La crisis súbita que ha vivido la Ciudad Autónoma de Ceuta durante estas últimas horas no tiene precedentes. Alrededor de 50.000 migrantes, según estimaciones del Gobierno de España, llegaron en avalancha durante este jueves a este enclave español localizado en la costa norteafricana.
“Es absolutamente insostenible”, consideraba este viernes ante los medios de comunicación el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. “Es imposible asimilar esta presión”.
Muchos de los que cruzaron hasta territorio español lo hicieron a través del espigón de la playa de El Tarajal, lugar que separa a la ciudad de Marruecos a través de un puesto fronterizo.
Tal fue la avalancha, que las imágenes tomadas por las cámaras son impactantes: había quienes cruzaban a nado, con lo puesto; otros, arriesgándose a pisar sobre las piedras del muro fronterizo que se erige sobre el mar. En total, 34 personas fallecieron en el intento de llegar a la ciudad.
Ante la aglomeración que eso provocó, Vivas asegura que los residentes del lugar —más de 83.000— viven desde entonces con una sensación de “inseguridad, de inquietud, de impotencia”. Motivo por el que exhortó al Gobierno español a que actúe de manera “enérgica e inmediata”.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien acudió durante la mañana hasta la Ciudad Autónoma para conocer de primera mano la situación, aseguró que su Ejecutivo usará “todos los resortes del Estado” para garantizar la seguridad del enclave.
Algo que actualmente se ha traducido en un despliegue adicional de más de 200 policías nacionales y cerca de 100 guardias civiles, además de varios efectivos de las Fuerzas Armadas, según datos facilitados por el Ejecutivo español.
“Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible”, aseguró ante los medios de comunicación.
Una “violación de la integridad territorial española” de la que responsabilizó a las mafias que trafican con seres humanos, quienes considera que hicieron una “lectura interesada” de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio respecto de las conocidas como “devoluciones en caliente”. Es decir, los rechazos y retornos inmediatos de quienes crucen la frontera.
Esta sentencia lo que hace es interpretar una disposición adicional de la Ley de Extranjería de España por la que no se permiten las “devoluciones en caliente” de los migrantes si son interceptados en alta mar. Esto es, si llegan a nado a Ceuta o a Melilla.
Así las cosas, lo que defiende este órgano es que en este tipo de situaciones lo que deben hacer las autoridades es abrir un expediente de devolución para proceder a la expulsión, siguiendo un procedimiento legal.
De esta forma, según añade el Tribunal, solo se puede practicar el rechazo en frontera a quienes lleguen “superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.
Por este motivo, Sánchez anunció este viernes que desplegarán boyas en el espigón “para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una barrera de contención, una barrera física (…) para que, desde el punto de vista administrativo, se pueda facilitar la repatriación en frontera”.
Hasta este viernes a la 1:00 de la tarde, hora local, el Gobierno español registró el retorno a Marruecos de más de 25.000 personas, con una media de salidas de 150 personas por minuto.
La intención de las autoridades, añadía Sánchez, es facilitar la devolución de todos los que cruzaron la frontera de forma irregular cuanto antes.
A pocos se les ha escapado la semejanza de este episodio con el ocurrido a mitades de mayo del año 2021, en plena pandemia de covid-19, cuando cerca de 10.000 personas protagonizaron una avalancha similar.
Sin embargo, esa situación fue entendida en aquel entonces por el Ejecutivo español como un castigo de su vecino norteafricano. En ese momento, las relaciones entre ambos países no pasaban por su mejor momento debido a las tensiones generadas por la soberanía del Sahara Occidental, territorio que fue colonia española hasta febrero de 1976.
Concretamente, el episodio de 2021 ocurrió después de que el Gobierno hubiera acogido unas semanas antes al líder del movimiento de liberación del Sahara Occidental, Brahim Gali, para tratarlo por covid-19 en un hospital de Logroño, en el norte del país.
Actualmente, las relaciones entre ambos países se encuentran en un mejor momento después de que España apoyara en 2022 la propuesta de autonomía marroquí sobre el territorio.
Tal es la sintonía actual, que desde el Ministerio del Interior reafirmaron este jueves “la ejemplar colaboración entre España y Marruecos en todos los ámbitos” tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
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