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¿Puede Trump influir en las elecciones intermedias? Esto es lo que preocupa a los demócratas

Los demócratas han elevado al máximo nivel sus advertencias sobre los intentos del presidente Donald Trump por influir en las próximas elecciones.

“Todas las señales están en rojo”, escribió el estratega demócrata y analista político de CNN David Axelrod en una publicación en X.

“En condiciones normales, el Partido Republicano sufriría una derrota este otoño, en gran medida debido a la impopularidad de Trump”, escribió Axelrod. “Por eso está preparando un plan B: hacer lo que sea necesario para ganar. Lo que sea. Quien diga: ‘Bueno, no haría ESO’, simplemente no ha prestado suficiente atención”.

En otras palabras, Axelrod sostiene que hay que prepararse para cualquier escenario y no sorprenderse por las medidas que Trump pueda adoptar en los cuatro meses previos al día de las elecciones.

La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata por Florida, dijo este viernes a John Berman, de CNN, que algunos votantes de su distrito, de amplia mayoría demócrata, están preocupados por lo que pueda ocurrir en noviembre.

“Por primera vez en toda mi carrera, John, tengo votantes que me dicen que les preocupa que el presidente vaya a cancelar las elecciones, que vaya a declarar la ley marcial. Incluso hay personas que me han dicho que temen que ni siquiera haya elecciones en noviembre”, afirmó Wasserman Schultz.

La legisladora aseguró que intenta tranquilizar a sus electores frente a esos temores más alarmistas.

Wasserman Schultz busca la reelección en un distrito congresional rediseñado como parte de la campaña más amplia del Partido Republicano para modificar los mapas electorales a su favor antes de noviembre. Los demócratas respondieron con nuevos mapas en estados como California, pero los republicanos obtuvieron mejores resultados en los tribunales y, según la evaluación más reciente de CNN, podrían ganar hasta 10 escaños adicionales gracias a la nueva redistribución de distritos.

En Estados Unidos, los estados son responsables de organizar sus propias elecciones. Sin embargo, Axelrod enumeró una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Trump para influir en ese proceso.

El ejemplo más reciente fue el despido, el jueves, de tres de los cuatro comisionados de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés), un organismo independiente y bipartidista creado por el Congreso en 2002 para distribuir fondos federales destinados a ayudar a los estados a realizar elecciones seguras. No es la única institución relacionada con las elecciones que ha quedado debilitada. La Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), encargada de supervisar el financiamiento de campañas, también carece del quórum necesario para funcionar.

Los despidos en la EAC son solo una de las evidencias mencionadas por Axelrod. A continuación, se presenta el contexto de cada uno de sus argumentos.

Trump designó temporalmente a Bill Pulte, un empresario multimillonario que posteriormente dirigió asuntos relacionados con la vivienda, como director de Inteligencia Nacional. Mientras supervisaba Fannie Mae y Freddie Mac, fue objeto de críticas por señalar a adversarios políticos de Trump con acusaciones de fraude hipotecario. Pulte no tiene experiencia en inteligencia, pero mantiene estrechos vínculos con el Partido Republicano. CNN informó que Trump quiere que se concentre su trabajo en temas de seguridad electoral, una función poco habitual para el máximo responsable de inteligencia del país.

Trump continúa sosteniendo, sin pruebas, que hubo fraude en las elecciones de 2020 y ha nombrado en distintos cargos del Gobierno a personas que comparten esa postura.

Trump ha intentado asumir un mayor control sobre el voto por correo, tradicionalmente administrado por los estados, incluso mediante la creación de una base de datos nacional de registro de votantes. Estados gobernados tanto por demócratas como por republicanos han impugnado esa iniciativa. Además, este mes un juez rechazó su intento de ordenar que el Servicio Postal de Estados Unidos solo distribuyera boletas de voto por correo en los estados que hubieran cumplido con sus exigencias. Las disputas judiciales continuarán antes de las elecciones.

Trump ha criticado públicamente la incapacidad de los republicanos para aprobar un proyecto de ley sobre seguridad electoral que, según la mayoría de los grupos especializados en integridad electoral, no resulta necesario. También exigió que el Senado eliminara el filibusterismo para aprobar la iniciativa, aunque los senadores republicanos rechazaron esa posibilidad. Esta semana, Trump se negó a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda en protesta porque el Congreso no aprobó la iniciativa electoral, a la que llama Ley SAVE America. El proyecto electoral sigue estancado y la legislación sobre vivienda entrará en vigor sin su firma.

No existen pruebas de un fraude electoral generalizado. Sin embargo, algunos temen que Trump utilice nuevamente esas acusaciones, posiblemente respaldadas por declaraciones de Pulte desde la Dirección Nacional de Inteligencia, para justificar medidas extraordinarias antes de noviembre. Durante una audiencia de confirmación, Mullin fue consultado sobre la posibilidad de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los centros de votación y no descartó completamente esa posibilidad. No obstante, no existe ningún plan público y concreto para hacerlo.

El año pasado, CNN informó que el Gobierno de Trump había intentado debilitar o desmantelar redes de seguridad electoral mediante las cuales el Gobierno federal colabora con los estados, bajo el argumento de mejorar la eficiencia gubernamental.

Según organizaciones de vigilancia y de buen gobierno, el despido de los comisionados de la EAC probablemente tendrá un impacto limitado en las próximas elecciones, aunque consideran que sigue siendo un motivo de preocupación.

“Aunque la EAC no administra directamente las elecciones, debemos interpretar esta medida como parte de un patrón más amplio destinado a centralizar el control de la administración electoral e inclinar las reglas del juego”, escribió Michael McNulty, director de políticas de Issue One, organización que se define como un grupo de reforma política integrado por miembros de distintos sectores políticos.

McNulty, quien trabajó durante años en procesos electorales internacionales, ha advertido que las acciones de Trump responden a un plan gradual para aumentar el control sobre el sistema electoral y sostiene que la población debe mantenerse atenta.

Los intentos de Trump por influir en las próximas elecciones han sido evidentes, pero también han encontrado importantes obstáculos. Recientemente, el Tribunal Supremo falló a favor de los estados que contabilizan las boletas de voto por correo enviadas dentro del plazo legal aunque lleguen después del día de las elecciones, en una de las derrotas judiciales más importantes para Trump y sus aliados.

Tribunales de menor instancia también han bloqueado otras iniciativas impulsadas por el presidente.

La periodista de CNN Fredreka Schouten informó recientemente sobre los esfuerzos de varios estados gobernados por demócratas para aprobar leyes destinadas a proteger sus elecciones de posibles intervenciones federales, ya sea prohibiendo compartir los registros de votantes o limitando la presencia de agentes federales de seguridad en los centros de votación.

A pesar de los esfuerzos de Trump, los estadounidenses deben confiar en que las próximas elecciones se desarrollarán correctamente, afirmó David Becker, fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

Con ello, Becker se refiere a que los ciudadanos podrán votar y que cada sufragio será contabilizado correctamente.

“Ni siquiera estoy seguro de que estos despidos estén entre las cinco noticias más importantes de la semana relacionadas con las elecciones”, afirmó sobre la salida de los comisionados de la EAC. “Por ejemplo, fue mucho más relevante que un juez designado por Trump anulara la citación del Departamento de Justicia que buscaba recopilar información personal sensible de trabajadores electorales”.

Becker sostuvo que los despidos en la EAC representan un exceso de poder, pero consideró que “no debemos exagerar el impacto que tendrán sobre las elecciones de este año ni sobre las futuras”.

A su juicio, las elecciones continúan siendo administradas por los estados, tal como establece la Constitución de Estados Unidos, y “están cumpliendo esa responsabilidad de manera excepcional”.

The-CNN-Wire
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Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que retorna a su país tras haber sido condenado e indultado en EE.UU.

Después de permanecer cuatro años en Estados Unidos, país al que fue extraditado, donde fue condenado a prisión y finalmente indultado, el expresidente Juan Orlando Hernández regresa este domingo a Honduras, donde espera retomar su vida y enfrentar un proceso penal pendiente por fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara inocente.Hernández, de 57 años, ha tenido ocho meses vertiginosos, en los que las noticias en torno suyo han atraído la atención de la región.A finales de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de indultar al exmandatario, quien en 2024 había sido condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Hernández recibió el indulto y fue liberado a principios de diciembre, mientras en Honduras se contaban los votos de una elección presidencial que ganó Nasry “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional —que también postuló a Hernández en su momento— a quien Trump expresó su respaldo.En una entrevista con CNN en junio, Hernández insistió en defender su inocencia y dijo que Trump lo indultó porque se dio cuenta de que se había cometido “una injusticia” en su contra.También descartó volver a la política, aseguró que expresará sus opiniones como ciudadano cuando lo considere necesario y sostuvo que su prioridad es recuperar el tiempo perdido con su familia. Además, adelantó que buscaría regresar a Honduras para enfrentar las acusaciones en su contra, que describió como un “montaje político que dejó el partido anterior”, en referencia a Libre, fuerza política rival del Partido Nacional.Ahora, en una entrevista con la agencia EFE publicada esta semana, señaló que espera poder enfrentar en libertad el proceso pendiente y que las autoridades garanticen su seguridad como exmandatario. “El Estado de Honduras está en la obligación de proteger a sus ciudadanos y en este caso particular mío”, argumentó.El proceso contra Hernández, quien fue presidente en dos períodos consecutivos, de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022, se inició tras completar su segundo mandato, cuando Estados Unidos, entonces bajo el Gobierno de Joe Biden, pidió su extradición.En febrero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras remitió el pedido de extradición a la Corte Suprema, que nombró a un juez natural. Este libró orden de detención contra el expresidente, quien se encontraba en Tegucigalpa.Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que, al conocer la petición de extradición, montó un operativo alrededor de la residencia.En un despliegue con intensas medidas de seguridad, Hernández fue trasladado al Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ―también conocido como Cobras―, donde estuvo bajo arresto mientras se agotaba el proceso legal de extradición, que culminó el 28 de marzo de 2022, cuando el juez ratificó la entrega del exmandatario a la justicia estadounidense.El 21 de abril, Hernández fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo en ese momento en un comunicado que el exmandatario “supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento”.El comunicado agregó que “Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias ‘Tony Hernández’”, quien en marzo de 2021 fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas a gran escala.El expresidente en reiteradas ocasiones se declaró inocente de los cargos que le imputaba la justicia de EE.UU.En una carta abierta que difundió el 7 de febrero de 2022 en su cuenta de Twitter, Hernández lamentó que Estados Unidos lo declarara “inelegible” para optar por una visa con base en lo que describió como declaraciones en su contra hechas “por narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados” por su Gobierno, o que huyeron y tuvieron que entregarse a la justicia estadounidense por las acciones contra del tráfico de drogas que, aseguró, había realizado su Gobierno.Al ser acusado por narcotráfico, Hernández no solo perdió su libertad, sino que en Honduras le fueron confiscados sus bienes inmuebles y activos financieros. El Ministerio Público de Honduras informó que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado solicitó el 1 de abril de 2022 al Juzgado de Letras de Privación de Dominio el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros del exmandatario.El juicio contra Hernández estuvo a cargo del juez Kevin Castel, el mismo que sentenció a Tony Hernández, su hermano.Agotado ese proceso y ya durante el segundo mandato presidencial de Trump, el caso de Hernández dio un giro cuando el republicano decidió indultarlo.Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968. Se formó como subteniente de reserva en armas de infantería y cursó su educación básica en el Liceo Militar del Norte, una institución creada por las Fuerzas Armadas de Honduras.En 1990, se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más tarde, obtuvo una maestría en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.Su vida laboral se inició en la administración pública, primero como asistente del primer secretario del Congreso de Honduras.Luego fue electo diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira, para el período 1998-2002, y fue reelecto en ese cargo por otros tres períodos consecutivos.En 2002, fue nombrado primer secretario del Congreso Nacional, cuando su presidente era Porfirio Lobo Sosa, quien en 2010 se convirtió en presidente de Honduras.En 2010, Hernández fue elegido como presidente del Congreso. Desde ese cargo, lanzó su candidatura presidencial por el Partido Nacional de Honduras. Ganó las elecciones generales de 2013 a su más cercana contrincante, Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre).Hernández, también conocido por las siglas de su nombre JOH, fue elegido por primera vez presidente de Honduras para el período 2014-2018.Aunque la Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial, un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2015 resolvió la inaplicabilidad de ese apartado, y Hernández se lanzó de nuevo por la presidencia.Tras unas elecciones cuestionadas por diversos sectores de la sociedad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró ganador de los comicios el 17 de diciembre de 2017, venciendo a Salvador Nasralla.Esta polémica victoria electoral y la controversial reelección permitieron a Hernández seguir en el gobierno entre enero de 2018 y enero de 2022, cuando traspasó el cargo a Xiomara Castro, quien ganó las elecciones generales de noviembre de 2021.El exgobernante, quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como presidente del Partido Nacional de Honduras y presidente del Comité Central, está casado con la abogada Ana Rosalinda García Carias, con quien tiene cuatro hijos.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. 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