El más reciente intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento enfrenta nuevas dudas en los tribunales, luego de que inmigrantes que lograron frenar su anterior intento de poner fin a este derecho pidieran a un juez federal que detenga la nueva iniciativa del presidente.
La Corte Suprema determinó en junio que un decreto que Trump emitió después de regresar al poder el año pasado era inconstitucional porque entraba directamente en conflicto con la garantía constitucional de ciudadanía para prácticamente todos los bebés nacidos en territorio estadounidense.
En respuesta a esa decisión, Trump firmó la semana pasada un nuevo decreto que parecía, en gran medida, reforzar las leyes vigentes y limitar las excepciones reconocidas. Entre otras cosas, el decreto establece que las agencias federales no reconocerán la ciudadanía de los hijos de padres que no sean ciudadanos si alguno de ellos es “un enemigo extranjero”, “un empleado de un gobierno extranjero” o participa en el llamado turismo de nacimiento.
El nuevo decreto, dijeron este martes ante un juez federal de Nueva Hampshire abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de derechos civiles, “pretende quitar la ciudadanía por nacimiento” a inmigrantes que pertenecen a la clase que representan, “a pesar de la reciente decisión del Tribunal Supremo”.
“Para evitar cualquier duda al respecto, el tribunal debería subrayar que el Gobierno no puede quitar la ciudadanía a los miembros de la clase mediante decretos ni mediante otras afirmaciones igualmente defectuosas del poder del Ejecutivo sobre la ciudadanía por nacimiento”, escribieron los abogados.
La solicitud de los grupos al juez de distrito de Estados Unidos Joseph LaPlante es el primer desafío directo al nuevo decreto. En al menos otro caso, abogados que anteriormente impugnaron el decreto de Trump de 2025 pidieron a un juez de Maryland que determine si el nuevo intento del presidente podría negar de manera inadmisible la ciudadanía a sus clientes.
LaPlante, designado por el expresidente George W. Bush, había fallado en julio pasado que el primer decreto de Trump era inconstitucional y prohibió a los funcionarios aplicarlo contra cualquier persona que pudiera haberse visto afectada por él. Ese caso llegó al Tribunal Supremo, que confirmó su fallo.
El alto tribunal ha reconocido desde hace mucho tiempo algunas excepciones a la norma según la cual cualquier persona nacida en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía, y volvió a hacerlo en su decisión de gran repercusión de este verano. Pero esas excepciones se limitan a los hijos de diplomáticos y de “enemigos” durante una “ocupación hostil”.
En documentos judiciales presentados este martes ante LaPlante, la ACLU afirmó que el intento de Trump de ampliar las excepciones era manifiestamente ilegal.
“La Corte Suprema ha dejado claro que las excepciones a la Cláusula de Ciudadanía provienen de la propia cláusula y del tribunal, no del presidente”, escribieron, en referencia a la disposición de la Decimocuarta Enmienda que aborda la ciudadanía.
En el caso de Maryland, los abogados que representan a los inmigrantes que impugnaron el primer decreto de Trump dijeron al tribunal que el Departamento de Justicia les informó que la nueva medida “opera únicamente de manera prospectiva y no entra en vigor hasta que se emita una guía”. Los abogados dijeron en un documento judicial que el departamento no proporcionó ninguna otra información sobre el decreto de la semana pasada.
CNN contactó al Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
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