La Corte Suprema aceptó el lunes examinar la apelación de un piloto de avioneta de Alaska cuya aeronave fue incautada por las autoridades tras descubrirse que transportaba cerveza con destino a una aldea remota donde regía una prohibición de alcohol.
La apelación del piloto Kenneth Jouppi, de 82 años, podría tener repercusiones a nivel nacional si la Corte de mayoría conservadora (6 a 3) limita la facultad de los gobiernos estatales y locales de recurrir a la confiscación de bienes. Jouppi sostiene que la incautación de su avioneta Cessna, valorada en US$ 95.000, a causa de lo que equivalía a un paquete de seis cervezas, violó la prohibición de imponer multas excesivas establecida en la Octava Enmienda.
Es probable que la Corte Suprema escuche los argumentos orales del caso a finales de este año o principios del próximo, y que emita un fallo para el verano siguiente.
“La cláusula constitucional sobre multas excesivas fue concebida para casos como este”, afirmó Sam Gedge, abogado principal del Institute for Justice, organización que representa al piloto. “Dado que las agencias gubernamentales recurren cada vez más a las multas y confiscaciones para engrosar sus presupuestos, resulta vital que la Corte Suprema deje claro que dicha cláusula constituye un freno efectivo contra los abusos de poder del Estado”.
“Ya tengo más de 80 años y llevo más de una década luchando en este caso, porque considero que es mi deber garantizar que la Carta de Derechos tenga un significado real a la hora de protegernos frente a los excesos gubernamentales”, declaró Jouppi en un comunicado de prensa.
Jouppi afirma que la cerveza Budweiser y Bud Light hallada en su avioneta —que viajaba junto a otros productos de alimentación— pertenecía a un pasajero. Según él, la mayor parte de la bebida no estaba a la vista, aunque la policía estatal aseguró que un paquete de seis unidades se encontraba visible dentro de una bolsa de la compra. Un agente declaró que Jouppi tendría que “estar ciego” para no haber visto al menos parte del alcohol y añadió que “los pilotos con tan mala vista simplemente no vuelan”.
El estado de Alaska argumentó ante la Corte Suprema que las autoridades se enfrentan a “dificultades singulares para combatir el abuso del alcohol y sus consecuencias” en las zonas remotas del estado. La aldea en cuestión, Beaver, cuenta con menos de 100 habitantes y carece de acceso por carretera. La comunidad prohibió la venta y posesión de alcohol hace más de dos décadas. “Dado que muchas comunidades son accesibles principalmente por vía aérea, la legislatura dispuso que cualquier avión utilizado para importar ilegalmente alcohol a una comunidad donde rige la prohibición de venta de alcohol quedara sujeto a confiscación”, declaró el estado ante la Corte Suprema.
Jouppi fue condenado por la importación de alcohol, un delito menor. La policía estatal ejecutó una orden de registro en su avión en Fairbanks antes de que este despegara hacia Beaver.
Jouppi argumenta que, en virtud de la prohibición de multas excesivas establecida en la Octava Enmienda, los tribunales deben considerar la “gravedad de la infracción cometida por el acusado en cuestión”. En su caso, afirmó, eso no sucedió y su “avión fue confiscado por un paquete de seis cervezas”.
En los últimos años, la Corte Suprema ha tenido varias oportunidades para examinar cuestiones sobre qué constituye una multa excesiva, pero ha resuelto dichas apelaciones basándose en fundamentos más restringidos.
A finales de junio, el tribunal falló por unanimidad a favor de permitir que una familia de Michigan siguiera impugnando la decisión de un condado de vender su vivienda por 76.008 dólares en una subasta pública, a pesar de que la propiedad estaba valorada en más de 194.000 dólares. Sin embargo, esa decisión evitó abordar las cuestiones constitucionales más amplias que el caso había planteado sobre las multas excesivas.
Los críticos, incluido el Instituto Cato (de orientación libertaria), esperan que el tribunal aproveche este caso para limitar lo que ha calificado como abusos en la aplicación de las leyes de confiscación.
“Se han generado miles de millones de dólares para el gobierno mediante confiscaciones civiles y penales”, señaló el grupo ante la Corte Suprema en un escrito presentado el año pasado. “Y dado que impugnar las confiscaciones ante los tribunales resulta costoso y lento para los acusados, es difícil hacer valer con éxito los derechos consagrados en la Octava Enmienda”.
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