Colombia se alista para realizar la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la república este 31 de mayo bajo una amenaza que el país creía estar dejando atrás: la del control territorial de las armas sobre los votos. Lo que inició como la columna vertebral del proyecto de Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, la denominada política de “Paz Total”, atraviesa hoy una grave crisis estructural.
El fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el incremento de atentados contra líderes políticos y las amenazas directas a candidatos presidenciales configuran un escenario de asedio que pone en jaque las garantías democráticas del país, según varios analistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y expertos en seguridad.
El 16 de mayo fueron asesinados a tiros por un grupo armado ilegal en la localidad de Cubarral, en el departamento del Meta, centro del país, Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, ambos militantes y coordinadores en esa región del movimiento político Firmes por la Patria, que lidera el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.
“Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, manifestó De La Espriella en un video en sus redes sociales al conocer la noticia.
Pero las amenazas, atentados y violencia contra actores políticos en medio de la campaña electoral comenzaron desde hace varios meses. Uno de los hechos más graves que encendió las alarmas institucionales fue el atentado contra el precandidato presidencial y senador de la oposición, Miguel Uribe Turbay.
El ataque, ocurrido el 7 de junio de 2025, no solo representó un atentado directo contra su vida, sino un mensaje desestabilizador para todo el sistema político. Su posterior muerte, tras dos meses de luchar por su vida en una clínica al norte de Bogotá, dejó en evidencia que las garantías de seguridad para quienes ejercen sus derechos políticos en Colombia están en un nivel crítico.
La estrategia de la paz total partió de una premisa ambiciosa: negociar simultáneamente con múltiples organizaciones criminales y grupos guerrilleros para desmantelar el conflicto armado de más de medio siglo en Colombia. Sin embargo, la implementación de ceses al fuego bilaterales sin mecanismos estrictos de verificación ni exigencias de concentración geográfica generó, según expertos, el efecto opuesto.
“La paz total fracasó de manera rotunda, de manera absoluta. Yo, a pocos meses de terminar el mandato de Petro, no rescato nada. Fue un total fracaso”, dijo a CNN el analista político y columnista del diario El Heraldo, Óscar Montes.
El riesgo, sostuvo en diálogo con CNN Jaime Arango, exasesor de seguridad nacional y experto en conflicto armado, ya no se limita a la compra de votos. La amenaza actual, aseguró el especialista, es la presión armada al elector. “Los grupos armados han crecido exponencialmente durante este Gobierno, se han aprovechado de las supuestas negociaciones para afianzar su poder en varias regiones, especialmente en donde hay presencia de cultivos ilícitos. Y eso es muy grave, porque allí mandan ellos y están amedrentando a los pobladores para que voten por el candidato de su preferencia”, dijo Arango.
La mayoría de los 12 candidatos presidenciales que participarán en estos comicios han manifestado su preocupación por los reiterados actos de violencia por parte de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo.
“Yo denuncio, y también lo hace mi campaña, que hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado en el departamento del Guaviare”, dijo Iván Cepeda, candidato del partido de Gobierno Pacto Histórico, en declaraciones a medios locales el 19 de mayo. Cepeda dijo que denunciará esta situación ante la fiscalía general.
A comienzos de abril, la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de oposición Centro Democrático, denunció amenazas a través de redes sociales con sufragios en donde se invitaba a honras fúnebres por su muerte. “En días recientes ha circulado una imagen que constituye una amenaza de muerte contra la candidata presidencial Paloma Valencia. Asimismo, una sede de la campaña fue vandalizada en Bucaramanga. Al respecto, rechazamos estos hechos y expresamos nuestra preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas”, sostuvo la Defensoría del pueblo en un comunicado.
El panorama para los comicios que definirán el futuro del país es preocupante. La Defensoría del Pueblo y diversas veedurías electorales han advertido un incremento exponencial en los municipios declarados en riesgo extremo por presencia y control territorial de actores armados.
La Misión de Observación Electoral (MOE) sostiene en un estudio publicado el 19 de mayo que hay 386 municipios en 31 departamentos del país que están en alto riesgo por factores de violencia.
Las Fuerzas Armadas han anunciado la puesta en marcha del llamado “Plan Democracia” para garantizar el libre desarrollo de las elecciones en todo el país con el despliegue de unos 246.000 uniformados en todo el país. “Hay que estar seguros de que en muchos de esos municipios en esas zonas, como por ejemplo el nordeste antioqueño, zonas del Cauca, algunos lugares de Nariño, el mismo Catatumbo, de pronto Chocó y parte del Putumayo, tengamos absoluta tranquilidad de que la Fuerza Pública va a estar apoyando esas zonas, para que la ciudadanía pueda votar sin problemas”, dijo en declaraciones a la prensa Hernån Penagos, registrador nacional, que tiene a su cargo la organización y realización de todo el proceso electoral.
El clima de violencia, sin embargo, no solo responde a la época electoral. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hasta el 19 de mayo hubo 56 masacres este año en Colombia. Y también hubo atentados contra defensores de derechos humanos y periodistas, como en el caso de Mateo Pérez, torturado y asesinado el 12 de mayo por un grupo armado ilegal en Yarumal, Antioquia, mientras realizaba un reportaje.
Petro ha defendido su política de paz total durante su mandato, a pesar de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no está en negociaciones de paz y los procesos con varias facciones de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no producen, hasta ahora, desmovilizaciones masivas ni entrega de armas. “Colombia no está en una crisis de inseguridad, pero necesita un nuevo camino hacia la paz que implica estar dispuestos a un desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas sin ingenuidades y con seguridad”, sostuvo Petro en un comentario en su cuenta oficial en la red social X el 17 de mayo.
En el mismo pronunciamiento, agregó: “Es un camino socio jurídico donde juega una fiscalía que apueste a la paz. Los que predican la violencia saben que así se empodera el narcotráfico. Presento el cuadro de la tasa de homicidios de los últimos 10 años y, al contrario de la propaganda mentirosa de una candidata presidencial, muestra que estamos en la última década en el nivel más bajo alcanzado en los últimos 36 años, desde el pico de la violencia narcoterrorista de los carteles urbanos; nos hemos estancado para bajar, aún más, la violencia”.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, ha manifestado que la orden del Gobierno es garantizar la vida y proteger el libre derecho al voto de los ciudadanos en estas elecciones. “Incluso vamos a arriesgar la vida para que otros puedan tener el derecho a votar. Para que haya unas elecciones libres, seguras, transparentes y se respeten los resultados”, afirmó el ministro en una reunión con la cúpula militar el 20 de mayo.
Los analistas consultados por CNN coinciden en que Colombia se encuentra ante una encrucijada peligrosa. La combinación de una política de paz sin exigencias de cese de hostilidades, sin reglas de juego claras, sin verificación internacional, el fortalecimiento de ejércitos irregulares y el ataque sistemático a la dirigencia política configuran una tormenta perfecta que no solo amenaza los resultados de las urnas, sino la estabilidad misma del sistema democrático.
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