A poco más de un mes de que el Gobierno de Bolivia declaró estado de excepción para hacer frente a las protestas y los bloqueos carreteros en el país, un nuevo factor amenaza con volver a incrementar las tensiones que el Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz había logrado reducir: la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por presuntamente haber alentado las manifestaciones de este año.
El documento de la Fiscalía, dado a conocer este miércoles, atribuye a Morales los delitos de terrorismo y alzamiento armado, entre otros. Él rechaza los cargos y asegura ser objeto de represalias políticas del Gobierno de Paz, aunque hasta ahora no ha convocado a movilizaciones por este asunto.
Lo que sí hizo el exmandatario el mismo miércoles, con un mensaje en su cuenta de X, fue agradecer el respaldo de la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que en un comunicado exigió al Gobierno de Paz “el cese al hostigamiento y persecución política al hermano Evo Morales Ayma”.
CNN contactó al equipo de Morales, a la Fiscalía y al Ministerio de la Presidencia de Bolivia para pedir comentarios sobre el caso y está en espera de respuesta.
Las protestas y los bloqueos carreteros en varios puntos de Bolivia comenzaron en mayo, impulsados por sindicatos de trabajadores y agricultores descontentos con la inflación y la escasez de combustibles. Además, los sectores inconformes exigían la renuncia de Paz. El presidente, un político de centro-derecha, inició su mandato el 8 de noviembre, con lo que puso fin a más de dos décadas de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), un partido del que Morales fue líder.
Por esta situación, que hasta ahora representa la mayor crisis política en el actual Gobierno, Paz declaró el 20 de junio el estado de excepción, con el argumento de que era una medida necesaria para restablecer el orden en el país y poner fin a las afectaciones económicas y sociales generadas por las movilizaciones.
El Gobierno estimó entonces que las protestas habían causado daños en carreteras equivalentes a unos US$ 12,8 millones. En tanto, la Defensoría del Pueblo reportó que, entre el 1 de mayo y el 15 de junio, 14 personas murieron por problemas derivados de las manifestaciones, como no poder llegar a tiempo a recibir atención médica.
La declaratoria de estado de excepción abrió la puerta a que las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policía en la liberación de vías y para un toque de queda localizado. El Gobierno no suspendió derechos ni restringió la operación de comercios, mientras Paz dijo que los ciudadanos no podían “seguir siendo rehenes” y dispuso que la medida dure 90 días o pueda levantarse antes si los bloqueos terminan.
En un reporte publicado el 4 de julio, la Defensoría del Pueblo señaló que para ese momento se observaba “una reducción significativa de la conflictividad y una progresiva normalización de las actividades en el territorio nacional”.
Por su parte, Paz asegura que el bloqueo “ha sido derrotado” y, en declaraciones del 24 de junio, pidió a las autoridades de seguridad y justicia procesar a quienes encabezaron protestas y afectaciones.
“Tiene que haber responsables y tenemos que estar todas las instituciones y les pido la mayor de las firmezas para poder cumplir con nuestro mandato”, dijo, según reportó entonces la agencia EFE.
La orden de arresto contra Morales se dio a conocer poco más de un mes después.
Fuera de Bolivia, Paz ha recibido el apoyo de otros países de América que ven en las protestas un intento por golpear a un Gobierno elegido democráticamente.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a CNN en junio que el país, junto con sus socios de la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump, “respalda firmemente al Gobierno elegido de Bolivia contra los esfuerzos cínicos de socavar la voluntad del pueblo boliviano a través de bloqueos ilegales”.
“Estados Unidos apoya fuertemente la decisión del presidente Rodrigo Paz del 20 de junio de declarar un estado de excepción para restaurar el orden y garantizar el flujo libre de alimentos, medicinas y suministros esenciales al pueblo boliviano”, agregó el vocero en un correo electrónico.
Antes, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana habían publicado un comunicado conjunto para expresar respaldo a Paz.
Dentro del país, sin embargo, la situación es distinta.
La Central Obrera Boliviana (COB), que ha impulsado las protestas, dice que no quiere “cogobernar”, sino leyes y políticas que favorezcan a los trabajadores y a la ciudadanía en general, mientras que Morales, quien tiene una amplia base de seguidores, asegura que el Gobierno busca “estigmatizar” a su movimiento.
“Hoy, el gobierno de Paz nos llama ‘cadáveres políticos’ y ‘manzanas podridas’, allanando el camino para la estigmatización y la violencia estatal”, dijo el exmandatario el 21 de junio en su cuenta de X.
En tanto, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, un sindicato cocalero cercano a Morales, han dicho que tomarán una pausa en sus protestas y que “esta lucha va a continuar”.
Mientras el estado de excepción sigue vigente y el Gobierno de Paz dice que trabaja para restablecer el orden en Bolivia, algunos especialistas ven dificultades para que pueda conseguir una estabilidad duradera.
Valeria Olvera, investigadora y profesora del Tecnológico de Monterrey especializada en Bolivia, dijo a CNN que contempla tres escenarios ante la situación política y social en el país.
En el primero, que la experta consideró “de probabilidad media”, previó que el Gobierno podría reducir gradualmente los bloqueos mediante acuerdos con los sectores inconformes, así como incorporar al diálogo a diferentes movimientos y plantear acciones para afrontar los problemas de Bolivia.
Un segundo escenario, que estimó “de probabilidad alta”, se produciría si se dan algunos acercamientos entre las partes sin que se toquen asuntos de fondo, lo que representaría “paliativos” e “inestabilidad crónica” con ciclos de presión, concesión y reaparición del conflicto.
“Creo que podría haber algunos acuerdos parciales, pero que desgraciadamente no van a resolver la causa estructural del problema”, dijo.
Por último, expuso la académica, un tercer escenario consistiría en una “radicalización de la política” en la que haya mayores confrontaciones entre el Gobierno y la oposición e incluso el riesgo de una fractura en el bloque oficialista, a lo que ahora se suma la desestabilización que podría representar la orden de arresto contra Morales.
Hoy, Bolivia parece haber dejado atrás los días con más bloqueos en carreteras y sus afectaciones, pero aún no puede decir que la crisis haya concluido.
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