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Todo sobre el terremoto en Colombia: cifras, capitales afectadas y los rescates bajo los escombros

El terremoto que remeció a Colombia el lunes por la mañana, el más fuerte del país en la última década y que ya deja más de 200 muertos en el país, presenta un desafío logístico por la extensión del impacto, lo que ya se refleja en un desorden del conteo de víctimas por la cantidad de autoridades regionales que trabajan en la atención de la emergencia.

El presidente Abelardo de la Espriella, que el lunes estuvo en Cali, Quibdó y otras zonas afectadas, dijo este martes que estaba en camino al Eje Cafetero “para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo”.

El mandatario, que asumió el cargo el viernes, prometió el lunes pasado el mediodía que estaría al frente de las operaciones y que sería él quien daría “cada dos, tres horas” una actualización de las cifras. Sin embargo, no ofreció nuevos balances, y el conteo ha sido una suma de diferentes organismos, gobernadores y alcaldes que daban sus propios reportes.

Los números más consolidados son los difundidos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), una organización que trabaja con el Gobierno nacional para la atención de la emergencia y que hasta la mañana del martes reportaba cerca de 180 fallecidos, pero sus reportes excluyen a varias ciudades y municipios que no son cabeceras departamentales. Por ello, la cifra nacional ya supera las 200 víctimas fatales, con más de 1.500 heridos.

A diferencia del doble terremoto en Venezuela, con un impacto de otra magnitud que se concentró en el estado La Guaira y algunas zonas aledañas, el temblor en Colombia causó destrozos en al menos cinco departamentos del país, lo que marca un desafío logístico para repartir de los recursos a tantas zonas necesitadas.

Asocapitales dijo en un reporte que son cinco las capitales “en alerta roja”: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia.

Pero no son solo las capitales las que concentran los daños. En Valle del Cauca, sin contar las víctimas en Cali, la gobernadora Dilian Francisca Toro reportó 38 muertos en otras ciudades y municipios.

La logística se complica además por la suspensión de operaciones en siete aeropuertos del país; en algunos casos los daños en la pista impiden todo tipo de vuelo, mientras que otros casos la interrupción es para servicios comerciales.

Asocapitales también informó que Cali y Pereira “presentan la situación más crítica, con estructuras colapsadas y personas atrapadas”; en cambio, señaló que Bogotá y Medellín, las dos ciudades más grandes y pobladas del país, “no registran daños graves y mantienen activos sus protocolos de verificación”.

Las autoridades coinciden en que la prioridad es la tarea de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Asocapitales reportó 152 estructuras colapsadas y miles de viviendas afectadas. En Valle del Cauca, hay 5.000 “viviendas colapsadas totalmente”, informó la gobernadora. En Cali, hay al menos 239 personas atrapadas, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, que destacó que 86 personas ya fueron rescatadas entre los escombros. En Pereira, hasta la noche del lunes había 53 personas atrapadas en 58 estructuras colapsadas.

La Cruz Roja activó su sala nacional de crisis con equipos de búsqueda ya desplegados en los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas. Un comunicado detalló que 30 miembros fueron enviados al Chocó, una de las zonas más afectadas.

Por su parte, Naciones Unidas informó que por ahora no ha recibido una solicitud de ayuda por parte de las autoridades colombianas, aunque se alista para ese escenario. “Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”, indicó en una rueda de prensa Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El funcionario agregó que lo primero que debe hacerse es una evaluación del terreno para determinar las principales necesidades, como agua potable segura, kits de higiene, atención sanitaria y asistencia alimentaria.

El director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, explicó el lunes que el sismo de magnitud 7,4 “responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana”, y que por esa razón la región presenta sismos de magnitud considerable. Como antecedente histórico, destacó el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud de 7,2.

En el mismo sentido se expresó Gustavo Ortiz, doctor en Ciencias Geológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. “En el oeste de Sudamérica ocurre el proceso de subducción, que es cuando una placa, en este caso la de Nazca que se encuentra en el Pacífico, se hunde por debajo de la placa Sudamericana”, dijo el experto.

The-CNN-Wire
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DOJ office says Trump’s outside advisers can be shielded by executive privilege

President Trump's outside advisers — individuals who are not employed by the federal government — may now be protected from future congressional and legal investigations, according to a new opinion from the Justice Department's Office of Legal Counsel. In a 21-page opinion published Monday evening, the Office of Legal Counsel told the White House that the president can move to extend executive privilege, the right of the president to contain confidential communications within the executive branch, to advisers who do not work for the White House, but who provide him with direct advice. The new opinion says that executive privilege can apply to private advisers of the president if the communications "relate to official presidential decisionmaking," are confidential, and involve conversations between the president and his direct team of advisers. The opinion, which is not binding, comes months before a contentious midterm election that could result in Democrats winning one or both houses in Congress. If that were to happen, a barrage of investigations could follow and may expand the number of individuals potentially protected from future testimony or investigation.Executive privilege is often asserted by the president in conversations with executive branch staff, like lawyers who work for the White House, but the new step could protect Mr. Trump's outside legal counsel and other advisers from divulging information in future congressional investigations or legal proceedings. "At bottom, the purpose of executive privilege is to protect the government's decisionmaking processes," the opinion said. It was signed by Assistant Attorney General T. Elliot Gaiser, who leads the Office of Legal Counsel. "The need for presidential confidentiality applies to communications with private advisers just as it does with government officials. A President might determine that a private adviser has unique insight or experience, and that full knowledge about a contemplated decision cannot be obtained through consultation with only government employees," the opinion continued.This is not the first OLC opinion by Mr. Trump's Justice Department that has broken with historical precedent.In April, Gaiser authored an opinion that said the federal law enacted in the wake of the Watergate scandal that requires the president to preserve certain documents and turn them over to the National Archives at the end of his administration is unconstitutional, and that Mr. Trump does not need to comply with it. Weeks after the opinion was published, a federal judge in Washington, D.C. ordered White House staff and President Trump's top advisers to comply with the law after a government oversight group and the American Historical Association sued to invalidate the opinion. The opinion could also shield outside Trump adviser and lawyer Boris Epshteyn, who was recently subpoenaed by the American Bar Association in a lawsuit filed last year related to the White House's alleged "intimidation policy" against major law firms that resulted in executive orders targeting four firms and deals made with several others. The American Bar Association is seeking communications between Epshteyn and the White House, and the DOJ has moved to quash the subpoena, arguing Epshteyn "provided the President with privileged and confidential advice in connection with the Executive Orders at issue."
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