La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre se dio gracias a “nuevas formas de investigar” de la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellas “análisis científicos” de las pruebas existentes en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa —localidad en el estado de Guerrero, en el sur de México— hace casi 12 años.
“Lo que sí puedo decir es que el fiscal del caso, la fiscal general de la república y el apoyo que han tenido en el análisis de inteligencia e investigación con nuevas formas de investigar —pueden ser las mismas evidencias, pero ahora profundizando a través de distintos mecanismos, muchos de ellos análisis científicos— permiten seguir haciendo justicia”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutinam e insistió en que el objetivo es “saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.
El jueves, la FGR dio a conocer la detención de Aguirre por su supuesta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. Aguirre, de 70 años, era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición.
La FGR dijo que, según sus investigaciones, Aguirre es considerado presunto responsable del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra”. CNN busca saber si Aguirre ya cuenta con representación legal y cómo se declara.
Sheinbaum, quien afirmó que no puede dar más detalles por ser un proceso legal en curso, indicó que el trabajo de la FGR para lograr la detención comenzó “desde hace muchos meses”.
Los funcionarios de la FGR “tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias y los testimonios que ayer mencionó la fiscal, cómo fue que existen”, mencionó la presidenta de México. Además de testimonios, Sheinbaum detalló que el nuevo trabajo de la FGR se centró en los registros de llamadas telefónicas de la época y en los vínculos que tenían estas comunicaciones. Lo que se hizo ahora “fue revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación estas llamadas telefónicas y sus vínculos entre unas y otras personas”, explicó la mandataria.
Sheinbaum agregó que se reunirá con los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a finales de este mes para hablar de los recientes hallazgos.
Ernestina Godoy, quien está al frente de la FGR, dijo el jueves que, a través de testimonios obtenidos entre enero y mayo de este año, se estableció que Aguirre ordenó “desaparecer cualquier evidencia relacionada” con uno de los autobuses donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa. Ese autobús se encontraba al exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, ubicado en el municipio de Iguala, y fue detenido por policías municipales y estatales. Según las indagaciones de la FGR, las pruebas que Aguirre habría ordenado desaparecer son videograbaciones de cámaras de seguridad al exterior del Palacio de Justicia.
“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, declaró Godoy.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa acudió a Iguala. El objetivo era retener temporalmente autobuses de empresas de transporte con el fin de utilizarlos para asistir a la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Los estudiantes partieron a las 9 p. m. en dos grupos (uno con dos autobuses y otro con tres) y poco tiempo después fueron perseguidos y atacados por policías municipales de Iguala, auxiliados por otros cuerpos de seguridad y por otros ciudadanos no afiliados. El ataque dejó un saldo brutal: 43 normalistas —estudiantes de licenciaturas en Educación— que a la fecha siguen desaparecidos.
Luego de casi 12 años, hay personas detenidas y bajo proceso, pero hasta el momento no se ha condenado a ninguna persona por el caso Ayotzinapa.
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