cobre, antes de culminar en sus aranceles “recíprocos” generalizados dirigidos a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.
Ni siquiera el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales esos tributos frenó su afán por imponerlos. De hecho, es posible que lo haya vuelto aún más decidido.
Los gravámenes más recientes de Trump son solo una parte de un esfuerzo más amplio por reconstruir la agenda comercial de Estados Unidos.
Con nuevas investigaciones en curso, la administración está impulsando una estrategia comercial que podría ir mucho más allá de los aranceles que ahora entran en vigor.
El resultado podría transformar las cadenas de suministro globales, afectar los precios que pagan las empresas y los consumidores, y redefinir la relación de Estados Unidos con sus socios comerciales.
En los últimos meses, los funcionarios han estado reconstruyendo gran parte del régimen arancelario que existía antes del fallo, esta vez basándose en autoridades que los abogados especializados en comercio generalmente consideran que tienen una base legal más sólida.
Los aranceles anunciados el viernes son un ejemplo. Se derivan de una investigación de varios meses sobre denuncias de trabajo forzoso y, en gran medida, restablecen tributos que habían desaparecido tras la decisión judicial.
A principios de esta semana, también entraron en vigor aranceles sobre ciertos productos brasileños bajo una base legal diferente, luego de que el Gobierno determinara que las políticas de Brasil habían perjudicado el comercio estadounidense.
Históricamente, esas leyes han demostrado ser más sólidas en los tribunales. Sin embargo, eso no garantiza que sobrevivan a este desafío.
El grupo Liberty Justice, un bufete de abogados sin fines de lucro de tendencia libertaria que ganó el caso arancelario ante la Corte Suprema, presentó rápidamente una demanda el viernes argumentando que los nuevos impuestos también son ilegales.
“Esta es la tercera vez que la administración intenta imponer su política arancelaria global sin respetar los límites legales”, declaró Jeffrey Schwab, abogado principal y director de litigios del Liberty Justice Center.
“La Sección 301 es una medida correctiva específica para cada país y para cada práctica. No es una autorización independiente para gravar prácticamente todas las importaciones de prácticamente todos los países con tasas preestablecidas”, apuntó.
Sea legal o no, el uso del artículo 301 no ofrece la misma rapidez ni flexibilidad que los poderes de emergencia.
Por eso, los expertos en comercio están prestando mucha atención a otra ley que la administración ha adoptado recientemente: la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley, una disposición que nunca antes se había utilizado.
A principios de esta semana, Trump invocó la Sección 338 para amenazar con imponer aranceles del 50 % a ciertos productos canadienses, argumentando que Canadá había discriminado al comercio estadounidense.
Sin embargo, funcionarios del Gobierno también reconocieron que la medida estaba vinculada a la represalia de Canadá contra los gravámenes estadounidenses impuestos anteriormente.
Esta dinámica pone de manifiesto cómo Trump sigue considerando los aranceles como una herramienta para ejercer presión, tanto por quejas comerciales como para obtener ventajas en negociaciones más amplias.
A diferencia de las obligaciones promulgadas el viernes, parece que no existe un “período de espera” para que los gravámenes establecidos en virtud de esta ley entren en vigor.
“Algunos de nuestros clientes están sumamente preocupados de que este sea el primer paso hacia aranceles más elevados”, declaró Kyle Peacock, director de Peacock Tariff Consulting.
Muchos de sus clientes canadienses trabajan sin descanso para enviar sus productos a Estados Unidos antes de que los tributos entren en vigor el próximo mes. “Muchos están cancelando las vacaciones de sus equipos para producir lo máximo posible y enviarlo cuanto antes”.
Fuera de Norteamérica, trabajar con estos plazos sería mucho más difícil, si no imposible, añadió.
Pero espera, aún hay más.
En una publicación de Truth Social el viernes, Trump anunció que su administración iniciaría una investigación bajo la Sección 301 contra la Unión Europea por lo que calificó de trato “discriminatorio” del bloque hacia importantes empresas tecnológicas estadounidenses, como Google, Apple, Meta y Amazon.
La Sección 301 se refiere a una disposición de la ley comercial de 1974, el mismo mecanismo que se está utilizando para imponer los nuevos aranceles el viernes. En esencia, es una vía para aumentar los recargos.
Existen varias investigaciones pendientes, incluida una que analiza el exceso de capacidad en el sector manufacturero y que se centra en 16 de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Los aranceles que resulten de estas investigaciones podrían sumarse a otros ya existentes.
“Si son lo suficientemente amplias como para hacer retroceder las tarifas arancelarias hasta los niveles de 2025, la incertidumbre aumentará drásticamente y será mucho más difícil ignorar el impacto en el crecimiento y la inflación, especialmente si los precios de la energía se mantienen altos durante más tiempo”, declaró Olu Sonola, jefe de economía estadounidense de Fitch Ratings, en una nota publicada el jueves.
Puede que existan razones políticas para que la administración evite otra escalada arancelaria importante antes de noviembre. Pero si el segundo mandato de Trump ha dejado algo claro, es que las batallas arancelarias pueden intensificarse —y cambiar de rumbo— rápidamente.
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