El cierre de la temporada de convenciones partidarias el 5 de agosto sirvió no solo para concluir el diseño de las candidaturas presidenciales, sino también para revelar un nuevo fenómeno que debe ser estudiado por la ciencia política brasileña. Por definición, los partidos políticos deberían tomar partido o posición en una disputa tan importante como la del futuro presidente del país, ya sea con candidaturas propias o apoyando a un nombre lanzado por otra agrupación. En 2026, sin embargo, lo que predominó fue lo opuesto: la neutralidad.
A excepción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (del Partido de los Trabajadores), candidato a la reelección apoyado por otros seis partidos, todos de izquierda, ningún otro aspirante al Palacio del Planalto logró atraer a otra sigla. Con esto, todos los adversarios del petista disputarán la elección en listas puras; el último en anunciar el nombre del vicepresidente fue Flávio Bolsonaro (el Partido Liberal), quien eligió dentro del partido al diputado de Alagoas Alfredo Gaspar.
El candidato del PL intentó, pero no logró reproducir la alianza que apoyó a su padre. En 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro contaba con el apoyo del PP (Partido Progresista) y Republicanos, que ahora prefirieron mantenerse neutrales, a pesar de la posibilidad de indicar el nombre de una mujer para competir por la vicepresidencia; en el primero, la opción era la senadora y exministra Tereza Cristina, y en el último está afiliada la expresidenta de la Caixa Econômica Federal Daniella Marques, muy cercana al exministro de Economía Paulo Guedes.
La alianza de Lula vuelve a tener a Geraldo Alckmin (Partido Socialista Brasileño o PSB) como candidato a vicepresidente y suma siete partidos. Es la coalición más amplia que la izquierda brasileña ha formado al inicio de una disputa presidencial: nunca antes el PT, el PSB, el Partido Democrático Laborista (PDT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Comunista de Brasil (PC do B), el Partido Verde (PV) y Rede habían comenzado juntos una primera vuelta.
En contrapartida, Lula no logró ir más allá del campo de la izquierda este año como lo hizo en 2022, cuando partidos más al centro e incluso exadversarios —empezando por Alckmin— se habían sumado a la alianza. Cuatro años atrás, el palanque también contaba con Solidariedade, Avante, Agir y PROS. Avante prefirió este año tener candidatura propia, con el escritor y psiquiatra Augusto Cury, autor de libros best-seller de ficción y autoayuda.
Para quienes no están habituados a las articulaciones de la política brasileña, como el público extranjero, puede resultar extraño pensar en un candidato a presidente que tenga a una persona de otro partido en la fórmula. Pero en Brasil esto es casi una regla para ampliar la base de apoyo político e iniciar negociaciones para la composición de un futuro gobierno.
Estas negociaciones ocurren no solo en las disputas mayoritarias —cargos de presidente, gobernador, alcalde y senador—, sino también en las proporcionales, sistema por el cual se eligen diputados federales, diputados estatales y concejales, también con miras a la construcción de un futuro gobierno de coalición.
En 2017, sin embargo, un cambio en la legislación prohibió las coaliciones para los cargos del Legislativo en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), para contener distorsiones que ocurrían frecuentemente en el pasado: en una alianza entre partidos de espectros políticos diferentes, por ejemplo, el elector elegía a un candidato a diputado más a la izquierda del partido A, pero ese voto ayudaba a elegir a un parlamentario de centro o incluso de derecha del partido B, y viceversa, debido a coaliciones que podían reunir hasta una docena o más de siglas.
Fuera de eso, Brasil pasó a adoptar una cláusula de desempeño para que los partidos tengan acceso al financiamiento público de sus actividades, participación en el horario de propaganda gratuita en radio y televisión, además de asegurar el derecho a ser invitados a debates en esos medios de comunicación.
Como las bancadas federales son el criterio para esta barrera, nada más justo que cada sigla dispute espacio de forma individual, y no en coalición. La excepción es si dos o más partidos deciden formar una federación, con una duración mínima de cuatro años (dos ciclos electorales). Siglas con riesgo de extinción o de no superar la barrera legal adoptaron esta estrategia de supervivencia.
De los diez partidos y federaciones más grandes de Brasil, solo tres tendrán candidatos propios a la presidencia y dos se aliaron con Lula. Los otros cinco prefirieron la neutralidad. En esta lista están União Brasil y PP, federación con casi 100 parlamentarios, Republicanos, MDB, Podemos y la federación PSDB-Cidadania.
Todos estos partidos lanzaron candidatura propia a la presidencia o participaron en una coalición de este tipo, en medio de la polarización entre Lula y Bolsonaro. Con la tendencia de repetirse el escenario, ahora entre el petista y el hijo del expresidente, los partidos prefirieron el pragmatismo de fortalecer las bancadas en el Congreso a arriesgarse contra los dos polos políticos. En una disputa reñida, comprometerse temprano con uno de los lados significa apostar por quien puede perder — mientras que no comprometerse preserva el poder de negociación.
Es necesario considerar también el historial de los partidos en Brasil. Muchas de estas siglas tienen divisiones internas: los políticos de los estados del centro-sur del país son más conservadores, mientras que los de la región Nordeste tienen mayor proximidad con los petistas. Arbitrar estas divergencias es más costoso para los dirigentes nacionales que simplemente liberar a los correligionarios para apoyar al candidato presidencial que sea más popular en sus reductos.
En la campaña, la neutralidad también trae otro efecto beneficioso para Lula en comparación con los adversarios: solo cuatro candidaturas tendrán derecho a participar en la propaganda electoral. El petista se quedó con la mayor porción del tiempo, seguido por Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD) y Augusto Cury.
Aquí cabe otra explicación para el lector fuera de Brasil, sobre un mecanismo poco común en otros presidencialismos de la región. Las enmiendas parlamentarias son porciones del Presupuesto federal cuya destinación es definida individualmente por diputados y senadores. Buena parte de ellas es de ejecución obligatoria — el llamado presupuesto impositivo, creado justamente para quitarle al presidente el poder de liberar o retener esos recursos según la lealtad del parlamentario.
En la práctica, cada congresista lleva hoy una cartera propia de dinero público para obras y alcaldías de su base electoral. El presupuesto de 2026 reserva cerca de R$ 61.000 millones (aproximadamente US$ 11.938 millones) para ese gasto, de los cuales R$ 37,8 mil millones (aproximadamente US$ 7.400 millones) son impositivos.
Fue este engranaje el que transformó a la bancada, y no al ministerio, en el activo más valioso de la política brasileña — y que invirtió la aritmética de las alianzas. Un partido grande y sin compromiso presidencial negocia con quien gane; un partido grande dentro de una fórmula derrotada corre el riesgo de quedar cuatro años en el ostracismo.
La campaña que comienza ahora será, por eso, más polarizada que la de 2022. Pero la cuenta política más dura no se paga en octubre. Se paga en 2027, cuando el presidente electo abra la primera negociación con un Congreso que pasó toda la elección sin deberle nada.
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