Cuando la administración de Trump anunció que pondría fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos, las calles de Little Haití, en Miami, se vaciaron. El temor es el que comparten todas las comunidades inmigrantes ante las medidas de Estados Unidos que pueden poner fin a su vida en el país. Sin embargo, en el caso de los miles de haitianos que podrían ser devueltos a su tierra natal, el pánico se siente más fuerte porque saben lo que les depara: un escenario abrumador donde conviven la violencia, la inestabilidad política y una profunda crisis humanitaria.
Todos los aspectos de la vida en Haití están atravesados por la violencia de las pandillas. El más reciente informe de la ONU da cuenta de que, entre marzo y julio de este año, han sido asesinadas unas 613 personas en enfrentamientos entre las bandas criminales en la capital, Puerto Príncipe, con las fuerzas de seguridad.
La organización no gubernamental Crisis Group publicó recientemente una declaración en la que resalta la preocupación de forzar a personas que huyeron del país a regresar a Haití en medio de la violencia. “La inseguridad se ha agravado drásticamente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021”, dice el comunicado, que detalla que el saldo de muertes tan solo en 2025 fue de unas 5.600 personas “en un contexto donde la extorsión, el secuestro y los delitos sexuales son moneda corriente”.
Solo este lunes murieron al menos 47 personas en una incursión de una banda en el barrio de Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe, la capital de Haití,
La situación es tan crítica que un funcionario de Estados Unidos la describió como una escena bélica: “Se trata de una situación de guerra y, lamentablemente, esa es la realidad de la situación en la que nos encontramos”, dijo el coronel Justin Gorkowski, del Departamento de Defensa de EE.UU., según cita la agencia de noticias Reuters. Gorkowski colidera un equipo de supervisión para la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una fuerza de seguridad respaldada por la ONU que da apoyo a la policía en el combate de las pandillas en Haití.
En tanto, EE.UU. mantiene una alerta que recomienda a los estadounidenses “no viajar” a Haití “debido al riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo, disturbios y servicios de salud limitados”.
Sin embargo, la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Haití ya no cumplía “con las condiciones para su designación bajo el TPS” y el 25 de junio la Corte Suprema de EE.UU. emitió un fallo favorable respecto a la terminación del programa.
En ese contexto, la semana pasada se registró el primer vuelo de deportación tras la revocación del TPS. Ahora, miles de personas corren el riesgo de ser deportadas a Haití, lo que representa un enorme riesgo, dicen los expertos consultados por CNN.
“El regreso a Haití es muy difícil. Es inimaginable para quienes se refugiaron en Estados Unidos. Muchos no tienen redes, porque muchas personas ya no están en el país o no están vivas, porque la violencia ha sido devastadora”, sostiene Helena Olea, subdirectora de Programas de Alianza Americas, una red de organizaciones lideradas por personas migrantes de América Latina y el Caribe.
“Llegan en un contexto de muchísima inseguridad. Tal vez tenían una casa, pero esa zona está controlada por las pandillas y ya no pueden llegar”, dice la especialista, y cuenta que cada vez observan más casos de personas que se plantean abandonar voluntariamente Estados Unidos hacia un tercer país para evitar la deportación forzada a Haití. Olea también cuenta que muchas familias haitianas se plantean dejar a sus hijos con otras personas, a través de trámites de custodia o adopción, antes que llevarlos con ellos a Haití. “Llegan al extremo de pensar que lo mejor que pueden hacer por ellos es eso”.
Es que, en Haití, el riesgo está entre caer víctima de las pandillas o verse forzado a participar, dice Diego Da Rin, analista de Crisis Group especializado en Haití.
Alrededor de 200 pandillas distribuidas a lo largo del país, según estiman diversas organizaciones internacionales. A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde los grupos armados suelen surgir en zonas periféricas, en Haití es la propia capital, Puerto Príncipe, la que está prácticamente tomada por agrupaciones criminales.
Controlan los puertos, gran parte de los accesos terrestres a la capital e incluso el aeropuerto, según detalla Da Rin. Estas pandillas ejercen un fuerte control social, suelen ser la principal fuente de trabajo y usan la extorsión y la amenaza como mecanismos para someter a la población. Por eso los expertos hablan de “gobernanza criminal” al referirse a lo que ocurre en Haití.
El propio coronel Gorkowski reconoció en una audiencia en EE.UU. en julio las dificultades que enfrenta la fuerza de seguridad internacional: “No son simples pandillas que podemos encarcelar y juzgar”, dijo.
Eludir la violencia de las pandillas, o encontrar la forma de coexistir con ellas, es apenas el primer desafío de cualquier persona en Haití. El otro gran problema que debe enfrentar un recién llegado es la supervivencia económica.
“Si tienen tiempo de prepararse antes de una deportación, las personas pueden vender los bienes, vehículos y otras pertenencias que tengan, o incluso llevar algunas cosas con ellos. Ese dinero es fundamental para reiniciar la vida en cualquier país”, dice Olea. Y lo es aún más en Haití, donde la violencia, sumada a los desastres naturales, han llevado la situación económica a un extremo crítico.
“Muchas personas pierden mucho de lo que tienen en estos procesos”, explica Olea, que desde Alianza Americas ayuda a inmigrantes a prepararse para posibles deportaciones.
Y, una vez en Haití, la situación se vuelve más compleja. “La población de Haití está concentrada en la capital, más o menos hay allí un tercio de los 12 de millones de habitantes del país, aunque no hay censo desde el 2000”, explica Da Rin. “En los últimos años, en que mucha gente se ha ido, las pandillas han extendido su control sobre Puerto príncipe. Muchos no van a poder regresar a sus casas o tendrán que asumir el costo de tener que vivir en una zona controlada por una pandilla”, dice el analista.
Y quienes traten de evitar la capital, tampoco la tendrán fácil. “En las partes de la ciudad y alrededores en donde las pandillas aún no han logrado el control, los costos de la renta se han elevado de manera impresionante”, dice Da Rin. Así, algunos probablemente optarán por refugiarse en la casa de algún pariente, pero no es una solución sostenible a largo plazo.
“Esto pondrá bajo todavía más presión estas ciudades que están ya colapsadas. Buscar una oportunidad laboral será cada vez más difícil”, añade el analista de Crisis Group. Y no tener perspectivas económicas deja a las personas muy vulnerables frente a las pandillas: “Muchas de estas personas sin perspectivas laborales claras van a terminar o bien víctimas de las acciones de las pandillas o colaborando por ellas por supervivencia”, dice Da Rin.
Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile y exembajador de Haití en República Dominicana, coincide con esa perspectiva. “¿En dónde vivían esas personas? Las casas han sido totalmente destruidas o tomadas”, señala a CNN, y sostiene que expulsar a una persona sin algún tipo de programa de reinserción es un acto de “injusticia”.
Paraison también resalta el impacto que podría tener una reducción en el volumen de las remesas que haitianos en EE.UU. envían a sus familias en el país caribeño.
Unos 750.000 hogares en Haití reciben remesas de haitianos residentes en Estados Unidos, señaló Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Inter-American Dialogue, a CNN en abril y añadió que probablemente un 40 % de quienes envían estas remesas forman parte del TPS.
“Una reducción en el volumen de remesa aumentará la pobreza en Haití”, señala Paraison.
Haití enfrenta actualmente una de las crisis humanitarias y de desplazamiento más graves del mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). “A mayo de 2026 había cerca de 1,5 millones de personas desplazadas internamente. La violencia de las bandas criminales, la inseguridad generalizada y el deterioro de las condiciones humanitarias generan riesgos significativos para la población”, dijo la agencia en un comunicado enviado por mail a CNN.
Ante este panorama, ACNUR “sigue abogando ante los Estados de la región para garantizar que los haitianos que se encuentran fuera de su país tengan acceso efectivo al asilo y a otras formas complementarias de protección” e instan a “que se abstengan de regresar por la fuerza a personas a Haití, dado el continuo deterioro de la situación de seguridad, la violencia perpetrada por grupos armadas y el riesgo de que los repatriados puedan enfrentarse a graves problemas de protección a su regreso”.
En tanto, un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) sostiene que el desplazamiento forzado por la violencia ha desbordado los albergues y “el hambre va en aumento, situando a Haití entre los cinco principales focos de hambre del mundo”.
El acceso a la salud en Haití es prácticamente imposible. “Los sistemas de salud están al borde del colapso, con hospitales bajo ataque y enfermedades propagándose en campamentos superpoblados”, detalla la OCHA.
La educación es otro punto débil. ¿Cómo podrían reinsertarse los niños de familias haitianas en Estados Unidos que fueran deportados? “Estamos hablando de niños que seguramente ya estaban escolarizados. Puede ser muy traumático” el cambio, dice Paraison y resalta que Haití es “lamentablemente, el país con menos infraestructura de todas las Américas”.
“En Haití la mayoría de la oferta de educación es privada. Hay pocos colegios públicos”, explica Da Rin, de Crisis Group. “Hay más de mil escuelas cerradas, algunas ocupadas por pandillas, otras por desplazados. Y ese número de desplazados probablemente crezca mientras la nueva fuerza multinacional de seguridad lleve adelante sus operaciones contra las pandillas”.
Según cifras del Banco Mundial, alrededor del 40% de la población de Haití es analfabeta. La OCHA señala que muchas escuelas han sido destruidas o convertidas en albergues, “al tiempo que crecen los riesgos de protección, con una violencia de género generalizada y grupos armados que toman a los niños como objetivo”,
Haití se encuentra ante el desafío de encaminar unas elecciones, las primeras en una década, que deberían tener lugar en diciembre, según el más reciente calendario electoral. Pero el panorama es incierto.
“Dependerá de qué tan rápido la fuerza multinacional pueda recuperar territorios que están en manos de las pandillas, y en qué situación el sistema se animará a llevar a cabo unas elecciones”, dice Da Rin.
El nivel de participación también parece condicionado a la situación de violencia. Da Rin explica que entre el 13 de julio y agosto se registraron apenas 60.000 personas para votar, y que el Consejo electoral espera registrar entre 3 y 4 millones antes de octubre, la fecha límite. Pero si los números siguen bajos, la legitimidad de un futuro gobierno puede estar en juego.
“Incluso aunque pongan los puestos de votación fuera de la zona de pandillas, es probable que lo grupos criminales busquen influenciar los votos mediante intimidación y amenazas”, dice Da Rin. “Si se organizan elecciones sin bajar el poder de las pamdillas sobre la población, es posible que esos grupos logren penetrar la administración pública de una manera inédita”.
El Gobierno de Haití firmó un pacto para la estabilidad de la organización de las elecciones, mientras la nueva fuerza anti pandilla intenta controlar la gobernanza criminal.
Todo este panorama se ve poco receptivo para la posible llegada de miles de haitianos que habían huido a Estados Unidos para escapar de una situación que no solo no parece haber cambiado, sino que incluso ha empeorado en los últimos años.
Hira Humayum colaboró con este reporte
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