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Barco chino dispara un cañón de agua contra una embarcación filipina en la que iba un equipo de CNN

Barcos chinos dispararon el viernes cañones de agua contra embarcaciones filipinas —incluida una que transportaba a un equipo de CNN— cerca de un punto crítico y peligroso en el mar de China Meridional, en lo que constituye el tercer enfrentamiento tenso de la semana en estas aguas en disputa.

Aparte de los abundantes caladeros de su laguna y las aguas circundantes, el banco de arena no parece tener nada de especial. Sin embargo, este rincón del mundo es un punto geopolítico conflictivo que engaña a simple vista.

El libre acceso a una de las rutas marítimas más vitales del mundo, un tratado de defensa mutua entre Filipinas y Estados Unidos y el constante esfuerzo chino por consolidar sus reclamaciones sobre territorios en disputa implican que un solo error de navegación o un disparo fortuito podrían desencadenar un conflicto grave.

CNN obtuvo acceso exclusivo a bordo de una embarcación de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas que iba en una misión para reabastecer de combustible a pescadores locales cerca del bajo de Scarborough, un banco de arena reclamado tanto por Beijing como por Manila.

Cuando los barcos filipinos se acercaron al bajo el viernes, varias embarcaciones de mayor tamaño de la Guardia Costera de China se aproximaron lo suficiente como para que el equipo de CNN pudiera ver los rostros del personal a bordo.

“Retírense de inmediato… De lo contrario, tomaremos medidas firmes conforme a la ley”, advirtió la Guardia Costera de China a través de un megáfono. El barco chino rodeó a la embarcación filipina mientras le disparaba chorros de agua con sus cañones.

En los últimos años, la disputa en el mar de China Meridional ha quedado eclipsada por guerras en otras partes del mundo, pero sigue siendo un importante foco potencial de conflicto global. Múltiples gobiernos pugnan por la soberanía sobre esta vía marítima, un corredor económico crucial por el que transita cada año un tercio del comercio marítimo mundial.

Finalmente, los barcos filipinos cancelaron su misión el viernes y regresaron a puerto, alegando la formación de un tifón en la región. Una vez que las embarcaciones se alejaron, la tensión disminuyó drásticamente, aunque horas más tarde se podían ver a lo lejos barcos de la Guardia Costera de China siguiendo todavía a los buques filipinos.

En total, había 15 embarcaciones chinas pertenecientes a la Guardia Costera de China y a su llamada “milicia marítima”, informaron posteriormente las autoridades filipinas. Filipinas contaba con 10 barcos, tres de ellos de su guardia costera. Una pequeña avioneta del gobierno filipino también sobrevoló a baja altura las embarcaciones durante la misión.

La Guardia Costera de Filipinas declaró que sus embarcaciones habían sido “objeto de una serie de ataques con cañones de agua y maniobras peligrosas por parte de la Guardia Costera de China”. Un barco chino se acercó a menos de siete metros de la embarcación filipina en la que viajaba CNN, lo que supuso un “grave riesgo de colisión”, según se informó.

Por su parte, la cadena estatal china comunicó que su guardia costera “adoptó el viernes medidas coercitivas, conforme a la ley, contra varias embarcaciones filipinas que realizaban actividades ilegales en aguas bajo jurisdicción china en torno a la isla Huangyan” (nombre chino del bajo de Scarborough).

Al ser consultado por Mike Valerio de CNN sobre el incidente del viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing, Lin Jian, declaró que “es legítimo y legal que China adopte las medidas necesarias para defender sus derechos y su seguridad; una actuación profesional, reglamentaria e irreprochable”.

Conocido también en Filipinas como Bajo de Masinloc, este bajo es una formación rocosa deshabitada con una laguna central, situada a 220 kilómetros al oeste de Luzón —la isla principal de Filipinas— y a unos 850 km de la provincia china de Hainan.

China, Filipinas y Taiwán reivindican la soberanía sobre el bajo de Scarborough; sin embargo, China lo controla de facto desde 2012 mediante una presencia casi constante de su guardia costera en las aguas circundantes.

Las tensiones han ido en aumento durante toda la semana.

El primer incidente fue un enfrentamiento en el banco Second Thomas, una formación rocosa del archipiélago de las Spratly que también se disputan Manila y Beijing.

Filipinas mantiene un pequeño contingente en el banco a bordo de un buque de la Segunda Guerra Mundial encallado allí: el BRP Sierra Madre. El lunes, el ejército filipino informó que un barco de la Guardia Costera de China desplegó una embarcación más pequeña que se aproximó al Sierra Madre. En respuesta, Filipinas envió dos lanchas neumáticas de casco rígido para escoltar a la embarcación china y alejarla.

Un video filipino muestra a un grupo de ocho efectivos chinos a bordo de una lancha embistiendo a una de las embarcaciones filipinas más pequeñas. Parece haber un intercambio de golpes con porras de madera y remos. Dos militares filipinos resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento, según su ejército.

Posteriormente, las autoridades chinas acusaron a Filipinas de difundir información falsa, alegando que las embarcaciones filipinas habían embestido y atacado “violentamente” a su personal.

Un segundo enfrentamiento se produjo pocos días después: el jueves, la Guardia Costera de China afirmó haber expulsado a dos embarcaciones filipinas a las que acusó de “incursionar” en aguas cercanas al banco Scarborough.

Más tarde, el ejército filipino declaró que los barcos chinos habían utilizado cañones de agua y maniobras de navegación peligrosas para intentar bloquear una operación de reabastecimiento destinada a pescadores filipinos en las inmediaciones del banco. No se reportaron heridos y las embarcaciones filipinas continuaron con su misión.

Estados Unidos intervino en ambas ocasiones. Tras el incidente del lunes, el Departamento de Estado condenó las acciones “peligrosas y agresivas” de China; el jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, se expresó en términos similares.

“Tenemos un papel que desempeñar y no vamos a abandonar a nuestros aliados. Lo hemos dejado muy claro”, afirmó al margen de una reunión de la ASEAN en Manila.

Filipinas es un aliado de Estados Unidos en virtud de un tratado de defensa mutua, lo que significa que Washington está legalmente obligado a acudir en ayuda de Manila en caso de un ataque a su territorio o, posiblemente, incluso a barcos filipinos en alta mar.

La tensa atmósfera era evidente incluso antes del incidente del viernes. Mientras el barco filipino de 30 metros —a bordo del cual viajaba el equipo de CNN— navegaba por el mar de China Meridional durante la noche, en la oscuridad previa al amanecer, fue seguido de cerca por una embarcación de la Guardia Costera de China. Esta era casi cuatro veces mayor que la filipina, con 111 metros de eslora, un reflejo de la magnitud y el poderío de las fuerzas marítimas chinas.

No son solo Filipinas y China quienes mantienen disputas territoriales en el mar de China Meridional, una extensión de 1,4 millones de millas cuadradas. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también reclaman parte de las 250 islas, arrecifes y atolones que se encuentran en estas aguas.

En 2016, un tribunal internacional dictaminó que China carece de base legal para reclamar derechos históricos sobre la mayor parte del mar de China Meridional. El líder chino, Xi Jinping, rechazó el fallo en su momento y prosiguió con las obras en las aguas en disputa —construyendo instalaciones militares, pistas de aterrizaje e islas artificiales—, a pesar de haberse comprometido a no hacerlo durante una visita a la Casa Blanca en 2015.

El control de estas formaciones y de las aguas circundantes ha cobrado aún más importancia este año, a la luz de los acontecimientos en el golfo Pérsico.

Tras sufrir ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán ha logrado bloquear el estrecho de Ormuz —la entrada al Golfo—, interrumpiendo hasta el 20 % del comercio mundial de petróleo, así como el suministro de otros recursos vitales para sectores que van desde la agricultura hasta la fabricación de chips informáticos. A los analistas les preocupa el impacto que un conflicto similar en el mar de China Meridional podría tener en la economía mundial.

Este tipo de confrontaciones se ha vuelto más frecuente en los últimos años, a medida que Beijing ha adoptado una postura más agresiva. Durante un incidente especialmente violento ocurrido en junio de 2024, miembros de la Guardia Costera de China amenazaron con hachas a tropas filipinas y rajaron sus embarcaciones neumáticas.

La Guardia Costera china ha intensificado su presencia: solo en el mes de junio, sus buques acumularon 993 días de operaciones en las inmediaciones del arrecife Scarborough, una cifra casi equivalente al tiempo total que pasaron allí durante todo el año 2025, según un estudio de la Iniciativa de Transparencia Marítima en Asia (AMTI, por sus siglas en inglés), perteneciente al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Estados Unidos también ha reforzado su presencia en la región, trasladando al Pacífico oriental buques de su Guardia Costera que estaban desplegados en Bahrein antes del inicio de la guerra con Irán.

The-CNN-Wire
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Trump policy clears way for civil commitment of homeless in some states

▶ Watch Video: Advocates express concern about Trump's push to move homeless people from Washington, D.C. In the year since President Trump signed an executive order aimed at moving homeless people off the streets, federal agencies have given states a green light to expand the use of civil commitment for homeless individuals with mental illness or substance abuse problems.Pending a court challenge, the primary system of funding for organizations combating homelessness could be transformed by the Department of Housing and Urban Development to comply with Mr. Trump's executive order. The president's order argues that past policies neglected "root causes" of homelessness and created a public safety risk. Opponents say that the administration would strain the limited number of state treatment centers, criminalize the homeless population and would be an unnecessary shift away from "Housing First" policies. Housing First is an approach that promotes non-conditional access to housing — that is, without requiring sobriety, compliance with treatment or making other demands of recipients. Civil commitmentsMr. Trump's order prompted the Justice and Health and Human Services Departments to prioritize funding for states that carry out involuntary psychiatric treatment — or "maximally flexible civil commitment" of individuals with mental illness who "pose a danger to others or are living on the streets and cannot care for themselves."His order argued that "public order" would be restored by committing homeless people to "long-term institutional settings for humane treatment." It called on the Justice Department to reverse any consent decrees that would impede these civil commitments. The order also prioritized funding for states and cities that ban urban camping, urban squatting and open illicit drug use. About 30% of those experiencing chronic homelessness have a serious mental illness, according to the Office of National Drug Control Policy. Meanwhile, two-thirds have a substance use disorder or other chronic health condition. The call for a tougher law-and-order approach has prompted multiple Republican states to pass laws that penalize homeless encampments or expand the facilitation of involuntary institutionalizations.Utah recently approved more than $43 million in spending earlier this year in part to target "high utilizers," those who repeatedly cycle through homeless shelters and jail. It is reinforced by a new law that allows these individuals to be put under the supervision of Utah's Division of Adult Probation and Parole.Both Indiana and Louisiana passed bills this year that make it a crime to sleep overnight or camp on public property. Louisiana's HB 211, called the "Streets to Success Act," punishes first-time violators with fines up to $500. To avoid spending up to six months in jail, eligible individuals may sign up for a new "Homelessness Court Program."The program would supervise participants for a year and give them access to substance abuse treatment, mental health services, job training and housing assistance. Those who complete the program could have their conviction erased. Those who don't risk a jail sentence. Participants "may be confined in a treatment facility" or released on a probationary basis, the state law says. The court could also impose rehabilitation conditions on participants. The National Homelessness Law Center called it "one of the cruelest, most extreme anti-homeless bills." Louisiana Gov. Jeff Landry defended the homeless courts, arguing they'd help "start removing the homeless off of our streets and into the places that they belong."Shaina Bessonet, a dental hygienist in Louisiana who experienced homelessness from January 2022 to March 2026, testified against the bill before the state legislature. "Just because someone is homeless, because they don't have a place to sleep, doesn't give anybody the right to take them and punish them just for not having a place to go. It's not fixing the problem, it's making it worse," she told CBS News. Devon Kurtz, a policy director at the Cicero Institute, said the executive order and a June Justice Department legal opinion, gives states "considerably more discretion" on their psychiatric care. That opinion made it easier for states to keep those with mental illness institutionalized, rather than provide them with in-home or community-based care. The Cicero Institute, a conservative think tank that was established by Palantir co-founder Joe Lonsdale, advised the White House on the crafting of the executive order."This executive order was really a signal to those agencies that they have to revisit all of these key touch points that are creating these unnecessary burdens and ceilings on state experimentation with policy," Kurtz said.He argued that the Housing First approach and similar ideas have "been rewarding the places that have done the worst."But Jennifer Mathis, deputy director of the Bazelon Center for Mental Health, said civil commitment could be more expensive than providing long-term housing and should be "a last resort." Mathis, a Biden-era official in the Justice Department's Civil Rights Division, said the executive order "created an environment where states felt either pressured or permitted to focus on more coercive strategies, to focus less on housing as a solution.""The basic notion behind the executive order seems to be that these people who are unhoused don't deserve housing," she said.  "They're either criminals or they're problem people, and we should basically be forcing them into treatment because it's just their own fault." It's "just wrong at its core," she said. Funding changes stuck in the courtsAdministration officials claim Mr. Trump's order has resulted in $700 million in HHS funding aimed at helping people with addiction and mental illness, as well as homelessness, though there are limits on the funding being used on Housing First or "harm reduction" policies.But the administration's vision of how HUD can "increase accountability" in the over $4 billion in grants proposed for homelessness assistance has been stuck in litigation.Housing First policies have been used by HUD and other federal agencies to address homelessness since 2013. Housing First was initially adopted as a national federal strategy by President George W. Bush's administration in 2004.The department's report on homelessness in 2025 claimed there's been a roughly 27% increase in homelessness since 2013. HUD's 2026 budget cut the available funds for permanent, supportive housing funding from about $3 billion to $2.4 billion, compared to 2024. And the 2026 HUD budget shifts a greater portion of funding — $1.3 billion — to new transitional, temporary housing programs, compared to the approximately $600,000 allocated in the 2024 budget.A recent lawsuit cites a claim by the National Alliance to End Homelessness that the shift towards temporary, transitional housing could kick 97,000 people out of permanent supportive housing.Attorneys general from 21 states and the National Alliance to End Homelessness sued HUD in July over the latest plan for funding. A legal challenge to stop HUD's 2025 plan for funding was successful in April.HUD Secretary Scott Turner said the 97,000 figure was "fear-mongering" and said it was "absurd" that litigation was blocking "long-overdue changes.""No one is being kicked out on the streets," Turner said, arguing in a statement that the HUD plan would provide "more funding than ever before" and give homeless advocates and groups "greater flexibility to invest in the housing and services their neighborhoods need." Ann Oliva, the CEO of NAEH, defended Housing First policies and called the administration's opposition "disingenuous" and lacking context regarding how the increase in housing costs over the last decade "funnel[ed] people into homelessness.""It's like they're saying the emergency room is causing cancer. So we should just get rid of emergency rooms? Because cancer is still happening? That's short-sighted," she said.
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