Una ola de abucheos recibió al primer ministro Benjamin Netanyahu mientras el parlamento de Israel se preparaba para una ola de legislaciones controvertidas en los últimos días del gobierno.
“¡Vergüenza, vete, fuera!” gritaron el martes decenas de legisladores de la oposición.
El alboroto fue tan fuerte que Netanyahu abandonó el hemiciclo y ni siquiera participó en la votación. Aun así, el paquete legislativo fue aprobado.
La ausencia de Netanyahu no frenó el impulso legislativo que su coalición apresuró esta semana, antes de que la Knéset se disolviera el viernes de cara a unas elecciones el 27 de octubre. Un conjunto de proyectos de ley polémicos fue finalizado rápidamente, después de haber sido diseñado principalmente para satisfacer las exigencias de sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha, según analistas.
En esencia, el impulso busca preservar el bloque político de Netanyahu. Tras casi cuatro años turbulentos, marcados por protestas masivas, el ataque del 7 de octubre y una prolongada guerra en múltiples frentes, su gobierno logró un hito poco común: completar un mandato completo en el cargo, algo que ningún gobierno israelí ha hecho desde 1988. También es algo que el propio Netanyahu, pese a ser el primer ministro con más tiempo en el cargo del país, nunca había logrado antes.
Esa durabilidad se basó en una estrategia constante: mantener satisfechos a sus socios de coalición en casi todo momento. El empuje legislativo de fin de mandato de esta semana es una continuación de esa lógica.
“Netanyahu está luchando por su supervivencia política, y los partidos haredíes son esenciales para ello”, escribió el analista político Nadav Eyal. El objetivo, dijo, es “mostrarles a sus socios haredíes que él es el único político que cumplirá por ellos”.
El elemento más cargado políticamente del paquete fue la legislación que consagra la evasión masiva de los jóvenes ultraortodoxos, o haredíes, del servicio militar. Aunque la ley israelí exige que todos los jóvenes de 18 años sirvan, los hombres ultraortodoxos han estado exentos desde hace tiempo en virtud de arreglos históricos que el Tribunal Supremo ha anulado repetidamente.
El asunto se volvió particularmente acuciante durante la guerra: las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen que les faltan al menos 12.000 soldados. Mientras tanto, se estima que unos 72.000 hombres ultraortodoxos elegibles no están alistados, dejando que los soldados de reemplazo y de reserva carguen con ese peso.
Ante una feroz oposición pública a una ley de exención generalizada, Netanyahu impulsó una solución alternativa para satisfacer a sus aliados ultraortodoxos. Una ley consagra el estudio de la Torá como un valor fundacional del Estado en una Ley Básica, una medida que, según críticos, sienta las bases constitucionales para que las exenciones sobrevivan a futuras impugnaciones ante el Tribunal Supremo. Un segundo proyecto de ley otorga inmunidad temporal a decenas de miles de evasores del reclutamiento ultraortodoxos hasta finales de enero de 2027.
Antes de la votación, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, emitió una inusual advertencia pública, calificando la legislación de “inconcebible” e “incompatible” con las necesidades del ejército, al tiempo que advirtió que podría erosionar la confianza entre quienes sí sirven. La carta provocó una fuerte reacción de los aliados de Netanyahu, y algunos legisladores del Likud pidieron el cese de Zamir, mientras que Aryeh Deri, presidente del partido ultraortodoxo Shas, lo acusó de “meterse en política”.
El proyecto de ley se aprobó de todos modos, pero ya enfrenta impugnaciones legales. A las pocas horas de la votación, los partidos de la oposición presentaron una petición ante el Alto Tribunal de Justicia, que emitió una medida cautelar temporal congelando su implementación.
Las leyes relacionadas con el reclutamiento son solo una pieza de un intercambio más amplio dentro de la coalición. Los partidos ultraortodoxos respaldaron varias de las prioridades del propio Netanyahu, incluida la legislación que recorta la autoridad del fiscal general, un componente clave de la reforma judicial más amplia del gobierno. La medida podría permitir al gobierno anular interpretaciones legales y potencialmente reabrir los esfuerzos para destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, un intento que el Tribunal Supremo ha bloqueado hasta ahora.
Un proyecto de ley separado que reforma la regulación de la radiodifusión, que según los críticos amplía la influencia del gobierno sobre los medios y amenaza la libertad de prensa, también fue aprobado esta semana, al igual que una legislación que amplía los programas académicos segregados por género. Esta última suscitó una dura condena por parte de universidades y grupos de mujeres, que sostienen que excluye a las mujeres, socava la igualdad y amenaza los estándares académicos.
Otros socios de la coalición han aprovechado el momento para impulsar sus propias agendas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció un paquete de financiación para asentamientos en la Ribera Occidental ocupada, que incluye aproximadamente 2.400 millones de shéquels (aproximadamente US$ 790 millones) para nuevos “barrios pioneros” y carreteras de acceso, junto con la divulgación de una decisión anterior de legalizar 34 nuevos puestos de avanzada. Smotrich dijo que estas medidas elevarían a 104 el número total de nuevos asentamientos aprobados bajo el gobierno actual.
La opinión pública parece estar marcadamente en contra del núcleo del impulso legislativo. Una encuesta de julio del Canal 12 sugirió que el 66 % de los israelíes se opone a la ley básica de estudio de la Torá, mientras que el 61 % preferiría que el próximo gobierno excluyera por completo a los partidos ultraortodoxos.
Percibiendo el sentir público, los oponentes de Netanyahu han aprovechado el tema como un gran eje de campaña. Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, que actualmente aparece en las encuestas como el principal rival de Netanyahu, denunció lo que llamó “un acuerdo temerario: un bloque a cambio de un Estado”. El ex primer ministro Naftali Bennett lo calificó como “un momento bajo, antisionista”, acusando al gobierno de “mostrar desprecio por los soldados, sus familias y el público al que sirven”.
Netanyahu parece apostar a que los costos políticos se desvanecerán. “La memoria pública es corta”, dijo un miembro interno del Likud. “Preservar un bloque unificado importa más que la impopularidad de cualquier ley individual, y el daño ya está incorporado en su posición”, dijo la fuente, presentando un cálculo directo. “La gente que se mantuvo con él después de la reforma judicial, después del 7 de octubre y después de la guerra: ¿van a abandonarlo ahora?”
Netanyahu, añadió la fuente, está “despreocupado” incluso si los tribunales intervienen, ya que una batalla legal puede reforzar el mensaje anti-judicial que ya es central en su campaña.
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