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Disney demanda a la FCC por una “campaña de represalias” del Gobierno de Trump contra ABC

Disney acudirá a los tribunales para defender a sus estaciones de televisión ABC de la campaña de presión del Gobierno de Trump.

Este martes, la compañía de medios presentó una demanda ante un tribunal federal en la que alega que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) bajo el Gobierno de Trump está violando sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

El Gobierno “ha emprendido una campaña de represalias contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”, alega la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington.

La acción legal se produce mientras la FCC investiga el programa de entrevistas de ABC “The View” y emprende una inusual impugnación de las licencias de las estaciones de ABC.

Las estaciones están bajo la jurisdicción de la FCC porque transmiten a través de las ondas de radio públicas.

Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado de Trump, ha sometido a Disney a escrutinio en varios frentes, entre ellos DEI, sigla en inglés de diversidad, equidad e inclusión. Carr ha dicho que Disney podría estar incurriendo en “discriminación ilegal por DEI”.

Los críticos de Carr han dicho que DEI es un pretexto absurdo para lo que realmente está ocurriendo: una campaña de presión política encabezada por el presidente Trump.

El presidente lleva años arremetiendo contra ABC —y otras cadenas—. Ha criticado repetidamente a los periodistas de la cadena y ha argumentado que deberían revocarse licencias.

En abril pasado, cuando sectores conservadores expresaron indignación por un polémico chiste del comediante nocturno de ABC Jimmy Kimmel, Trump presionó a ABC para que despidiera a Kimmel.

Mientras ABC mantuvo el programa de Kimmel, Carr ordenó a la cadena presentar anticipadamente la documentación para renovar las licencias de sus estaciones, a pesar de que las ocho licencias no debían renovarse hasta dentro de varios años.

Carr sostuvo que el momento elegido fue una coincidencia y que la revisión de las licencias estaba relacionada con su investigación sobre DEI. Pero fue ampliamente considerada una forma de represalia del Gobierno por transmitir el programa de Kimmel y resistirse a la presión de Trump.

Hay más de 200 estaciones afiliadas a ABC en todo EE.UU., pero la mayoría son propiedad de otras compañías. Ocho pertenecen directamente a Disney y son esas las estaciones a las que apunta la FCC.

Las licencias de la FCC se renuevan cada ocho años y prácticamente nunca son revocadas. Hasta este año, la FCC no había emitido una orden de renovación anticipada en décadas.

Pero Carr ha estado decidido a utilizar el limitado poder de la FCC de formas nuevas y con una fuerte carga política.

La demanda presentada este martes pide específicamente al tribunal que impida que Carr siga adelante con la impugnación de las licencias. “La intervención de este tribunal es necesaria para detener el extraordinario ataque de la Comisión Federal de Comunicaciones contra la libertad de expresión”, señala la demanda.

La demanda también sostiene que Disney —una enorme compañía más conocida por sus parques temáticos, Star Wars y ESPN que por sus estaciones de televisión locales— no buscaba entrar en una disputa con el Gobierno de EE.UU.

La compañía dice que acudió a los tribunales “a regañadientes” y argumenta que “no existe ningún medio alternativo para eliminar estas amenazas continuas e inmediatas que no sea capitular por completo ante las exigencias del Gobierno”.

Carr no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Carr también abrió un caso contra “The View” por una supuesta violación de la regla de “igualdad de tiempo”, invocando una norma que rara vez se ha aplicado en los últimos años. “The View” suele contar con críticos abiertos de Trump.

La demanda de Disney afirma que la presión de la FCC ya ha afectado lo que se transmite en el programa de entrevistas diurno. Desde que comenzó la investigación de la agencia, ABC dice que “The View” se ha vuelto “más cauteloso a la hora de invitar a candidatos políticos” y ha dejado de considerar a varios posibles candidatos como invitados.

Ningún candidato político ha aparecido en el programa desde el 2 de febrero, afirma Disney en la demanda. La presión incluso ha afectado qué fragmentos de video llegan a emitirse: ABC dice que ha “optado por no transmitir fragmentos” que de otro modo habría utilizado porque podrían contar como “apariciones” de candidatos y potencialmente ser utilizados contra ABC en la revisión que lleva a cabo la FCC.

Una amplia variedad de grupos defensores de la Primera Enmienda han condenado las acciones contra ABC, mientras que algunos grupos conservadores han defendido a Carr y argumentan que el Gobierno de Trump está actuando dentro de sus facultades. “No es de interés público que ABC opere como un brazo del Comité Nacional Demócrata”, dijo a principios de este año Daniel Suhr, aliado de Carr y presidente del Center for American Rights.

La semana pasada, el CEO de Disney, Josh D’Amaro, dijo en una entrevista con CNBC que “nuestra posición al respecto es clara”.

Cuando le preguntaron sobre la amenaza de la FCC, D’Amaro citó la “integridad periodística” de ABC y dijo: “No vamos a permitir que nos digan cómo manejar esa parte de nuestro negocio”.

D’Amaro agregó: “Me gusta lo que hacemos. Contamos historias increíbles. Creo que lo hacemos bien. Lo hacemos en todo el mundo. Y vamos a seguir comprometidos con eso”.

La demanda presentada este martes afirma que la presión contra ABC “se ha sentido profundamente en toda la compañía”.

“La campaña también está calculada para infundir temor en el resto de la industria: ABC es el blanco visible y sufre el daño más inmediato, pero el mensaje está dirigido a todas las emisoras del país, y el costo final recae sobre la prensa en su conjunto”, alega la demanda.

The-CNN-Wire
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Judge rules FBI can’t abandon Biden-era plan to relocate headquarters to Maryland

(CNN) — A federal judge has blocked the Trump administration from abandoning a Biden-era plan to relocate the FBI headquarters to suburban Maryland.The FBI and the General Services Administration had announced plans in July 2025 to move the agency’s headquarters from the J. Edgar Hoover building in downtown Washington, DC, to the Ronald Reagan Building blocks away — scrapping GSA’s 2023 selection of a site in Greenbelt, Maryland.But Judge Theodore Chuang said in his ruling Monday that the Trump administration’s move exceeded the authority of the FBI and GSA.Chuang, who was appointed by former President Barack Obama, also agreed with Prince George’s County and the state of Maryland — which sued in November — that the FBI’s reprogramming of $555 million toward the Reagan building move, which included $323 million that was appropriated by Congress for the Greenbelt project, was “arbitrary and capricious” and not in accordance with law.While the Hoover building has long been in need of drastic repairs, the question of where to move the FBI has been a drawn-out political fight. The 2023 selection of Greenbelt was nearly 15 years in the making, Chuang said in his ruling.The Reagan building was home to the now-defunct US Agency for International Development. It also houses other agencies, including US Customs and Border Protection.In his ruling, the judge also considered the economic impact to Prince George’s County and the status of the FBI’s move to the Reagan building.“[I]f the Reagan Building project moves forward, Plaintiffs will lose the opportunity to have the substantial economic benefits that would have a positive impact not just on individual private parties, but on the community in Prince George’s County,” Chuang wrote. “As for Defendants, they are still at the beginning stages of moving the FBI to the Reagan Building … so the immediate impact of an injunction of Defendants would be limited.”CNN has reached out to the FBI, Justice Department and GSA for comment.Maryland Democratic Gov. Wes Moore celebrated the ruling, saying in a statement on Monday, “President Trump tried to take from Maryland what Maryland had already won. He failed.”“Now it is time to stop the games and get to work building the world-class FBI headquarters that our public servants deserve, where it belongs: in Prince George’s County, Maryland,” he added.Shortly after taking office, President Donald Trump vowed to stop the FBI headquarters from moving to “a liberal state.”“We’re going to stop it. Not going to let that happen,” said Trump during a March 2025 speech at the Department of Justice.The Trump administration argued in 2025 that the Greenbelt project “would have cost the taxpayers billions of dollars and taken years to construct.” FBI Director Kash Patel said that moving the headquarters to the Reagan building “is the most cost effective and resource efficient way to carry out our mission to protect the American people and uphold the Constitution.”The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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