Skip to main content

Los demócratas intensifican el escrutinio sobre David Ellison en medio de la batalla legal entre Paramount y WBD

Mientras Paramount presiona para resolver la demanda de antimonopolio estatal que ha obstaculizado su acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery, los legisladores demócratas profundizan su oposición al acuerdo.

El miércoles, el representante Jamie Raskin, el principal demócrata de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, envió una nueva carta al CEO de Paramount, David Ellison, en la que lo acusaba de “conspirar” con el presidente Trump y lo instaba a responder preguntas.

Un portavoz de Paramount no respondió hasta el momento a la solicitud de comentarios.

La carta evidencia la preocupación de los demócratas por la posible adquisición de CNN por parte de Paramount, propiedad de Warner. Esto ocurre la misma semana en que el director jurídico de Paramount, Makan Delrahim, declaró sobre CNN que Ellison “quiere devolverle su esencia informativa”, un comentario que causó sorpresa dado que la cadena ha sido una marca de noticias global durante 46 años.

La carta, obtenida como primicia por CNN, también sugiere que las relaciones de Paramount con la administración de Trump —una relación que Raskin ha calificado como “corrupta”— serán una prioridad para la Comisión Judicial si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato.

Raskin comienza la carta comentando que Paramount no ha respondido a sus cuatro consultas en los últimos 12 meses.

Pero “ahora que has prometido romper tu largo silencio”, escribió, citando el artículo de opinión de Ellison en The New York Times la semana pasada, “te invito a una entrevista grabada para que cuentes tu historia al Congreso y a Estados Unidos y respondas a las preguntas de la comisión sobre tu frenética actividad de adquisiciones, facilitada por Donald Trump, para consolidar organizaciones de noticias, estudios de cine, canales de cable y servicios de streaming”.

Como los republicanos controlan la Cámara de Representantes, los demócratas como Raskin no pueden obligar a Ellison a testificar, por lo que la exigencia de una entrevista es una forma de dar mayor visibilidad a sus preocupaciones sobre el acuerdo.

La nueva carta cita informes de “interferencia política” en CBS News, propiedad de Paramount, que la división de noticias ha refutado.

“Los propios reporteros de CBS han compartido cómo, bajo tu liderazgo, la redacción se ha plegado a los caprichos y dictados políticos del presidente Trump bajo la atenta mirada de un asesor de MAGA”, escribió Raskin, en referencia aparentemente a los relatos de corresponsales despedidos de “60 Minutes”.

Ellison escribió en un artículo de opinión en el Times: “Grandes organizaciones de noticias como CNN y CBS News están aquí para contar las cosas con objetividad. Eso requiere redacciones que reflejen al mundo entero, no solo una parte. Y requiere independencia. Nuestros periodistas seguirán respondiendo a los hechos y a todas las personas a las que sirven, no a ningún partido ni causa”.

El artículo de opinión de Ellison no mencionaba a Trump, quien ha sido una figura clave a lo largo de la batalla de casi un año por el control de Warner Bros. Discovery (WBD).

Paramount buscaba mantener una estrecha relación con Trump y su administración mientras solicitaba la aprobación federal para la fusión con WBD.

El padre de Ellison, Larry, el multimillonario cofundador de Oracle, ha sido un estrecho aliado de Trump durante años. Trump ha elogiado tanto al padre como al hijo, refiriéndose a ellos como sus “partidarios” y expresando su confianza en sus planes para CBS. Trump también se ha pronunciado sobre el cambio de propietarios de CNN, al que calificó como una modificación “imprescindible”.

La carta de Raskin cita un informe de fuente anónima del Wall Street Journal que afirma que “David Ellison ofreció garantías a funcionarios de la administración de Trump de que si compraba Warner, haría cambios radicales en CNN”.

Raskin le escribió a Ellison: “Le has demostrado con entusiasmo al presidente que vas a cumplir en ambos aspectos, como si controlaras los órganos de los medios de comunicación estatales”.

La carta también indicaba que una Comisión Judicial liderada por los demócratas investigaría la aprobación por parte del Departamento de Justicia, a mediados de junio, de la fusión de Paramount, que muchos críticos vincularon al interés personal de Trump en el acuerdo.

Raskin afirmó que la comisión examinaría si las agencias federales “promueven con éxito la libre competencia y la innovación, o si utilizan sus poderes gubernamentales para distorsionar el mercado y socavar la libertad de expresión y la libertad de prensa, en violación de la Primera Enmienda”.

Otros legisladores demócratas también han anticipado audiencias públicas e investigaciones sobre el asunto y han apoyado la demanda presentada por los fiscales generales estatales para detener el plan de expansión de Paramount.

La senadora Elizabeth Warren escribió en una publicación en redes sociales el martes: “La fusión de Paramount y WBD no busca crear mejor entretenimiento. Se trata de recortar costos y explotar a los trabajadores. Los guionistas, actores y el equipo técnico tendrán menos empleadores, lo que significa menor poder de negociación y salarios más bajos. Los fiscales generales estatales están interviniendo para combatir esta situación”.

Paramount ha afirmado reiteradamente que el acuerdo favorece la competencia, haciendo referencia a las aprobaciones regulatorias del Departamento de Justicia y otras autoridades de todo el mundo.

Sin embargo, el acuerdo se encuentra paralizado debido a la demanda antimonopolio estatal y a una demanda paralela presentada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Ante la difícil batalla legal que se avecina, Paramount acordó no completar la fusión hasta que se celebre el juicio o hasta el 1 de junio de 2027. El juicio está previsto para marzo, aunque es posible llegar a un acuerdo antes de esa fecha.

En una conferencia de Politico celebrada el martes, Delrahim declaró que “estaríamos encantados de participar” en conversaciones para llegar a un acuerdo “con el fin de reparar la industria, crear más empleos y recuperar más puestos de trabajo y la producción”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró en la misma conferencia que “estaremos abiertos a cualquier propuesta”, pero que “en este momento, estamos centrados en los litigios y en ir a juicio”.

Ambos hombres también se refirieron a un informe de Matt Belloni, de Puck, según el cual Ellison le comunicó al equipo directivo de Paramount su intención de trasladar la empresa fuera de California si el caso antimonopolio no se resuelve antes del 1 de octubre. Cabe destacar que Ellison no ha hecho pública esta amenaza, y Paramount se ha negado a comentar sobre el informe.

Delrahim afirmó que Paramount no quiere abandonar el estado, pero la empresa tiene que “analizar el entorno empresarial” y “en última instancia, ir a un lugar donde sea bienvenida”.

Bonta, en declaraciones realizadas horas antes, afirmó que la amenaza de abandonar California “es un intento de chantajear a los reguladores que se atreven a hacer cumplir la ley de manera justa y firme”.

Delrahim afirmó que no se trata de un intento de chantaje y argumentó que “esta fusión en realidad va a ser buena, no solo para California, sino para Estados Unidos”.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

“La vida no es color de rosa”: migrantes que trabajan en invernaderos de España relatan sus difíciles condiciones de vida

En una calurosa y soleada tarde de verano, Amoateng Foster se apoya en una mesa dentro de un aula improvisada al aire libre en el sur de España, mirando hacia los asientos improvisados ​​para los alumnos. Este entorno no le resulta ajeno a Foster, de 44 años, quien fue profesor de matemáticas en Ghana antes de emprender el peligroso viaje a través del Sahel hacia Libia, cruzar el Mediterráneo hasta Italia y llegar finalmente a España.Ahora vive en un asentamiento informal para inmigrantes en la provincia de Almería, donde él y miles de trabajadores más se esfuerzan en invernaderos aparentemente innumerables —repartidos por una región abrasada por el sol— para producir las frutas y verduras que abastecen a Europa durante el invierno. Las condiciones son duras y la remuneración, para quienes se encuentran en una situación más precaria, es pésima.“No es fácil estar aquí si no tienes la documentación en regla”, comentó al hacer balance de su vida en España. Al igual que muchas personas del continente africano y de otros lugares, se sintió atraído por Europa ante la promesa de un empleo y una vida mejores. Sin embargo, la realidad no ha estado a la altura de sus expectativas: ha resultado inmensamente dura y, en muchos aspectos, degradante.“Si estás fuera, al otro lado de la valla, puedes pensar que aquí todo es color de rosa”, dijo. “Pero no lo es”.Y cuanto más nos muestra Don Domingo de Arriba, su hogar actual, más evidente resulta esa realidad.Cientos de personas viven junto a Foster en condiciones de miseria, en un barrio improvisado construido con cualquier ladrillo, mezcla, neumático o trozo de plástico que pudieron encontrar. Es un escenario surrealista, sin suministro eléctrico oficial ni agua corriente; algo que uno no esperaría ver en la Europa del siglo XXI.CNN ha identificado al menos cuatro de estos asentamientos en los alrededores de Níjar, al noreste de la ciudad de Almería.“Mira el entorno en el que vivimos. No es bueno, pero salimos adelante simplemente porque nos encontramos aquí y no nos resulta fácil regresar”, afirmó Foster.Cuando hombres, mujeres y niños cruzaron en masa la frontera entre Marruecos y España para entrar en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio, los populistas europeos y los políticos contrarios a la inmigración sacaron partido de las impactantes imágenes de desesperación humana. Asimismo, incitaron a varios gobiernos europeos de tendencia derechista a criticar al actual gobierno español, concretamente por su enfoque respecto a la migración.También ha surgido una creciente reacción negativa por parte de políticos populistas contra organizaciones benéficas y otras entidades que trabajan en primera línea ante esta oleada de sufrimiento humano; algunos críticos las acusan de generar las condiciones que atraen a más migrantes.“Lo único que hacemos es ayudar a quienes no tienen nada”, declaró la hermana Francisca, de 80 años y coordinadora de la delegación local de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, una comunidad religiosa católica, al responder a las críticas.“Ni nosotras ni ninguna otra organización que apoye a los inmigrantes somos la razón por la que vienen”, afirmó. “No buscan un trozo de pan. Buscan una vida más digna y un trabajo que les permita realizarse, ganar dinero y enviarlo a sus familias”.Su organización ayuda a los recién llegados mediante clases de idiomas y talleres de capacitación para facilitar su integración en España. Pero, sobre todo, también distribuye cestas de alimentos donados por supermercados y organizaciones benéficas locales entre las personas más necesitadas.“Cualquiera puede llamar a nuestra puerta… Lo más habitual es que nos pidan un bocadillo y nos digan que tienen hambre. Es una necesidad básica”, señaló la hermana Francisca.En el centro de distribución de alimentos del grupo en San Isidro, su colega, la hermana Estella, de 61 años, prepara y reparte cestas de alimentos. Ella compara los detalles de identificación de cada persona con una base de datos (para tener una idea de la frecuencia con la que la gente visita el centro) y luego los llama uno por uno.“Estamos muy contentos de hacerlo porque la gente realmente lo necesita para comer y sobrevivir”, dijo. “Pero todavía es doloroso verlo”.En los días más ocupados, las hermanas dicen que pueden ayudar a unas 50 familias. Cuando las donaciones son bajas, rondan las 20.Fuera del centro estaba Amal, de 36 años, una marroquí madre de dos hijos, que dejó a sus hijos con su madre y su hermana cuando vino a España hace siete meses a recoger fresas. Un desacuerdo con su empleador la hizo perder su trabajo, dijo, y ahora está desesperada por cualquier tipo de trabajo.“Es difícil… No hay trabajo, no hay dónde vivir, no hay papeles. Mis hijos están lejos”, dijo, conteniendo las lágrimas mientras hojeaba fotos de sus hijos en su teléfono.Restaurar la dignidad de personas como Amal, cuya vulnerabilidad es la razón por la que no quiso que usáramos su apellido, es el objetivo principal de la organización de la hermana Francisca.“Un gesto sencillo, una mirada, tender la mano. (Todo eso) puede marcar la diferencia. Puede llevar a decir: ‘Eres igual que yo’”, dijo la religiosa a CNN. “Somos mayores, somos pobres, pero intentamos mejorar el nivel de vida de estas personas. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho a la dignidad y al respeto”.Aunque las cifras generales de migración irregular en Europa disminuyeron en los primeros cinco meses de este año en comparación con el anterior, muchos siguen arriesgando sus vidas para llegar al continente, y algunas rutas sí muestran un aumento.Una de ellas es la que Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, define como la ruta del Mediterráneo Occidental, que incluye travesías desde Argelia y Marruecos hacia el sur de España, abarcando la zona de Almería.Esta zona es conocida como la huerta de Europa debido a los más de 3,5 millones de toneladas de productos frescos que abastecen a los mercados europeos cada año, cantidad suficiente para alimentar a unos 500 millones de personas, según algunas estimaciones.“Hace unos años no había invernaderos, y tampoco había inmigrantes”, recordó la hermana Francisca. “Ahora hay mucho trabajo en los invernaderos. Cuando abren, la gente viene”.Dependiendo de la época del año, los invernaderos producen pimientos, tomates, sandías o pepinos, entre otros cultivos menores, en una extensión tan vasta que puede verse desde el espacio, lo que le ha valido a la región otro apodo, algo menos halagador: el “mar de plástico”.Sin embargo, ante la presión de intermediarios exigentes y poderosas cadenas de supermercados que compiten por vender al precio más bajo posible, los empresarios de Almería afirman verse obligados a recurrir a mano de obra barata para obtener algún beneficio. Y ahí es donde entran en juego inmigrantes como Amal o Foster.“Nos necesitamos”, afirmó.Los datos gubernamentales indican que más de 70.000 personas están inscritas en la Seguridad Social como trabajadores del sector agrícola en Almería. No obstante, sindicatos y ONG señalan que las cifras oficiales no reflejan el número considerable de migrantes indocumentados que también trabajan en este sector. Sus estimaciones apuntan a la existencia de más de 110.000 trabajadores, de los cuales se calcula que el 90 % son extranjeros.Quienes tienen la documentación en regla suelen percibir, como mínimo, el salario base de 8 euros (9,25 dólares) por hora, a pesar de que existen denuncias de explotación. Por el contrario, algunos trabajadores sin papeles declararon a CNN que, en ocasiones, ganan poco más de la mitad de esa cantidad.“Trabajas en un ambiente caluroso, te arrodillas, trabajas sin parar de esa manera y te dan cinco euros”, dijo Foster. “¿Cuánto puedes ahorrar?”.Otros trabajadores con los que habló CNN mencionaron cifras similares, sugiriendo que algunos empresarios pagaban incluso menos: cuatro euros la hora.El gobierno afirma que está intentando cambiar la situación, no solo allí sino en todo el país, mediante la implementación de un programa de amnistía que ofrece a casi medio millón de inmigrantes indocumentados que llevaban al menos cinco meses en el país la oportunidad de regularizar su situación.La llegada de estas personas ha transformado algunas zonas con la aparición de restaurantes, tiendas y mezquitas que atienden sus necesidades. Donde antes el español era el único idioma, ahora se ven carteles en árabe y francés. Y, a pesar de la evidente necesidad de esta mano de obra inmigrante, la zona de Almería ha experimentado un aumento significativo del sentimiento antiinmigrante. Las pintadas xenófobas con mensajes como “no a los musulmanes”, visibles en algunos lugares, son una clara manifestación de la tensión latente.Fue en Andalucía, la región del sur de España que abarca Almería y otras provincias, donde el partido de extrema derecha Vox logró sus primeros avances electorales a nivel regional en 2018, lo que le catapultó a la escena nacional.Andalucía es una de las zonas de España con mayor porcentaje de residentes extranjeros. Gran parte de ellos acaba trabajando en los sectores agrícola y de hostelería, aunque entre quienes llegan del extranjero también figuran jubilados del norte de Europa.Casi una década después, el movimiento populista ha cobrado fuerza y ​​se siente envalentonado para emplear una retórica cada vez más agresiva hacia la comunidad inmigrante de la región, especialmente hacia los musulmanes.En La Cañada, un barrio de las afueras de Almería que constituye uno de los bastiones de Vox, esos argumentos están dando resultados. Este año, el partido de extrema derecha quedó segundo en las elecciones autonómicas en Almería, superando a nivel local al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de centroizquierda y liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.En este barrio obrero, el cambio ha sido demasiado rápido para muchos, a pesar de que el número total de llegadas desde el norte de África está disminuyendo y de que un estudio del centro de análisis independiente Funcas sugiere que el 90 % de los inmigrantes en situación irregular en España proceden, en realidad, de América Latina.“Es gente que no quiere integrarse”, afirmó un residente de 68 años llamado Rosendo. “Tengo a dos (trabajando para mí), pero simplemente no quieren”.“Que vengan quienes quieran trabajar y tengan papeles, y punto; lo demás es una invasión”, dijo Francisco, un residente local de 79 años. “Creo que es una invasión, pero sin armas”.Sus comentarios resuenan con los tópicos de la extrema derecha que han arraigado no solo en España, sino también en el discurso de toda Europa. En el continente, persiste y cobra cada vez más fuerza esta misma paradoja: la necesidad de ciertos tipos de migración frente a la falta de deseo de acogerlos, así como el debate que ello genera.Por ahora, el actual Gobierno español sigue adelante pese a ese ruido, negándose a dar marcha atrás en su programa de regularización y defendiendo lo que el presidente Sánchez califica como una política migratoria “sensata, justa y responsable”.“El Gobierno ha visto que necesitan nuestra ayuda, que les estamos ayudando. Y ellos también nos ayudan a nosotros”, señaló Foster. “Es un beneficio mutuo”.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Read Next Story