La costosa suscripción que ofrece el presidente Donald Trump para acceder de inmediato a sus publicaciones en Truth Social es inconstitucional, según una demanda federal presentada este miércoles.
The Intercept y la Freedom of the Press Foundation demandaron conjuntamente a Trump y al equipo de redes sociales de la Casa Blanca por restringir su acceso a las publicaciones del presidente en Truth Social. Los demandantes sostienen que Trump violó sus derechos amparados por la Primera y la Quinta Enmienda.
Trump utiliza con frecuencia la plataforma de su empresa para anunciar decisiones de política pública, decretos, cambios de personal y declaraciones de guerra.
Trump Media, propietaria de Truth Social, comenzó a vender el trimestre pasado acceso directo a su interfaz de programación de aplicaciones (API). La empresa dijo que los suscriptores tendrían acceso en tiempo real a las publicaciones de Trump y podrían verlas apenas milisegundos después de su publicación. No está claro cuánto se demora el acceso del público general a esos mensajes.
Sin embargo, la duración de la demora, por breve que sea, no importa, según Nikhel Sus, abogado principal de Citizens for Responsibility & Ethics in Washington, organización que representa a los demandantes. Sus sostiene que la mera existencia de esa diferencia de acceso es inconstitucional.
“No hay una excepción de minimis para las restricciones de derechos fundamentales amparados por la Primera Enmienda”, dijo Sus a CNN. “Incluso si, hipotéticamente, la demora fuera de milisegundos, constituiría una violación de la Primera Enmienda”.
El Gobierno no puede limitar el acceso a expresiones públicas sin una justificación legítima, dijo Katie Fallow, directora adjunta de litigios del Knight First Amendment Institute.
“No existe un interés legítimo del Gobierno para hacer esto”, dijo Fallow. “Donald Trump y su empresa pueden tener un interés, pero el Gobierno no”.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
En su primera llamada sobre resultados financieros con analistas, celebrada el lunes por la noche, Trump Media dijo que ha firmado más de 10 acuerdos con clientes de Truth API, en su mayoría empresas dedicadas a operaciones de alta frecuencia. De acuerdo con Trump Media, esos clientes están dispuestos a pagar entre US$ 60.000 y US$ 100.000 mensuales por el acceso preferencial.
Trump es, por amplio margen, el usuario más seguido y activo de Truth Social, una plataforma que tiene muy pocos usuarios activos y que nunca ha declarado ganancias. Está claro que la empresa —y Wall Street— consideran que ese acceso especial tiene un valor significativo.
Pero Trump podría estar vendiendo acceso a algo que legalmente no le pertenece, aunque lo publique en su propia plataforma.
“Las declaraciones oficiales del presidente no son datos privados de una empresa, sino que pertenecen a Estados Unidos en virtud de la Ley de Registros Presidenciales”, sostuvo Sus.
En su demanda, la Freedom of the Press Foundation argumentó que Truth API podría limitar su capacidad para recopilar automáticamente todas las publicaciones del presidente e identificar cuáles contienen mensajes contra los medios, una función central de uno de los productos que ofrece el grupo. The Intercept, por su parte, dijo que corría el riesgo de quedar rezagado frente a sus competidores en la cobertura de noticias de última hora.
Por esa razón, los demandantes sostienen que Truth API también podría infringir las cláusulas de debido proceso e igual protección de la Quinta Enmienda.
“El Gobierno no puede establecer condiciones arbitrarias para acceder a información pública”, dijo Sus. “El presidente y sus asesores están facilitando declaraciones de forma selectiva únicamente a quienes estén dispuestos a pagar a su empresa privada”.
Como ocurre con muchas medidas adoptadas por el Gobierno de Trump, la venta de acceso especial a los anuncios del presidente mediante una plataforma de su propiedad plantea varias cuestiones jurídicas novedosas, señaló RonNell Andersen Jones, profesora de Derecho de la Universidad de Utah.
Los tribunales tendrán que determinar si la ventaja temporal de los suscriptores es tan breve que, en la práctica, el acceso de las demás personas resulta idéntico, dijo. No obstante, sostuvo que no debería considerarse inofensiva la venta privada de acceso a información que los estadounidenses tienen el derecho constitucional de recibir.
La demanda también presenta un argumento convincente sobre el derecho a recibir información protegido por la Primera Enmienda, añadió.
“Gran parte de nuestra doctrina sobre la libertad de expresión se centra en cómo estamos protegidos cuando el Gobierno quiere impedirnos hablar”, dijo. “Pero también tenemos el derecho constitucional de recibir información, y este caso seguramente será importante para examinar por qué ese derecho es tan esencial para una democracia saludable”.
El mes pasado, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff instaron a los reguladores federales a investigar si Truth API es legal.
Los legisladores describieron el plan como un “abuso escandaloso del cargo de presidente” y pidieron a la Comisión de Mercados de Valores de Estados Unidos que determine si el acuerdo infringe la legislación federal sobre valores.
“El acceso anticipado a las publicaciones del presidente Trump en redes sociales para empresas de Wall Street, inversionistas adinerados con acceso privilegiado y operadores de alta frecuencia erosionará la confianza de los inversionistas en la imparcialidad básica de los mercados”, escribieron Warren y Schiff en una carta al presidente de la comisión, Paul Atkins.
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