El exsecretario de Seguridad del estado de Sinaloa en México, Gerardo Mérida Sánchez, compareció este lunes ante una Corte Federal de Nueva York, dos semanas después de haber sido detenido por acusaciones vinculadas con el Cartel de Sinaloa.
La jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió a los abogados de la Fiscalía de Estados Unidos dos meses para procesar las pruebas y avanzar en las evidencias del caso contra Mérida Sánchez, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por narcotráfico por el Departamento de Justicia.
Mérida Sánchez ingresó a la sala escoltado por sheriffs estadounidenses, vestido con un uniforme de prisión color café y una camiseta gris. Llevaba grilletes en las manos y los pies, que le fueron retirados antes de que comenzara la audiencia.
Estuvo acompañado de su abogada, Sarah Rebecca Krissoff, y de un intérprete judicial. Durante la comparecencia, siguió atentamente las intervenciones de la jueza y respondió “Sí, su señoría” cuando se le pidió confirmar que entendía lo expuesto en la sala.
Durante la audiencia, los abogados de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York solicitaron una extensión de los plazos previstos por la ley de juicio rápido para avanzar en la revisión de evidencia y el intercambio de información entre las partes.
La jueza Polk aprobó la petición del Gobierno estadounidense y fijó una nueva audiencia para agosto próximo.
Mérida Sánchez es el primero de los acusados que se enfrenta a la justicia de Estados Unidos por este caso, en el que la figura política de más alto perfil es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante del oficialista partido Morena.
Tanto el exsecretario como el gobernador y el resto de los señalados rechazan las acusaciones de Estados Unidos. El Departamento de Justicia les atribuye haber conspirado para traficar grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense y haber forjado una alianza con Los Chapitos, una facción del poderoso Cartel de Sinaloa.
En tanto, desde que la acusación se hizo pública, el caso ha intensificado las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Estados Unidos pidió que los acusados fueran detenidos provisionalmente con fines de extradición, algo a lo que México se negó con el argumento de que no había pruebas suficientes para ello y que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue si los cargos tienen sustento o no.
En un discurso por el segundo aniversario de su triunfo electoral ante miles de simpatizantes que se reunieron en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, Sheinbaum calificó como “injerencia” la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Es un exfuncionario con formación militar. De acuerdo con su hoja de vida —aún disponible en la página web del Gobierno de Sinaloa—, ocupó diversos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como comandante en zonas militares de los estados de Michoacán, Oaxaca y Puebla, agregado militar en la Embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.
Quedó bajo custodia de autoridades de Estados Unidos a mediados del mes pasado, un par de semanas después de que el Departamento de Justicia publicara su acusación. Según informó entonces el Gabinete de Seguridad de México, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo a través de la frontera con Arizona. Después fue trasladado a Nueva York, donde el 15 de mayo tuvo su primera audiencia judicial y se fijó el 1 de junio como la fecha para la siguiente.
El especialista en seguridad y crimen organizado Samuel González Ruiz dijo a CNN que la cita de este lunes probablemente sería breve. El experto estimó que Mérida Sánchez podría definir si quiere o no un juicio rápido, lo que a su vez podría abrir la puerta a que entre en negociaciones con los fiscales de Estados Unidos para eventualmente obtener algún beneficio legal a cambio de dar información.
La acusación del Departamento de Justicia atribuye a Mérida Sánchez haber recibido sobornos de Los Chapitos, con el presunto propósito de que él les proporcionara “notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”. Los Chapitos son una facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, un narcotraficante que en 2019 fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
CNN contactó a la defensa de Mérida Sánchez para pedir comentarios sobre las acusaciones del Departamento y está en espera de respuesta.
El 18 de mayo, días después de que Mérida Sánchez quedó detenido, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no ve “ningún riesgo” en que él u otros de los funcionarios y exfuncionarios señalados se entreguen en Estados Unidos. La mandataria señaló que esa sería su decisión y desde entonces ha insistido en que la FGR está investigando si las acusaciones de Estados Unidos tienen algún sustento.
La Fiscalía, de hecho, informó el sábado 23 de mayo que había citado a los implicados para que dieran su declaración como testigos. La noche del jueves 28, detalló en un comunicado que hasta ese momento habían comparecido cinco de ellos.
El gobernador Rocha Moya acudió a declarar el martes 26 de mayo, en la sede de la FGR en Culiacán, y dijo que se presentará cada que sea requerido. Rocha Moya, quien insiste en su inocencia, el 1 de mayo pidió licencia para separarse temporalmente del cargo con el argumento de que esto facilitará las indagatorias y que su situación se aclare. Su mandato al frente del Gobierno de Sinaloa comenzó en 2021 y debe concluir en 2027.
Otro exfuncionario señalado que acudió ante la FGR fue Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Sinaloa y hoy es senador por Morena. Al igual que Rocha Moya, Inzunza dijo el martes que atenderá todos los requerimientos de la Fiscalía y, aunque previamente se había negado a hacerlo, el jueves anunció que pediría licencia a su asiento en el Senado para ausentarse de algunas sesiones extraordinarias, debido a lo que describió como “la embestida mediática” en su contra, y el viernes se reincorporó.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa, ambos con licencia, declararon ante la Fiscalía el mismo martes. También lo hizo Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, de acuerdo con medios locales.
El resto de los acusados por Estados Unidos son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía de Culiacán. CNN no ha podido confirmar cuándo acudirán a dar su declaración ni cuál es su ubicación actual.
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