El presidente Donald Trump pidió el lunes a la Corte Suprema que permita a su Gobierno avanzar con la implementación de una amplio decreto dirigido al voto por correo que tribunales inferiores bloquearon en casi dos docenas de estados, preparando un importante conflicto electoral en el máximo tribunal a meses de las elecciones intermedias.
El decreto de Trump daría al Servicio Postal de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional nuevos roles en la revisión de los padrones electorales estatales para detectar posibles votantes no ciudadanos.
Firmada en marzo, la directiva del presidente exigiría a los estados presentar listas de ciudadanos habilitados para votar por correo al Servicio Postal de Estados Unidos, al que se le prohibiría enviar boletas a cualquiera que no figure en esas listas. También exigiría a los estados usar códigos de barras individualizados de seguimiento de boletas en los sobres de las boletas. Y “priorizaría” el enjuiciamiento federal de funcionarios electorales estatales que envíen o reciban boletas de no ciudadanos u otras personas no habilitadas para votar.
A pesar de las revelaciones de este mes de que unos 400 no ciudadanos habían emitido boletas indebidas en elecciones de Nueva Jersey, el voto indebido sigue siendo sumamente raro, y la administración nunca ha aportado pruebas de un fraude generalizado a una escala que pudiera influir en el resultado de una elección. Sin embargo, Trump ha promovido durante años teorías conspirativas sobre la votación como una forma de desacreditar la elección presidencial de 2020 que perdió.
En su apelación ante la Corte Suprema el lunes, el Gobierno presentó su decreto como “orientación general de política” y subrayó que el Servicio Postal no había finalizado ninguna regulación.
Veintitrés estados liderados por demócratas impugnaron el decreto, señalando que la Constitución deja la conducción de las elecciones en gran medida a los estados, no a la Casa Blanca. Un tribunal federal de distrito bloqueó su implementación para la elección de este año en los estados que demandaron, y el Tribunal de Apelaciones del 1.º Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, confirmó esa decisión durante el fin de semana.
Dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones en esa decisión fueron nombrados por el expresidente Joe Biden. Un tercer juez, a quien Trump designó para el cargo el año pasado, coincidió con parte de la decisión del tribunal, pero habría permitido que entrara en vigor parte del decreto del presidente.
A pesar de su alcance ostensiblemente limitado a casi la mitad del país, el fallo en la práctica mantiene en suspenso a nivel nacional las directivas al USPS, porque la agencia no puede implementar el decreto de Trump en algunos estados pero no en otros, según documentos judiciales. Una docena de estados liderados por republicanos han intervenido en el caso para defender el decreto.
Además de las directivas para el USPS, otra sección del decreto de Trump instruye a Seguridad Nacional a proporcionar listas de residentes estatales que considera elegibles para votar, aunque el Gobierno ha reconocido ante el tribunal que sus propias bases de datos de ciudadanos estadounidenses están incompletas.
En lugar de defender el fondo de su decreto, el Gobierno de Trump ha argumentado que los estados demócratas que la impugnan demandaron de manera prematura porque gran parte del esfuerzo de Trump aún no se ha implementado.
“El decreto es una directiva intrarrama del presidente a sus subordinados que, por su propia fuerza, no cambia en absoluto nada sobre las elecciones en ningún estado”, dijo el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, a la Corte Suprema en la apelación. “No exige a los estados hacer (o abstenerse de hacer) absolutamente nada”.
El Gobierno solicitó una orden “administrativa” inmediata para dejar en suspenso las decisiones de los tribunales inferiores.
Pero el 1.º Circuito razonó que los funcionarios electorales locales ya han tenido que desviar recursos de la preparación para la elección de este año para determinar cómo cumplir con el decreto. Y algunos de ellos ya han comprado sobres para las boletas de la elección de este año.
“Dada la limitación de sus recursos, los esfuerzos de los estados han implicado necesariamente desviar tiempo y atención del personal de otras tareas electorales urgentes, como preparar materiales de educación pública para los votantes y desplegar nueva tecnología de votación, para coordinar la implementación de los cambios expuestos en el decreto”, escribió el tribunal de apelaciones.
El juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos Joshua Dunlap, designado por Trump, coincidió en que se debe permitir a los estados demandar por los requisitos del sobre. Pero habría permitido que el DHS elaborara y enviara a los estados las listas de votantes que considera elegibles, porque el decreto técnicamente no exige que los funcionarios electorales estatales hagan nada con esa información.
Incluso antes del decreto de marzo de 2026, el Gobierno de Trump estaba intensificando los esfuerzos para usar datos federales de inmigración con el fin de buscar a no ciudadanos. Sin embargo, se sabe que el programa de datos de ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional que se ha utilizado comúnmente en ese ejercicio arroja falsos positivos, lo que ha suscitado temores de que votantes elegibles sean eliminados erróneamente de los padrones electorales.
La apelación de emergencia de Trump marca la primera vez que la administración ha acudido a toda prisa a la Corte Suprema con una solicitud de resolución urgente desde marzo, apenas la tercera apelación de este tipo este año. Eso supone un marcado contraste con el año pasado, cuando la administración presentó casi 30 apelaciones de emergencia en lo que los críticos han llamado el “expediente en la sombra” (shadow docket, en inglés) del tribunal.
El tribunal solicitó una respuesta a la apelación de la administración para el 3 de agosto.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.