A estas alturas de la política estadounidense, los estadounidenses ya se han acostumbrado a que figuras de alto perfil se acojan a la Quinta Enmienda para evitar responder preguntas que creen podrían incriminarlas. Entre ellas está el presidente Donald Trump, quien lo hizo más de 400 veces en un caso civil en 2022.
Pero cuando se trata de que el Dr. Anthony Fauci invoque la Quinta Enmienda —como hizo repetidamente durante su testimonio ante el Senado este miércoles—, la situación es mucho más compleja.
La razón es que Fauci recibió un indulto el año pasado del entonces presidente Joe Biden.
De hecho, es muy poco probable que la audiencia de este miércoles sea el final de la historia. Incluso podría allanar el camino para que los republicanos y el Gobierno de Trump hagan algo que muchos de ellos han planteado abiertamente: intentar enviar a Fauci a prisión.
Aparentemente, no buscan procesar a Fauci por lo que hizo durante la pandemia de covid-19, sino declararlo en desacato al Congreso, una medida que iniciaría un proceso mediante el cual el Departamento de Justicia evaluaría si presenta cargos en su contra.
Los esfuerzos de los republicanos para procesar a Fauci fueron precisamente la base de su negativa a responder preguntas este miércoles. En concreto, citó los años de ataques en su contra por parte del presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Rand Paul.
Fauci afirmó que el senador republicano por Kentucky intentaba “hacerme decir algo, cualquier cosa, que pueda justificar sus reiteradas promesas públicas de que terminaré, según sus propias palabras, ‘tras las rejas’”.
Pero la diferencia clave entre que Fauci se acogiera a la Quinta Enmienda y que lo hicieran otras personas es que Biden lo indultó a comienzos de 2025.
Antes de dejar el cargo, Biden otorgó indultos preventivos a Fauci y a otras personas señaladas por el entonces presidente electo Trump, al considerar que existían indicios de que el nuevo Gobierno y sus aliados intentarían impulsar procesos judiciales en su contra. (Ese temor ha cobrado fuerza a la luz de los esfuerzos del Departamento de Justicia del Gobierno de Trump por actuar contra adversarios políticos de Trump basándose, con frecuencia, en pruebas poco sólidas).
Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, no solo fue indultado, sino que recibió un indulto muy amplio que abarca prácticamente cualquier asunto relacionado con su servicio en el Gobierno entre enero de 2014 y enero de 2025.
En otras palabras, Fauci ya está protegido frente a un posible procesamiento por muchos de los presuntos delitos que Paul y los republicanos de la comisión podrían intentar vincular con su actuación durante la pandemia.
Sin embargo, Fauci indicó que invocó la Quinta Enmienda porque temía que los republicanos intentaran tenderle una trampa por perjurio; es decir, lograr que dijera algo que pudiera utilizarse para presentar un caso en su contra por ese delito.
De hecho, antes de la audiencia, algunas figuras destacadas habían planteado públicamente la posibilidad de procesar a Fauci por perjurio pese a su indulto. Entre ellas estaban el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el abogado conservador John Yoo, quienes lo sugirieron en entrevistas con Fox News.
(Aunque las recomendaciones médicas de Fauci durante la pandemia de covid-19 han sido ampliamente criticadas por los republicanos, existe poca evidencia que lo vincule con actividades delictivas. Además, encuestas realizadas a comienzos de este año mostraban que la mayoría de los estadounidenses seguía confiando en él).
Pero sigue siendo una gran incógnita si basta con que Fauci invoque la Quinta Enmienda para dar el asunto por terminado.
Existe una tensión entre las protecciones que otorga la Quinta Enmienda y la facultad investigadora del Congreso. Los testigos que sostienen que están protegidos para no responder determinadas preguntas pueden verse obligados a justificar esa posición ante los tribunales y pueden ser declarados en desacato.
El exasesor de Trump Steve Bannon, por ejemplo, invocó el privilegio ejecutivo para evitar testificar sobre los esfuerzos por revertir el resultado de las elecciones de 2020. Posteriormente fue declarado culpable de desacato al Congreso y condenado a cuatro meses de prisión después de que los tribunales rechazaran ese argumento. (Desde entonces, el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump ha solicitado que se desestime esa condena).
Paul anunció este miércoles que programará para la próxima semana una votación en su Comisión para declarar a Fauci en desacato. “Obstruir una investigación del Congreso es ilegal. Habrá consecuencias por su negativa a testificar”, dijo.
Cabe señalar que, incluso si la comisión vota a favor de declararlo en desacato, una remisión formal del caso al Departamento de Justicia requiere la aprobación de la mayoría del pleno del Senado, y esa votación tendría que superar un filibusterismo. Eso significa que Paul necesitaría el respaldo de varios demócratas para avanzar, o convencer a alguien de impulsar el caso en la Cámara de Representantes, donde basta una mayoría simple.
Aunque todavía queda un largo camino antes de que Fauci pueda enfrentar cargos, algunos expertos legales consideran que su decisión de acogerse a la Quinta Enmienda podría no estar exenta de riesgos.
“Que esa preocupación (por un posible procesamiento) sea suficiente para justificar la invocación de la Quinta Enmienda es una cuestión que, en última instancia, deberá resolver un tribunal”, dijo la exfiscal federal Danya Perry.
Añadió que “Fauci señalaría las reiteradas acusaciones y amenazas de Paul como prueba de que la posibilidad de un procesamiento era concreta y no meramente especulativa, aunque creyera que finalmente ese caso no prosperaría”.
Mark Osler, profesor de Derecho de la Universidad de St. Thomas, escribió en un correo electrónico que “el indulto parecería cubrir el testimonio previo de Fauci ante el Congreso antes del 19 de enero de 2025. Por lo tanto, no puede invocar la Quinta Enmienda basándose en que podrían hacerle preguntas que demuestren que su testimonio anterior fue falso, o al menos susceptible de una acusación por ese motivo”.
No obstante, Osler señaló que Fauci podría argumentar que su indulto tiene vacíos que podrían explotarse, como hechos ocurridos antes de 2014 o asuntos no relacionados con su servicio en el Gobierno.
El analista legal sénior de CNN Elie Honig consideró que Fauci tendría argumentos sólidos no solo por el límite temporal del indulto, sino también porque podría temer un procesamiento por posibles delitos estatales, que no están cubiertos por un indulto federal.
“Sin duda puede acogerse a la Quinta Enmienda si enfrenta una posible exposición fuera del alcance del indulto, y ciertamente la enfrenta”, sostuvo Honig en CNN.
Si los tribunales concluyeran que las protecciones de la Quinta Enmienda no se aplican al testimonio de Fauci, este podría decidir testificar en ese momento y evitar un eventual desacato. Sin embargo, tendría que sopesar esa decisión frente al riesgo de cualquier procesamiento que pudiera derivarse de sus declaraciones.
Curiosamente, este es un escenario que con frecuencia se anticipó durante el primer mandato de Trump y poco después, aunque con los papeles parcialmente invertidos.
En aquel entonces se pensaba que Trump podría indultar a sus aliados, pero que eso facilitaría obligarlos a testificar en su contra.
Ahora, algunos republicanos se preparan para continuar la ofensiva contra Fauci.
“Dejemos una cosa clara: usted no tiene ningún derecho bajo la Quinta Enmienda porque fue indultado, como bien sabe, tal como el Tribunal Supremo ha dejado claro desde hace más de un siglo”, dijo durante la audiencia de este miércoles el senador republicano Josh Hawley, de Missouri.
Hawley también hizo referencia a los abogados de Fauci, uno de los cuales fue escoltado fuera de la audiencia a petición de Paul tras un tenso intercambio.
“Sus abogados, sentados detrás de usted, ahora moviéndose nerviosamente en sus asientos, lo saben”, dijo Hawley. “Esto no tiene que ver con la Constitución. Esto no tiene que ver con la ley. Se trata de desacato: desacato hacia este organismo y desacato hacia el pueblo estadounidense”.
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