Los legisladores demócratas acusaron al Gobierno de Trump de abusar de su poder después de que funcionarios admitieran en un documento ante un tribunal federal que recomendaron poner fin a varios miles de millones de dólares en subvenciones para proyectos de energía limpia con base “únicamente” en la “identidad política” de los estados y en si el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2024 en esos estados.
En un documento presentado el 15 de julio, que forma parte de una demanda colectiva para revocar la decisión, los funcionarios dijeron que el Departamento de Energía envió a la Oficina de Administración y Presupuesto una lista de más de 600 subvenciones que recomendó cancelar a beneficiarios en estados donde la exvicepresidenta Kamala Harris ganó el voto, y que tienen dos senadores que se alinean con los demócratas. En última instancia, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) canceló 284 subvenciones en octubre de 2025.
La medida está en línea con el impulso más amplio de Trump en su segundo mandato para tomar represalias contra una variedad de oponentes políticos, y con sus agresivos esfuerzos por frenar la financiación federal en estados gobernados por demócratas. A principios de este año, el Gobierno intentó congelar US$ 10.000 millones en financiación para servicios sociales de cinco estados demócratas, antes de desistir de la iniciativa.
En febrero, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) liberó más de US$ 5.000 millones en ayuda por desastres largamente retrasada para los estados, pero dejó fuera a varios estados liderados por demócratas donde Trump había tenido enfrentamientos con gobernadores. El Departamento de Seguridad Nacional negó que la política influyera en la decisión.
Esos acontecimientos se produjeron durante el apogeo de un esfuerzo sin precedentes del director de la OMB, Russell Vought, por ejercer nueva autoridad y poder sobre el proceso de gasto federal, un impulso que se aceleró rápidamente tras amplias acusaciones de fraude en Minnesota a finales del año pasado.
La revelación de la medida del Gobierno para recortar subvenciones en estados donde Harris ganó los votos electorales fue informada por primera vez por el New York Times. Los demandantes en el caso, un grupo de investigadores de la Universidad de California, argumentan que la gestión de Trump optó por la cancelación de subvenciones federales por motivos políticos.
En la presentación del 15 de julio, el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) declaró que “acepta que la inclusión de subvenciones en el aviso de octubre se basó únicamente en la afiliación política del estado beneficiario, es decir, si la ubicación o el lugar de ejecución del proyecto se encontraba en un estado demócrata o no”.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata, calificó la admisión del DOE de “trumpismo sin precedentes y algo a lo que nunca deberíamos insensibilizarnos”.
“Trump admite que les quita el sustento a familias trabajadoras para vengarse de los estadounidenses que no votaron por él. Es enfermizo y desquiciado”, escribió Schumer en X. “Su ego es tan frágil que castigará a familias que ya luchan por llegar a fin de mes solo por un poco de venganza”.
El representante de Maryland, Jamie Raskin, afirmó que las acciones del Gobierno de Trump constituyen una “profunda traición a Estados Unidos”, y añadió que los fondos deben ser restituidos de inmediato a los estados demócratas.
“Esta represalia partidista masiva es espantosa, indignante, peligrosa, ilegal, inconstitucional, antipatriótica y una grave ofensa contra la República”, escribió Raskin en X. “Trump sabía lo importantes que eran estas subvenciones de la era Biden para el pueblo estadounidense, por eso no las recortó a los estados republicanos, pero sí a los demócratas”.
La representante de Ohio, Marcy Kaptur, y la senadora de Washington, Patty Murray, ambas demócratas que integran las comisiones de asignaciones en sus respectivas cámaras, declararon en un comunicado conjunto el viernes: “Esta es una admisión asombrosa de que el presidente y su equipo abusaron corruptamente de su poder para destruir empleos dignos y castigar a familias trabajadoras debido a sus opiniones políticas”.
“Utilizar al Gobierno federal como arma de esta manera es completamente antiestadounidense”, añadieron las legisladoras.
CNN contactó a la Casa Blanca, el Departamento de Energía, la Oficina de Administración y Presupuesto y el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
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