Cuatro días después de que el presidente Donald Trump declarara que su administración había descubierto “vulnerabilidades alarmantes” en la infraestructura electoral, decenas de funcionarios electorales estatales de todo el país se reunieron en Boston.
Pero no estuvieron presentes en la cumbre de emergencia para abordar la supuesta crisis, a pesar de que las elecciones de mitad de mandato están a tan solo 15 semanas.
En cambio, estos funcionarios electorales de 37 estados se reunieron para una conferencia profesional programada con mucha antelación, que tuvo un tono sorprendentemente rutinario. De hecho, Trump y su discurso en horario estelar apenas se mencionaron.
En entrevistas con CNN, más de una decena de funcionarios electorales de ambos partidos afirmaron que el discurso de Trump no aportó mucha información nueva en cuanto a pruebas. Varios funcionarios republicanos incluso ridiculizaron su presentación, señalando los datos que la administración publicó para intentar reforzar su argumento de que un gran número de personas no ciudadanas votan en las elecciones estadounidenses.
Matt Crane, un republicano que dirige la Asociación de Secretarios de Condado de Colorado, dijo que su chat con un grupo bipartidista de colegas estuvo lleno de “muchos emojis de risa y expresiones como ‘tiene que ser una broma, ¿eso era todo?’”.
Un funcionario republicano de un estado que Trump ganó tres veces también criticó duramente el discurso, que incluyó la desclasificación de informes de inteligencia que, según Trump, planteaban una “pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral” con amenazas de China y Venezuela. (Trump no mencionó que los informes también dejaban claro que ninguno de los dos países había manipulado jamás los resultados de las elecciones estadounidenses).
“Leí los documentos”, dijo el funcionario a CNN con la condición de que no se identificara su estado. “Eran antiguos. Ya había visto esto. No era nuevo para mí. Ya teníamos la mayor parte de esta información”.
Funcionarios demócratas y expertos electorales han condenado a Trump por, en su opinión, intensificar sus ataques de larga data contra el proceso de votación, acusándolo de sentar las bases para justificar cualquier posible derrota del Partido Republicano en noviembre.
Muchos republicanos que participan en campañas electorales han sido mucho más prudentes en sus declaraciones públicas, expresando en general su apoyo al objetivo declarado de Trump de depurar los censos electorales y prevenir el voto ilegal, al tiempo que defienden su trayectoria en sus respectivos estados.
Pero en privado, muchos critican lo que está haciendo Trump.
“Todos sabemos que las elecciones no están amañadas, pero tenemos que mantener un perfil bajo y hacer nuestro trabajo”, dijo a CNN un funcionario electoral republicano, bajo condición de anonimato, porque no quería enfadar a la administración Trump.
El discurso del presidente el jueves pasado —y una presentación posterior del Departamento de Seguridad Nacional— señalaron a varios estados que supuestamente tenían un número asombrosamente alto de no ciudadanos en los registros electorales.
Durante mucho tiempo, Trump ha difundido afirmaciones falsas y fantasiosas de que miles, e incluso millones, de inmigrantes indocumentados votan en las elecciones estadounidenses. Si bien existen casos aislados, estudios exhaustivos de grupos de expertos tanto de derecha como de izquierda han concluido que esto ocurre a una escala ínfima.
Aun así, la administración afirmó haber revisado datos públicos y descubierto cientos de miles de personas no ciudadanas inscritas en los registros de Pensilvania y Nevada, así como en California y Nueva Jersey, estados tradicionalmente demócratas. Algunos funcionarios de esos estados han exigido mayor transparencia y han solicitado información sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegó a esas cifras.
Incluso algunos estados republicanos que entregaron voluntariamente sus listas de votantes a la administración Trump para su examen se vieron afectados por la última campaña del presidente. La administración afirmó que se habían encontrado más de 28.000 personas no ciudadanas en los registros electorales de estados con funcionarios electorales republicanos.
La base de datos de ciudadanía del DHS que se utiliza para revisar los padrones electorales —conocida como SAVE o Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios— tiene un historial de sobreestimar el número de no ciudadanos registrados. El propio DHS reconoce que los estados que utilizan el sistema voluntariamente para el mantenimiento de los padrones electorales deben investigar más a fondo cualquier coincidencia.
Sam Hayes, el director ejecutivo republicano de la Junta Electoral Estatal de Carolina del Norte, quien ha respaldado enérgicamente varias de las políticas electorales de Trump, afirmó que su equipo no aprobaría sin más las conclusiones de la administración. Indicó que el estado, que según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenía 1.599 personas no ciudadanas registradas, llevaría a cabo su propia verificación, la cual requiere tiempo y contactar a los inscritos.
“No aceptamos nada sin más y simplemente empezamos a eliminar gente del padrón electoral”, declaró Hayes a CNN. “Tenemos que hacer nuestra propia evaluación independiente… Todavía tenemos que hacer las comprobaciones pertinentes por nuestra parte”.
Hayes también enfrió las expectativas de Trump respecto a las respuestas rápidas, diciendo: “Va a ser difícil lograrlo antes de las elecciones de mitad de mandato, pero estamos trabajando para conseguirlo”.
Funcionarios electorales de Georgia declararon a CNN que las afirmaciones del gobierno sobre la presencia de personas no ciudadanas en sus registros parecen exageradas. De los 2.549 inscritos señalados por el Departamento de Seguridad Nacional, indicaron que solo unos 20 habían votado alguna vez en el estado.
A pesar de cuestionar los datos de la Casa Blanca, los funcionarios de ambos partidos recalcaron que se toman muy en serio su deber de evitar que los no ciudadanos figuren en las listas de beneficiarios.
El gobernador de Nueva Jersey anunció el martes que un error informático en la Comisión de Vehículos Motorizados del estado añadió accidentalmente a unos 6.600 no ciudadanos al censo electoral, y que 400 de ellos emitieron votos irregulares en las elecciones recientes.
La sorprendente revelación de un gobernador demócrata en un bastión liberal causó revuelo de inmediato y provocó recriminaciones del tipo “ya se lo advertimos” por parte de la administración Trump.
En una rueda de prensa posterior celebrada el viernes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, amenazó con multas e incluso posibles penas de prisión para los funcionarios electorales que no cumplan con las exigencias de la administración Trump en cuanto a los registros de votantes y otras reformas electorales.
Los funcionarios electorales declararon a CNN que se toman estas amenazas muy en serio, especialmente después de que el Departamento de Justicia de la era Trump acusara formalmente a varios de sus oponentes políticos. Sin embargo, al mismo tiempo, afirmaron que su prioridad es su trabajo.
“Existe la preocupación de que ‘¿Podría servir de ejemplo?’”, dijo Crane, el republicano que dirige la asociación bipartidista de funcionarios electorales de Colorado. “Pero creo que, en general, a estas alturas ya no es un tema relevante”.
Un administrador electoral demócrata de un estado clave declaró a CNN, bajo condición de anonimato, que recibió una llamada preocupada de su madre después de que ella escuchara los comentarios de Mullin sobre la posibilidad de procesar a funcionarios electorales.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia envió cartas de advertencia similares a los 50 estados. El fiscal general republicano de Idaho fue uno de los que se opusieron, reprendiendo al Departamento de Justicia en una carta de respuesta contundente en la que afirmaba que “las insinuaciones de violaciones criminales de las leyes electorales federales no son bien recibidas”.
“Dejen de amenazar a sus amigos en Idaho”, escribió James Craig, un destacado abogado de la oficina del fiscal general de Idaho.
Un funcionario electoral republicano de otro estado declaró a CNN que incluso algunos funcionarios de estados tradicionalmente republicanos no se sienten seguros debido a la imprevisibilidad de la administración Trump.
“Es sumamente preocupante que hablen así, y no tenemos ni idea de lo que van a hacer”, dijo el funcionario.
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