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Fue primera dama a los 19 años. Ahora, Keiko Fujimori llega a la presidencia de Perú en su cuarto intento

Ciudad de Miami, 9 de diciembre de 1994: con solo 19 años, Keiko Fujimori participó en la foto oficial de la primera Cumbre de las Américas, junto a mandatarios latinoamericanos y sus anfitriones, el entonces presidente de EE.UU. Bill Clinton y su esposa y primera dama, Hilary.

Vestida de negro, tímida y nerviosa frente a las cámaras del brazo de su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori, la joven debutó de esta manera en un evento internacional como primera dama del Perú.

“He estado 31 años bajo el ojo público”, aseguró Fujimori tiempo atrás con una sonrisa, recordando esa época durante una entrevista para un medio local.

Keiko asumió el papel de primera dama luego de que su madre, la difunta Susana Higuchi, se separara de su padre tras denunciar públicamente corrupción en su Gobierno con el manejo de donaciones internacionales. Este rol marcó el inicio de su vida política hasta convertirla en la heredera del fujimorismo y persistente candidata a la presidencia.

En junio, a sus 51 años, la hija mayor del fallecido expresidente de Perú logró en su cuarto intento llegar al sillón presidencial, pese a tres derrotas consecutivas: en 2011, frente a Ollanta Humala, en 2016, frente a Pedro Pablo Kuczynski, y en 2021, frente al izquierdista Pedro Castillo, este último caso por una diferencia de aproximadamente 44.000 votos.

Mientras los peruanos viven en un constante estado de crisis política e institucional que ha resultado en ocho presidentes en los últimos diez años, exacerbado por escándalos de corrupción y una creciente criminalidad e inseguridad, Fujimori insistió en que ofrece la mejor alternativa para devolver la seguridad a los peruanos y rescatar al país.

“Necesitamos orden, orden para vivir, orden para invertir, orden para trabajar”, reiteró la líder conservadora durante el debate presidencial frente al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos cinco años. O queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país”, agregó Fujimori.

La heredera del fujimorismo se convirtió en congresista en el 2006, fundó Fuerza Popular y pasó 13 meses en prisión al ser investigada por corrupción y presuntamente haber recibido dinero de la empresa constructora Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales, algo que ella ha rechazado reiteradamente. En enero de 2025, una corte declaró nulo el proceso en su contra. Fujimori asegura que vivió diez años de persecución política.

Luego de la dramática segunda vuelta frente al expresidente Pedro Castillo en 2021, con acusaciones que incluyeron denuncias de irregularidades en la votación, Keiko ha tenido que admitir errores en su trayectoria política al tratar de convencer al electorado.

“Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores. De ellos aprendí, pero me levanté además con mucha más fuerza”, aseguró, dirigiéndose a los peruanos al finalizar el último debate presidencial.

Durante esta campaña, la candidata de derecha ha tratado de proyectar una imagen más reservada, calmada y con posiciones menos extremistas. “Es verdad que fuimos confrontacionales y eso lo hemos corregido”, aseguró en una entrevista.

“Ha hecho un esfuerzo más calculado para sacarse de encima esa imagen de una persona que solamente estaba tratando de luchar contra el comunismo y todo lo demás, que fue un error fundamental en el 2021, porque ella encuadró su campaña entre la lucha contra el comunismo o la defensa de la democracia”, explicó a CNN Julio Carrión, profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad de Delaware y experto en política peruana, refiriéndose a la segunda vuelta del 2021 frente al izquierdista Castillo.

Luego de la primera vuelta del 2026, Fujimori no se sumó inmediatamente a las acusaciones de un supuesto fraude en la votación impulsadas por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, como algunos esperaban.

El complejo legado de Alberto Fujimori ha dividido al Perú por décadas y activado el voto antifujimorista durante los previos intentos de su heredera, en los que se la vio como una continuación de un régimen autoritario y riesgoso para instituciones democráticas independientes.

Fujimori padre fue presidente entre el 1990 y 2000. Su Gobierno sacó al país del borde del colapso económico y derrotó a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en un conflicto interno que dejó más de 60.000 muertos de acuerdo con una comisión de verdad y reconciliación.

Pero su régimen estuvo plagado de denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción, por las que fue condenado décadas después. Enfrentó cuatro procesos judiciales y uno de ellos ordenó una sentencia de 25 años de cárcel en 2009, por los delitos de homicidio calificado y lesiones por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. El expresidente murió en el 2024 luego de varias batallas legales y controversia pública para lograr su indulto debido a su estado de salud.

Con el lema “Keiko no va”, colectivos ciudadanos, estudiantes y organizaciones de derechos humanos realizaron marchas en el centro de Lima, tal como en campañas anteriores.

Pero el voto antifujimorista no se muestra hasta ahora tan significativo en las nuevas generaciones, sobre todo aquellos que vinieron luego de que el expresidente fuera removido del poder en el año 2000, resalta Carrión.

Otro factor que podría haber beneficiado a Fujimori esta vez es que su oponente, Roberto Sánchez, trató de identificarse con la imagen que Castillo proyectó – incluyendo su famoso sombrero- pero parece no haberlo logrado. “No tiene el atractivo identitario, no tiene la imagen de candidato novedoso y de candidato del pueblo que Castillo tenía en 2021”, explicó Carrión.

Pero, para sus críticos, Fujimori comparte una responsabilidad y peso por la inestabilidad política y corrupción que ha vivido el país en los últimos años.

Como líder de Fuerza Popular, el partido con mayoría en el último Congreso, Fujimori es acusada de gobernar el país a través de su bancada, mermando la autonomía del ejecutivo, interfiriendo en instituciones independientes, promoviendo leyes que protegen ciertos intereses como las denominadas leyes pro-crimen, provocando la vacancia de previos presidentes o protegiendo a otros. Un informe de Human Rights Watch (HRW) encontró que los parlamentarios, “en lugar de fortalecer las instituciones públicas”, debilitaron el marco jurídico e independencia de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado. Según HRW, la mayoría de los congresistas han estado dominados por “intereses personales y la búsqueda del beneficio propio”.

“Su partido y ella están asociados a lo que ha pasado en el Perú en los últimos tres o cuatro años, desde Dina Boluarte hasta ahora. Entonces eso es un peso que tiene que cargar”, dijo Carrión.

Este peso y responsabilidad, que también cargaron otros candidatos durante este proceso electoral, provocó el rechazo y hartazgo del electorado y se reflejó en los resultados de la primera vuelta, donde ningún candidato de una larga lista de 35 obtuvo más de un 20% de los votos.

Quienes decidieron por apoyar a Keiko en su cuarto intento aseguran que esta vez está mejor preparada y posicionada para convocar a un equipo de Gobierno que reestablezca la confianza de los inversores que el país necesita.

“La señora Fujimori, con la que uno puede tener dudas o también discrepancias, se ha comprometido a respetar la Constitución, se ha comprometido a gobernar el plazo que la ley manda, propone una economía de mercado, convocar a la inversión privada, respetar las libertades y se ha comprometido a atender una agenda, una enorme agenda social y una deuda social que está absolutamente pendiente en el Perú”, dijo a CNN Rafael Belaúnde, excandidato presidencial en la primera vuelta con el movimiento Libertad Popular.

Belaúnde asegura que decidió respaldar a la líder de Fuerza Popular y unirse su equipo técnico luego de observar a una Fujimori más sólida que hace cinco años y frente lo que llama “el peligro que representa Sánchez para la economía y su efecto en las futuras generaciones”.

Así, entre apoyos, críticas y un escenario caldeado en Perú, Keiko Fujimori consiguió finalmente el retorno del fujimorismo al sillón presidencial.

The-CNN-Wire
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Judge dismisses charges against billionaire Adani, but sharply criticizes DOJ

▶ Watch Video: Todd Blanche to be sworn in as attorney general after narrow Senate confirmation A federal judge on Monday dismissed the criminal fraud charges against Indian billionaire Gautam Adani and several of his co-defendants, after politically appointed leaders in the Justice Department decided to kill the case in May.But in an unusual twist, U.S. District Judge Nicholas G. Garaufis for the Eastern District of New York refused to dismiss two of the counts against five other co-defendants, saying the Justice Department had failed to provide him with a sufficient reason for doing so.In a scathing 47-page ruling, Garaufis took aim at Trent McCotter, the principal associate deputy attorney general, who he said bears sole responsibility for trying to dismiss the case."The irregularities in the decision to dismiss the indictment are concerning," Garaufis wrote. "On the current record, McCotter appears to have eschewed the professional opinions of innumerable officials from various federal offices and replaced them with his singular judgment. The fact that McCotter came to this decision largely in collaboration with defense counsel, and seemingly without input from the FBI and SEC agents who investigated the alleged misconduct, or the attorneys from the Department, SEC, and U.S. Attorney's Office who brought the case, appears to be highly unusual."The high-profile foreign bribery case against Adani was brought at the tail end of former President Joe Biden's tenure, and it managed to survive even after President Trump ordered the Justice Department and the Securities and Exchange Commission to conduct a review into all of their pending foreign bribery cases.But after Adani retained Bob Giuffra and Jamie McDonald of Sullivan & Cromwell, the Justice Department in May moved to dismiss the case entirely.McCotter made the determination after he and other government officials met with McDonald, Giuffra and Andrew DeFilippis of Sullivan & Cromwell, sources previously told CBS News. McDonald has since been nominated by Mr. Trump to serve as U.S. Attorney for the Southern District of New York.In one of these meetings at the Justice Department about the Adani case, Giuffra made a presentation that disputed evidence of the alleged bribery scheme, according to sources familiar with the matter and records reviewed by CBS News. One slide touted how one of Adani's companies is "powering India's progress," and another slide said the Trump administration "would not have brought the case."If prosecutors were to drop the charges, Giuffra also said at the meeting, Adani would be willing to invest $10 billion in the American economy, sources told CBS News.Adani is one of the wealthiest people in India, and is widely seen as an ally of Indian Prime Minister Narendra Modi. He leads the Adani Group, a massive conglomerate that owns airports, seaports, power plants and other assets.Adani said in a social media post after the charges against him were dismissed: "I welcome the US court's decision with humility and deep respect for the judicial process. Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering. My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in India's capacity for justice."CBS News has reached out to Adani's lawyer for comment.A spokesperson for the Justice Department declined to comment beyond the letter McCotter submitted to the court about the case, in which he said he made the decision to dismiss the charges "after conducting numerous meetings with defense counsel" and reviewing "hundreds of pages of materials."Judges have some discretion to review motions to dismiss charges, but it is unusual for them to extensively question the government's rationale for tossing out indictments.The decision to dismiss the Adani case has raised eyebrows and sparked questions from the judge. Two career prosecutors who were involved in the case withdrew from the matter after the motion to dismiss was filed. Additionally, politically appointed officials —  the U.S. Attorney for the Eastern District of New York and McCotter—  were the only signatories on the motion to dismiss.McCotter initially pushed back when Garaufis first started raising questions about the motion to dismiss the case, prompting the judge to order Adani last month to provide answers to the court on whether there was any sort of quid pro quo arrangement. Adani ultimately told the judge no such arrangement existed.In his ruling Monday, Garaufis said that Federal Rule of Criminal Procedure 48(a) requires the government to "set forth the basis for its motion to dismiss," which should include its reasons and underlying factual basis for doing so."It is evident throughout McCotter's musings on 'judicial inquisitions,' the 'separation of powers,' and 'prosecutorial discretion' that he would like the court to have no role in reviewing this motion," Garaufis wrote."However, the rule's legislative history and relevant case law confirm that rule 48(a) was enacted to ensure the court's limited, but key, role in scrutinizing the government's decision to dismiss charges once a grand jury returns an indictment."He criticized McCotter for failing to provide adequate reasons for dismissing the obstruction and foreign bribery counts, noting he was "unpersuaded" by McCotter's "unsworn statements regarding hypothetical concerns of 'diplomatic strife' and 'waste[d] resources,' or his unsubstantiated claim that 'India can better manage its internal systems than can prosecutors in Brooklyn and Washington.'"The judge did accept some of the Justice Department's arguments for dismissing the charges against Adani, saying it was "conceivable that the anti-bribery language used in the financial documents is so generic and vague that it would raise legal risks to the prosecution."But he was angered by McCotter's contention that the case was brought by the Biden-era Justice Department as a name-and-shame exercise."McCotter appears to be accusing officials across four different government offices of bringing a detailed 54-page, 5-count indictment out of spite," he wrote. "However, he has not provided a scintilla of evidence to suggest that the timing of the unsealing of the indictment, or the charging decisions, in this case was politically motivated. McCotter's baseless assertion is unbecoming of his office."He gave the Justice Department an Aug. 31 deadline to advise on its reasons for seeking to dismiss the two counts against the five remaining co-defendants. He also ordered attorneys for the remaining defendants to inform the court that they consent to the dismissal.
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