La decisión del gobierno de Donald Trump de imponer un arancel del 25 % a los productos brasileños importados por Estados Unidos es el capítulo final de una saga sin sorpresas. Tampoco sorprende que continúe el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y sus respectivos presidentes, ya que podría añadirse otro arancel del 12,5 %. Lo inusual es que cuestiones técnicas alejadas de la vida cotidiana de los votantes brasileños (comercio bilateral y política exterior) se hayan convertido en uno de los ejes centrales de la campaña presidencial de 2026.
El miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció que aplicará aranceles del 25 % a una lista de productos brasileños a partir del 22 de julio, tras una investigación de un año realizada en virtud del artículo 301 de la ley comercial estadounidense, una herramienta que la Casa Blanca utiliza para tomar represalias contra prácticas que considera desleales.
El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue el responsable tanto de las negociaciones con las autoridades brasileñas como del anuncio de este recargo.
Sobre el papel, se trata de una disputa técnica de comercio exterior: la investigación enumeraba cuestiones relacionadas con Pix, un método de pago digital gratuito creado en Brasil, el mercado del etanol, la protección de la propiedad intelectual, la lucha contra la corrupción y la deforestación ilegal. En la práctica, todo se convirtió en munición política, y la retórica electoral incluyó definitivamente la expresión “aumento arancelario” con la misma importancia que temas como la lucha contra la violencia y los altos precios.
Es importante señalar que la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos implica pragmatismo. Dos productos brasileños de amplio consumo en Estados Unidos fueron incluidos en la lista de excepciones a la aplicación del nuevo impuesto: el café y la carne. Estos pesos pesados de la balanza comercial cuentan con grupos de presión muy bien estructurados en Estados Unidos desde el año pasado, cuando Trump quiso imponer el primer aumento arancelario a Brasil y citó como argumento el proceso judicial que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (del Partido Liberal o PL) por crímenes contra la democracia.
En julio de 2025, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (del Partido de los Trabajadores o PT) atravesaba un período de baja popularidad. Sin embargo, vio en la iniciativa de Trump un pretexto para un discurso nacionalista y de defensa de la soberanía nacional, como ya lo habían hecho otros líderes políticos en sus países. El efecto fue positivo para la imagen de Lula; la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó los aranceles de Trump en esa forma y las repercusiones políticas se trasladaron a la familia Bolsonaro, acusada por sus opositores de actuar en contra de los intereses nacionales.
Meses después, Trump y Lula se reunieron en persona por primera vez, hablaron de una “excelente sintonía” entre ellos e incluso almorzaron juntos en la Casa Blanca en mayo pasado. Semanas después, el principal oponente electoral del presidente brasileño, Flávio Bolsonaro (del PL como su padre Jair), también fue recibido por Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Estas fueron las imágenes que se presentaron al público. En las reuniones técnicas, la investigación comercial liderada por Greer avanzaba hacia un resultado desfavorable para los productos brasileños. Los negociadores brasileños se quejaron de “injusticia” y “falta de claridad” sobre las exigencias de Estados Unidos, dejando claro que puntos como el sistema de pago Pix serían innegociables.
A pesar del anuncio de la entrada en vigor de los aranceles el 22 de julio, Greer afirmó que mantenía la puerta abierta, indicando que Estados Unidos revisaría la medida si no se producían represalias. “A nadie le conviene que haya represalias”, dijo.
Sin embargo, manteniendo su postura de cuestionar la relevancia de esta investigación comercial, el gobierno brasileño declaró en un comunicado que “el 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable” y que activará los mecanismos de la Ley de Reciprocidad, lo que implica posibles represalias.
El tono político no faltó en el texto, acusando directamente a la familia Bolsonaro de ser “falsos patriotas que orquestaron y defendieron públicamente acciones” contra el país con “fines electorales”. En respuesta, Flávio Bolsonaro compartió una publicación de Marco Rubio, quien afirmó que Brasil había actuado de “mala fe” en las negociaciones comerciales. “Lula ya no es apto para ser presidente de Brasil. El Biden brasileño es gruñón, imprudente y se ha convertido en un peligro para nuestra nación”, comentó Bolsonaro sobre la publicación.
Desde la perspectiva de los sectores directamente involucrados en el comercio bilateral, la mezcla de cuestiones técnicas con política resulta preocupante. El exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevêdo, declaró en el programa WW de CNN Brasil que el nuevo aumento arancelario se debe a una profunda diferencia de expectativas entre ambos países.
“Estados Unidos esperaba que Brasil se comportara de manera similar a otros socios comerciales, aportando valor al mercado estadounidense”, afirmó. “La expectativa estadounidense era que, francamente, habría casi una capitulación por parte de la otra parte”.
Dado el mayor peso que se le da al componente político, Azevêdo afirma que es algo preocupante. “Renunciar voluntariamente al mercado estadounidense, en el sentido de no hacer un gran esfuerzo por mantenerlo, es extraordinariamente miope”.
El cálculo político del gobierno brasileño es que habrá poco impacto en la economía real; es decir, el volumen de exportaciones que se verán afectadas por los aranceles tendrá poco efecto en el PIB, según la evaluación del Ministerio de Hacienda. Además, las cadenas de producción más afectadas están regionalizadas en estados como Santa Catarina, por ejemplo.
En las audiencias celebradas por la oficina de Greer, empresarios y representantes del sector privado brasileño intentaron presentar argumentos para evitar el aumento arancelario, como los efectos en la propia economía estadounidense y en las cadenas de producción en Estados Unidos que utilizan insumos importados de Brasil.
El propio Flávio Bolsonaro se registró y estuvo presente en Washington en una de las reuniones públicas, tras entregar un documento de 86 páginas en el que solicitaba la suspensión del aumento arancelario y la exclusión de Pix de la investigación comercial. Reconoció el componente político, afirmando que la aplicación de la medida podría fortalecer a Lula, aunque criticó al presidente por su incompetencia en las negociaciones.
En las próximas semanas, los discursos de los candidatos al Palacio del Planalto continuarán acalorados cuando el tema del aumento arancelario sea el eje central. Más aún ante la posibilidad de que Brasil, junto con otros 60 países, sea objeto de un arancel adicional del 12,5 % por parte de Estados Unidos, bajo la acusación de trabajo forzoso en sus cadenas de producción.
Más allá de una nueva ronda de reuniones técnicas, el telón de fondo en Brasil hasta octubre es quién se sentará a la mesa de negociaciones con el Gobierno de Trump durante los próximos años.
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